La Generalitat coacciona a los directores de colegios e institutos para que abran el 1-O

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Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Jordi Turull. (Foto: EFE)

Los independentistas han puesto entre sus objetivos prioritarios a los directores de los centros educativos, esenciales para disponer de locales de votación en el referéndum ilegal.

A través de las asociaciones secesionistas, la Generalitat lleva semanas tratando de convencer a estos funcionarios de que ceder los colegios no implicará responsabilidades penales. Así lo constatan desde uno de los sindicatos más representativos del colectivo.

El Gobierno recuerda que los directores de centros son responsables dentro de sus competencias de cualquier incumplimiento de la legalidad. La misma advertencia que reiteró, este mismo jueves, a los secretarios e interventores municipales, a quienes, en una carta, se solicita la colaboración para impedir el referéndum ilegal.

Los sindicatos temen, sin embargo, que entre los funcionarios llegue a calar el mensaje de los independentistas, que, a través de ‘charlas informativas’ están realizando una labor ‘pedagógica’ plegada a los intereses del Gobierno catalán.

En ello colaboran, entre otros, la Asamblea Nacional Catalana (ANC), que ha programado varias sesiones sobre la "Responsabilidad de los empleados públicos ante el referéndum de independencia de Cataluña". En ellas-la última, en Lérida, este lunes-se informa de la falsa inmunidad de los empleados que colaboren con el referéndum.

Los independentistas se apoyan en informes en los que se descarta que los trabajadores públicos no pueden ser sancionados si las las instrucciones del Parlament y del Govern son "precisas y concretas de la norma a aplicar". Ello, sostienen, evitaría que incurriesen en delitos de desobediencia o prevaricación, entre otros.

Así, informan de que "si la orden es claramente notificada al obligado a cumplirla" no existirían "órdenes contradictorias" y, por tanto, se evitaría cualquier castigo. Consideran, además, que las advertencias del TC deberían ser notificadas de forma "individualizada" para que, de su incumplimiento, se derive un delito.

Estos argumentos son descartados por el Ejecutivo, que avisa de que cualquier trabajador público que colabore con el referéndum se expone a responsabilidades disciplinarias e incluso penales, en tanto su primera obligación es “la lealtad a la Constitución”.

Así, en fuentes gubernamentales se remiten a sentencias del Tribunal Constitucional que, en el proceso por el 9-N, advierten de que el delito de desobediencia puede afectar a toda "autoridad o funcionario público, precedentemente definido".

Por ahora, la Generalitat se ha limitado a presionar públicamente a los ayuntamientos catalanes, a través de una carta-enviada este jueves-en la que se les avisa de que deben ceder para el referéndum ilegal los locales que habitualmente se utilizan como puntos de votación, y dan 48 horas para confirmar que así se hará o bien para comunicar cualquier cambio o alegación. La misiva está firmada por Puigdemont y por Junqueras.

Eslabón débil

Los directores de los centros escolares son uno de los eslabones sensibles en el proceso independentista.

La asociación Sociedad Civil Catalana acumula más de 600 denuncias en las que se recopilan las banderas independentistas colocadas en lugares públicos, entre ellos, centros de enseñanza. Decenas de colegios dispuestos a abrir el 1-O desafían la ley izando banderas independentistas

Los temores entre los directores de centros escolares se confirman además con el ascenso de Clara Ponsatí, la ‘consellera’ de Educación designada tras la ‘purga’ ejecutada por Puigdemont a principios de verano.

Ponsatí, firme defensora de la independencia y miembro del secretariado de la ANC, regresó de Escocia-donde ejercía como profesora de Economía en la Universidad de Saint Andrews-para facilitar la apertura de los colegios en la anunciada jornada del 1-O. Su antecesora, Meritxell Ruiz, había dudado de la viabilidad del referéndum.

En una de sus primeras declaraciones tras ser nombrada, aseguró que el Gobierno catalán garantizará que los ciudadanos vayan a un colegio electoral.

 

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