El Gobierno cuela una ley para blindar ‘sine die’ el mandato de sus cargos nombrados a dedo

El Gobierno de Pedro Sánchez dará más garantías a la continuidad de sus cargos elegidos a dedo. Lo hará a través de la ley que convalidará el decreto de «medidas urgentes» sobre la Función Pública, que ahora se encuentra en trámite parlamentario. Además de facilitar la designación de cargos sin exigir que sean funcionarios de carrera -«algo inédito en la Administración», según denuncian los inspectores de Hacienda-, la ley no fijará tope de duración para la permanencia del personal directivo público.

Así, el texto proyectado por el Ejecutivo establece que el «nombramiento» de los cargos englobados en esa categoría profesional «tendrá una duración máxima de cinco años» pero, a continuación, se matiza que «podrá ser renovable por períodos idénticos a propuesta del órgano competente para la designación». Sólo se incluye como razón para no hacerlo que la persona designada no mantenga «los requisitos para el nombramiento y no obtenga evaluaciones negativas en el desempeño de su función».

La ley ha provocado malestar entre el funcionariado del Estado al permitir el acceso de personas ajenas al cuerpo, lo que abre la puerta a los nombramientos a dedo.

Aunque se establece que «para el nombramiento como personal directivo público profesional será necesario ser funcionario de carrera», se deja un amplio margen para elegir directivos «cuyo régimen jurídico pueda ser laboral», a quienes no se les exigirá cumplir este requisito, «si bien deberán «acreditar el mismo nivel de titulación».

Entrevistas

El pasado 30 de abril, el Consejo de Ministros aprobó una orden en la que se recoge la posibilidad de nombrar directivos que no pertenezcan a ningún cuerpo funcionarial, lo que ha provocado las críticas dentro de la Administración Pública, especialmente por parte de los inspectores de Hacienda. Critican que se trata de algo «inédito en nuestra Administración» y que reafirma la politización de los nombramientos, así como la «desprofesionalización» de los directivos del Estado.

Según la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la valoración de los candidatos y sus «competencias directivas» se hará a través de entrevistas y, en su caso, de la presentación de un «proyecto directivo u otras pruebas de medición de los conocimientos y competencias profesionales».

El Gobierno ha establecido un «marco básico de competencias» para sus directivos, entre las que incluye, por ejemplo, «manifestar equilibrio emocional ante situaciones de presión o dificultades», «tener visión estratégica», «ser capaz de negociar y resolver conflictos» o «tener habilidad para influir mediante la comunicación y las relaciones interpersonales en el equipo, en los pares y en los niveles superiores», entre otras consideraciones.

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