El Gobierno cuela una ley para blindar ‘sine die’ el mandato de sus cargos nombrados a dedo
Los inspectores de Hacienda denuncian la "arbitrariedad" en la elección del personal directivo público
El Gobierno de Pedro Sánchez dará más garantías a la continuidad de sus cargos elegidos a dedo. Lo hará a través de la ley que convalidará el decreto de «medidas urgentes» sobre la Función Pública, que ahora se encuentra en trámite parlamentario. Además de facilitar la designación de cargos sin exigir que sean funcionarios de carrera -«algo inédito en la Administración», según denuncian los inspectores de Hacienda-, la ley no fijará tope de duración para la permanencia del personal directivo público.
Así, el texto proyectado por el Ejecutivo establece que el «nombramiento» de los cargos englobados en esa categoría profesional «tendrá una duración máxima de cinco años» pero, a continuación, se matiza que «podrá ser renovable por períodos idénticos a propuesta del órgano competente para la designación». Sólo se incluye como razón para no hacerlo que la persona designada no mantenga «los requisitos para el nombramiento y no obtenga evaluaciones negativas en el desempeño de su función».
La ley ha provocado malestar entre el funcionariado del Estado al permitir el acceso de personas ajenas al cuerpo, lo que abre la puerta a los nombramientos a dedo.
Aunque se establece que «para el nombramiento como personal directivo público profesional será necesario ser funcionario de carrera», se deja un amplio margen para elegir directivos «cuyo régimen jurídico pueda ser laboral», a quienes no se les exigirá cumplir este requisito, «si bien deberán «acreditar el mismo nivel de titulación».
Entrevistas
El pasado 30 de abril, el Consejo de Ministros aprobó una orden en la que se recoge la posibilidad de nombrar directivos que no pertenezcan a ningún cuerpo funcionarial, lo que ha provocado las críticas dentro de la Administración Pública, especialmente por parte de los inspectores de Hacienda. Critican que se trata de algo «inédito en nuestra Administración» y que reafirma la politización de los nombramientos, así como la «desprofesionalización» de los directivos del Estado.
Según la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la valoración de los candidatos y sus «competencias directivas» se hará a través de entrevistas y, en su caso, de la presentación de un «proyecto directivo u otras pruebas de medición de los conocimientos y competencias profesionales».
El Gobierno ha establecido un «marco básico de competencias» para sus directivos, entre las que incluye, por ejemplo, «manifestar equilibrio emocional ante situaciones de presión o dificultades», «tener visión estratégica», «ser capaz de negociar y resolver conflictos» o «tener habilidad para influir mediante la comunicación y las relaciones interpersonales en el equipo, en los pares y en los niveles superiores», entre otras consideraciones.
Quejas en Hacienda
La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha tachado de «inadmisible» que se pueda ser directivo público sin ser funcionario y han asegurado que reciben con «enorme preocupación» la «vulneración de las competencias» de la Agencia Tributaria, además de ver un «peligro claro de politización» en las condiciones que se exigen para acceder al puesto de directivo público.
Con esta orden, denuncian los inspectores, se amplía aún más «el abanico de la politización de la Administración», al contemplar como directivos a quienes tienen el rango de subdirector que ahora, podrán también ser elegidos entre personas que no pertenezcan a ningún cuerpo funcionarial, algo «inédito» en la Administración Pública española.
Finalmente, en cuanto a la forma de elección y requisitos que se exigen para ser directivo público, los inspectores ven «muy negativamente» que el acceso a estos puestos se haga a través de entrevistas y de un cuestionario de autoevaluación, que dará lugar a la «arbitrariedad» en la selección de quien va a ocupar un puesto de responsabilidad dentro de la Administración Pública.
También consideran «inadmisible» que el marco básico de competencias para este personal directivo sean capacidades en las que no se aprecia la necesidad de especialización que, por ejemplo, debería exigirse sin duda alguna en el ámbito de los puestos directivos de la administración tributaria.
«En definitiva, nada de claridad, especialización y concreción y mucha opacidad en los criterios que se exigen para ocupar cargos directivos. Una vez más, se observa que España se aleja de la necesaria objetividad y preparación que deben tener nuestros funcionarios y quienes ocupen los puestos de mayor responsabilidad en nuestra Administración», critican.