El Gobierno de la mordaza ha puesto 944.665 multas pero sólo ha hecho 842.550 test rápidos

El Ministerio del Interior acumula 944.665 propuestas de sanción hasta la noche del pasado martes 12 de mayo, según los últimos datos disponibles del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska referidos a estos dos meses de confinamiento. Una cifra que está por encima de los test rápidos de coronavirus realizados en España bajo mando único del Ejecutivo de Pedro Sánchez: más de 800.000, según el número que indicó el mismo martes en rueda de prensa el propio ministro de Sanidad, Salvador Illa. En concreto, la última actualización de la web de su departamento habla de 842.550 pruebas rápidas de anticuerpos.

El dato pone de relieve no sólo el estado policial que Sánchez quiere mantener bajo el estado de alarma pese a que existen otras leyes alternativas para controlar la movilidad, como le ha planteado la oposición, sino que también expone la escasa capacidad del Ejecutivo para diagnosticar el coronavirus de manera temprana, a diferencia de lo ocurrido en otros países como Corea del Sur con la aplicación de test rápidos masivos.

La realización de test a la población es fundamental para la estrategia de contención del virus. Sin embargo, el Gobierno tardó en realizar test rápidos de forma extendida y se centró en las pruebas PCR, que requieren un mayor tiempo para la obtención de resultados. Cabe recordar el chusco episodio de los test rápidos defectuosos que el Ejecutivo compró a la empresa china Bioeasy a través de Interpharma y que se vio obligado a devolver porque no tenían suficiente fiabilidad.

En concreto, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, declaró este martes en una comparecencia en Moncloa que «llevamos hechos más de 1,7 millones de PRC, más de 800.000 test rápidos», afirmó en una intervención en la que rechazó la idea de realizar hacer estos test de anticuerpos a todo el mundo como se ha decretado en la ciudad china de Wuhan, epicentro de la pandemia, tras la aparición de nuevos casos. «Los test se tienen que realizar a personas que presentan sintomatología o a grupos de riesgo», recalcó Illa.

Según informa el Ministerio del Interior en su página web, además de las 944.665 propuestas de sanción bajo la alarma, han sido detenidas 8.003 personas por infracciones del real decreto que regula esta situación excepcional. Sólo el pasado lunes, primer día de la fase 1 de la desescalada en la mitad de España, hubo 12.187 propuestas de sanción en dicha jornada y 54 detenidos.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya dijo que los dispositivos policiales se iba a «adaptar» para realizar «controles específicos» durante la desescalada. Marlaska explicó que las multas se imponen a «insolidarios» que no respetan las restricciones de movilidad y defendió que «España no es un Estado policial» y que no existe un «fin recaudatorio». 

Hasta 10.400 euros

De acuerdo a la comunicación que fue remitida en su día por Interior a las delegaciones del Gobierno para graduar la cuantía de las multas, estas oscilan entre los 601 euros y los 10.400 euros, en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, que el PSOE, además de Podemos, pretendían derogar.

Las cuantías más bajas corresponden al «desplazamiento no autorizado sin circunstancias concurrentes». Sin embargo, esta cantidad puede verse incrementada hasta los 2.000 euros si el infractor muestra una «actitud inapropiada» frente al agente y a los 3.000 euros si hay «intimidación, cuando no constituya infracción penal». Cuando el comportamiento de la persona sancionada se vea agravado por cualquier muestra de «violencia o amenaza», la cifra puede ascender hasta los 10.400 euros.

Esa sanción se impondrá también a quienes incumplan el estado de alarma con «organización o participación en actividades en común, festejos o celebraciones», siempre que haya «nivel de riesgo elevado en virtud del número de personas, circunstancias y proximidad». Si existe reincidencia en la vulneración de la normativa que limita la circulación, las multas alcanzarían los 1.200 euros.