El Gobierno blinda su objetivo con la resolución del TC: Puigdemont sólo puede venir para entregarse

El auto del Tribunal Constitucional impidiendo ninguna otra investidura en Cataluña salvo la presencial supone un triunfo en toda regla del Gobierno. Pese a que el Consejo de Estado negó la capacidad jurídica de esta resolución, los magistrados del TC han confirmado la validez de los planteamientos del Ejecutivo y, no sólo impiden el aprovechamiento por parte de Carles Puigdemont de los formalismos expuestos por los miembros del órgano consultivo sino que, además, advierten a todos los miembros de la mesa del Parlament de que incurrirán en debediencia grave si intentan buscar otra interpretación que la evidente a su posición.

El auto es, además de unánime, rotundo. E impone “la medida cautelar consistente en la suspensión de cualquier sesión de investidura que no sea presencial y que no cumpla” una serie de condiciones. La primera que “no podrá celebrarse el debate y la votación de investidura del diputado don Carles Puigdemont i Casamajó como candidato a Presidente de la Generalidad a través de medios telemáticos ni por sustitución por otro parlamentario”. Es decir, que no sólo tumba las pretensiones surrealistas de una investidura por plasma sino que anula también cualquier intento de hacerlo por medio de un sustituto que pudiese leer en el Pleno un discurso enviado o radiado o televisado de Puigdemont -como también se había barajado-.

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El TC tumba “la investidura del candidato sin la pertinente autorización judicial, aunque comparezca personalmente en la Cámara, si está vigente una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión”. Como la orden existe, su única llegada a España lo será para entrar en un furgón de la Guardia Civil. Y como ya ha asegurado el TS y la Fiscalía, no lo será con permiso ni para acudir a los Plenos posteriores ni para gobernar nada desde la prisión, porque supondría la “impunidad” frente a la medida prisión preventiva incondicional que ya sabe Puigdemont que le espera. “Los miembros de la Cámara sobre los que pese una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión no podrán delegar el voto en otros parlamentarios”, añade, extendiendo estas prohibiciones sobre el resto de fugados.

El TC, además, incorpora en su auto un mecanismo de blindaje en la línea de lo expuesto y reclamado por el Gobierno y declara “radicalmente nulo y sin valor y efecto alguno cualquier acto, resolución, acuerdo o vía de hecho que contravenga las medidas cautelares adoptadas en la presente resolución”, razón por la que “sin perjuicio de la obligación que dicho precepto impone a todos los poderes públicos de cumplir las resoluciones de este Tribunal, y de acuerdo con lo pedido por la parte recurrente” exige que les sea notificada esta decisión “personalmente” a “las siguientes personas: Al Presidente del Parlamento de Cataluña, don Roger Torrent i Ramió y a los Miembros de la Mesa: don Josep Costa i Rosselló; don José María Espejo-Saavedra Conesa; don Eusebi Campdepadrós i Pucurull; don David Pérez lbáñez; don Joan García González y doña Alba Vergés i Bosch”. Porque a todos ellos “se les advierte de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir las medidas cautelares adoptadas. En particular, de que se abstengan de iniciar, tramitar, informar o dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, acuerdo o actuación alguna que permita proceder a un debate de investidura de don Carles Puigdemont i Casamajó como candidato a la presidencia de la Generalidad que no respete las medidas cautelares adoptadas en la presente resolución, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de no atender este requerimiento”.

En resumen, que cualquier intento de permitir una investidura fraudulenta del fugado Puigdemont acabará con ellos ante un tribunal. O, lo que es lo mismo, que no hay más vía para Puigdemont si quiere volver a España, que acabar en prisión y nunca en la Presidencia catalana: exactamente el objetivo del Gobierno y exactamente lo que merece el golpista Puigdemont.