El Gobierno admite que aún trata de recuperar 7,5 millones por contratos Covid que fueron un fiasco

El Gobierno admite que aún trata de recuperar 7.537.639 millones de euros por contratos fallidos de material sanitario durante la pandemia. Así lo reconoce por escrito la propia directora del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Belén Hernando, a preguntas de OKDIARIO. Este organismo, dependiente del Ministerio de Sanidad y responsable de las compras para hacer frente al Covid-19, revela a este periódico que, dos años después de decretarse la emergencia sanitaria, cuatro expedientes siguen aún pendientes de cobro por la vía ejecutiva.

El importe adeudado más alto corresponde a la empresa Member of The Tribe, a la que el Ingesa adjudicó dos contratos para la compra de guantes de nitrilo por un importe de 9.444.000 millones de euros. La empresa, sin embargo, incumplió el plazo de entrega pactado para la primera compra -diez días- lo que llevó a Sanidad a resolver estas adquisiciones, de las que ya había adelantado una parte del pago. Como ha informado OKDIARIO, se trata de una empresa unipersonal y localizada en Barcelona, que Sanidad eligió para el suministro de 92 millones de guantes, pese a que su objeto social era el «diseño, fabricación, importación, exportación y comercialización de prendas de vestir y accesorios». Se da además la circunstancia de que el Gobierno pagó por el material un sobrecoste del 500%, si se compara con lo abonado por otras administraciones en las mismas fechas. Pese al incumplimiento del tiempo de entrega, Sanidad intentó a la desesperada que la empresa le proporcionase el material, ampliando incluso este plazo «por buena fe», como reveló este periódico. Los guantes, sin embargo, nunca llegaron.

Otra de las empresas con reintegros pendientes es MJ Steps, a la que el Gobierno compró 10 respiradores para las unidades de cuidados intensivos de los hospitales españoles, en los momentos más críticos de la pandemia. Estos dispositivos tampoco llegaron. Sanidad trata de recuperar aún el dinero que adelantó por esta compra y que, según los datos aportados a OKDIARIO, asciende a 477.826,38 euros.

También pendiente está el cobro de 1.020.885,29 euros por un contrato de gel hidroalcólico firmado con la empresa china Shandong Liangfu Pharmaceutical. El Ingesa explica que existió un «incumplimiento de las obligaciones que dieron lugar a la formalización de la compra». La razón concreta fue que faltaban los certificados sanitarios requeridos, según estimó Sanidad. La mercancía tuvo que ser almacenada sin que se pudiese proceder a su distribución.

Otra de las compras, por importe de 2.113.354,32 euros, se corresponde con la adquisición de 999.600 mascarillas de tipo FFP2 a la empresa china Hong Jin Medical Science and Technology Service LTD. Según la información facilitada, las mascarillas no eran «aptas para su distribución al no cumplir las garantías de protección requeridas». Esta empresa fue uno de las mayores suministradores de material sanitario del Gobierno español durante la pandemia. El Ministerio sí logró recuperar 1.371.064,73 euros por otro contrato con esta firma para el suministro de medio millón de mascarillas.

Denuncia ante Anticorrupción

No son las únicas compras que acabaron en fiasco, pues Sanidad efectuó varias compras fallidas, especialmente en los primeros momentos de la crisis sanitaria. En marzo, Isabel Díaz Ayuso presentó ante la Fiscalía Anticorrupción una denuncia por 12 contratos, por valor de 326 millones de euros, adjudicados por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia. La denuncia dirige contra «todas aquellas autoridades, funcionarios y particulares que puedan aparecer como responsables de los hechos […] por la presunta comisión de posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios y malversación de caudales públicos».

Entre los hechos denunciados figura la concesión de ayudas a la empresa vinculada a los padres de Sánchez, Playbol SL, que recibió 960.959 euros en ayudas procedentes del Gobierno para «paliar los efectos del Covid-19».

También bajo sospecha está la empresa Beedigital, que recibió un total de 532.400 euros por un contrato de servicios de gestión de la imagen digital y de la reputación online de la Seguridad Social. La adjudicación corrió a cargo del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que, entre tres ofertas, alzó ganadora la de Beedigital, incluso a pesar de que entonces tenía una deuda con la Seguridad Social de 421.000 euros.

Casualmente, de esta sociedad es director de marketing el marido de la ministra de Economía y vicepresidenta del Gobierno Nadia Calviño, Ignacio Manrique de Lara, quien ahora gestiona el cobro de un paquete de fondos europeos que reparte su esposa desde el Ejecutivo.

Imputados

Cabe recordar, además, que tres altos cargos del Gobierno están actualmente imputados por las compras de material sanitario. Se trata del ex director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, Alfonso María Jiménez, la directora de Racionalización y Centralización de la Contratación, Paloma Rosado, y la directora general de Cartera Común del Servicio del Sistema de Salud y Farmacia, Patricia Lacruz.

En abril, estos cargos declararon ante el juez acusados de prevaricación, malversación de fondos y caudales públicos y fraude por la adjudicación de contratos Covid. Estos delitos están castigados con penas que podrían sumar hasta 14 años de prisión y la inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante 15 años.