El Gobierno impulsará el uso del catalán, el euskera y el gallego en la Administración de toda España

El Gobierno impulsará su plan para extender la obligación de los funcionarios de atención al público de conocer las lenguas oficiales (catalán, euskera y gallego), de forma que los ciudadanos podrán dirigirse a la Administración en la lengua que elijan.

La reorganización del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE), recoge expresamente la intención de «potenciar el uso de las lenguas oficiales en la Administración General del Estado».

El departamento también se fija «el análisis, impulso y coordinación técnica en la Administración General del Estado del uso de las lenguas oficiales», así como el «cumplimiento de la Carta Europea de Lenguas Regionales y Minoritarias del Consejo de Europa».

En diciembre de 2018, el Ejecutivo socialista ya reactivó el Consejo de las Lenguas Oficiales de la Administración General del Estado, órgano que no se reunía desde hacía más de un año, y confirmó su voluntad de mantener encuentros periódicos.

En la cita, la entonces ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, insistió en que «la Constitución consagra la pluralidad lingüística como un patrimonio que será objeto de especial respeto y protección» lo que, consideró implica «obligaciones para la Administración en relación con todas las lenguas de España».

En este contexto, Batet aseveró que «las lenguas oficiales en cada Comunidad Autónoma no son lenguas ajenas al Gobierno y la Administración General del Estado (AGE), dondequiera que actúe, sino también sus lenguas» por lo que se comprometió a reforzar su uso para hacer efectivo «desde el derecho de los ciudadanos a elegir la lengua con la que se dirigen a la Administración hasta la expresión del pluralismo en los documentos y en páginas institucionales».

La propuesta no es nueva para el PSOE. Consta en su plan de «reconocimiento y amparo de la pluralidad lingüística de España», que se plasmó en una iniciativa en el Congreso en 2017, si bien, por entonces, Sánchez no estaba en el cargo de secretario general. La propuesta fue en aquel momento registrada por Batet.

Los socialistas recogían ya entonces la modificación del Derecho de Petición del ciudadano a la Administración, en concreto el artículo 5, para añadir un punto con el siguiente redactado: «Los peticionarios con residencia habitual en una comunidad autónoma que haya establecido la cooficialidad lingüística tendrán derecho a formular sus peticiones a los órganos de la Administración General del Estado o a los organismos públicos vinculados o dependientes de ella con sede fuera del ámbito de la Comunidad Autónoma en cualquiera de las lenguas oficiales, aunque el procedimiento se tramitará en castellano».

Actualmente, ese artículo sólo determina que «en el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas cuyos Estatutos establezcan la cooficialidad lingüística, los peticionarios tendrán derecho a formular sus peticiones a la Administración General del Estado o a los organismos públicos vinculados o dependientes de ella en cualquiera de las lenguas oficiales y a obtener respuesta en la lengua de su elección».

La propuesta lingüística del PSOE es una apuesta de máximos que cuenta con el aval de Podemos. La formación de Pablo Iglesias ya mostró su apoyo, como reveló OKDIARIO, a la intención de los socialistas de extender la enseñanza de las lenguas cooficiales a las aulas de toda España.

Se recoge también en la propuesta, de 2017, que «el Gobierno adoptará las medidas de fomento que sean necesarias, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, para favorecer especialmente el estudio de las lenguas españolas que, junto con el castellano, tengan el carácter de cooficiales, en todas las enseñanzas del sistema educativo español comprendidas en el artículo 3.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y para toda España, especialmente en las etapas ordinarias del sistema educativo y en la enseñanza de idiomas realizada por las escuelas oficiales de idiomas».

Apoyo de Podemos

En una enmienda a una moción del PP en el Senado, Podemos pedía al Ejecutivo que «incluya en respeto a las competencias de las Comunidades Autónomas, en el currículum educativo, de manera opcional en una primera fase, el estudio de una segunda lengua española en los centros educativos de primaria, ESO y Bachiller de las Comunidades Autónomas donde el castellano es la única lengua oficial».

En lo referente a la lengua, la principal medida recogida en el acuerdo entre PSOE y Podemos para la investidura de Pedro Sánchez era el impulso a la «producción y visibilidad de las creaciones artísticas y culturales» en las distintas lenguas cooficiales. Asimismo, señalan: «Vamos a reforzar la comunicación cultural entre las comunidades autónomas».