Rajoy a sus ministros: «Este Gobierno ofrecerá diálogo constructivo y dentro de la ley» al nuevo Govern

El Ejecutivo de Mariano Rajoy volverá a intentar el diálogo con el nuevo Govern. El resultado de las elecciones del 21-D ha vuelto a permitir la gobernabilidad en Cataluña por parte de las dos mismas formaciones que prepararon, lanzaron y materializaron el golpe separatista: la vieja Convergencia —ahora llamada PDeCAT, pero presentada con el nombre de JxCAT— y ERC. Pero, pese a ello, el Gobierno volverá a ofrecer “diálogo constructivo”.

El presidente del Gobierno lo comunicó ayer en la cena con sus ministros en La Moncloa. Un mensaje que iba especialmente destinado a los  miembros del Ejecutivo más implicados en esa futura negociación: los económicos y los que deben mantener el control de la seguridad. Una nueva fase de diálogo en la que, eso sí, el Gobierno dejará de nuevo claro que ese diálogo lo será “dentro de la ley” y con un objetivo: “Garantizar un marco de seguridad y confianza” porque es necesario recuperar el “crecimiento y la creación de empleo».

Rajoy sabe que el resultado electoral del 21-D dará fuerzas a los separatistas para volver a exigir internacionalmente su supuesto reconocimiento. Pero el presidente se mostró confiado en que «no lo conseguirán», porque el respaldo internacional es firme y porque a nadie le interesa expandir un foco de inestabilidad como el nacionalismo por el resto de Europa.

Preocupación en Europa

Y es que no es sólo que esa oferta de diálogo parta de la iniciativa del Gobierno Rajoy, sino que es una petición que también le ha llegado desde Europa. En las instituciones de la UE y en los gobiernos de los socios europeos hay «preocupación» ante la inestabilidad que genera el desafío independentista. Y la solución sólo puede venir de sentarse a una misma mesa y establecer lazos comunes que generen confianza, primero en el punto político y de inmediato en el económico y social.

De ese modo, dentro de esa negociación no podrá estar «nada que altere la Constitución», nada que pueda trastocar el eje constitucional básico, señaló el presidente. Ni nada que suponga un cambio que no pueda ser ofrecido al resto de comunidades autónomas. Así, se podrán plantear mejoras en el modelo de financiación. Pero la futura Generalitat deberá saber que la misma fórmula será ofrecida al resto de regiones, de forma que, en caso de no poder ser materializaba su aplicación generalizada, directamente no se aceptará.

Lo que sí podrá aparecer en esa mesa de negociación, como ya ha ocurrido en el pasado, es la oferta de más inversiones estatales en Cataluña. O el desarrollo al máximo de las competencias transferidas y reconocidas en el Estatuto catalán, eso sí, sin recuperar nada de los artículos tumbados en su día por el Tribunal Constitucional.

De esta manera, por ejemplo, no se podría llegar a la partición del Poder Judicial, como ya reclamaron en el pasado los nacionalistas.

La oferta de sentarse una vez más a dialogar tendrá una condición previa. Y es que el Gobierno ha hecho llegar en los últimos días a los partidos separatistas el mensaje de que no negociará nada si el candidato que pretenden aupar a la Presidencia de la Generalitat es uno de los que se encuentra en estos momentos imputado, en prisión, y con altas probabilidades de acabar en la cárcel con condena y no sólo de forma preventiva. El ex president Carles Puigdemont, fugado, obviamente, tampoco sería aceptado en esa negociación, como ya ha adelantado OKDIARIO.

El mensaje del Ejecutivo nacional ha sido filtrado de forma extraoficial al bloque golpista de ERC y JxCAT, que, a su vez, han hecho llegar ya el recado a la CUP —un partido que también puede ser necesario de cara a la gobernabilidad—. Entre las condiciones que se impondrían en este negociación en caso de iniciarse, seguirán presentes, eso sí, las que fueron ya planteadas y negociadas por PNV en los días previos a la declaración unilateral de independencia impulsada por Puigdemont. Unas condiciones que, básicamente, incluían el reconocimiento de la legalidad y al abandono de cualquier intento —presente y futuro— de convocatoria de un referéndum unilateral y de volver a reeditar una declaración unilateral de ruptura con el resto de España.

Este nuevo intento negociador por parte del Gobierno responde, además, a las peticiones del PNV, que acaba de ligar el futuro de los Presupuestos Generales del Estado al comportamiento del Gobierno con respecto a la nueva Generalitat. El PNV ha trasladado ya al PP que debe permitirse una gobernabilidad en “normalidad”.

Es decir, que debe operarse sin ninguna cautela adicional a la que se puede estar manteniendo en estos momentos con cualquier otra CCAA. Los peneuvistas consideran que, en caso de que la gobernabilidad quede limitada de cualquier manera o que se apliquen controles extra, las bases del propio nacionalismo vasco exigirán a su partido optar por el respaldo a los separatistas catalanes y que, por lo tanto, ante ese incremento de presión electoral, no podrán apoyar los Presupuestos Generales del Estado que, a fecha de ahora, siguen pendientes de aprobación.

La nueva oferta negociadora del Gobierno con la futura Generalitat daría muestras de esa “normalidad” y de la voluntad de diálogo de Rajoy.