García-Castellón encarceló a Conde, intervino el Atlético, instruyó el ‘caso Gil’ y pidió interrogar a Pinochet

Manuel García-Castellón (Valladolid, 1952) fue juez de distrito en Markina y Castrojeriz (Vizcaya); y juez de primera instancia en Puebla de Sanabria, Medina del Campo y Valladolid, donde llegó a ser juez decano. En 1993 pasó a ocupar el puesto de juez central de Instrucción número 5 en la Audiencia Nacional y más tarde se hizo con la plaza del juzgado de instrucción número 6 también en la AN, hasta que en junio de 2000 pidió el traslado como juez de enlace a París. Ostentó este cargo hasta marzo de 2012, en el que fue designado a petición del Ministerio de Justicia como nuevo juez de enlace en Roma.

El juez García-Castellón fue el azote de la corrupción durante los años 90. El 22 de diciembre de 1999 el magistrado de la Audiencia Nacional decretaba la intervención del Atletico de Madrid, destituyendo a su presidente Jesús Gil y al vicepresidente Enrique Cerezo, y a todo el consejo de administración de la entidad. El auto de García-Castellón estaba fundamentado por una petición del fiscal Carlos Castresana –con el que formó una pareja invencible en los casos de corrupción– en la que acusaba a los dirigentes del club colchonero de hacerse con el 94.5% del capital social del club sin soltar una sola peseta.

Aquella era la primera vez que un club de fútbol español era intervenido judicialmente en el que pasó a denominarse ‘caso Atlético’. Además, acusaba a Gil y Cerezo de diversas operaciones fraudulentas en la reconversión del club en sociedad anónima. Mientras la Fiscalía Anticorrupción investigaba al ex presidente rojiblanco y su cúpula directiva por los delitos de estafa, apropiación indebida y diversos delitos societarios por valor de 9.427 millones de pesetas, García-Castellón nombraba administrador judicial a Luis Manuel Rubí, con plenos poderes hasta el 31 de marzo de 2000.

No era la primera vez que García-Castellón estaba en el foco mediático. A finales de 1998, su nombre daba la vuelta al mundo. El dictador chileno Augusto Pinochet fue denunciado ante la Audiencia Nacional acusado de genocidio, torturas y terrorismo internacional, entre otros delitos. García-Castellón pidió interrogar a Pinochet, convaleciente en un hospital londinense, a instancia de las acusaciones popular y particular del caso. Tras varios tiras y aflojas, García-Castellón se inhibió en la causa que pasó a manos del juez ‘estrella’ de la Audiencia Baltasar Garzón.

Sin duda, el sumario más importante que ha pasado por la manos de García-Castellón como juez instructor fue el denominado ‘caso Banesto’. Tras la intervención de la entidad bancaria por parte del Banco de España en diciembre de 1993, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional presentó una querella el 15 de noviembre de 1994 contra Mario Conde y otros nueve de sus colaboradores. Un mes después, el juez García-Castellón -adscrito al juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional– ordenó el ingreso en prisión incondicional y sin fianza del ex vicepresidente Arturo Romaní, al que acusa de apropiación indebida, falsedad y estafa de 7.000 millones de pesetas.

Cuatro días después el juez instructor citó a Mario Conde para que prestase declaración por el ‘caso Banesto’. El 23 de diciembre de 1994 ordenó el ingreso en prisión del banquero acusado, como Romaní, de apropiación indebida, falsedad, estafa de 7.000 millones de pesetas y maquinación para alterar el precio de las cosas. Los intentos de Mario Conde de apartar a García-Castellón del caso fueron todos fallidos, y el mismo juez continuó con la causa tras su traslado al juzgado número 6 en diciembre de 1995. El 28 de mayo de 1996 el juez finalizó su trabajo y decretó la apertura de juicio oral contra Conde, seis de sus colaboradores y su supuesto testaferro.

El juez García-Castellón fue el encargado de instruir el sumario por el asesinato del ex concejal del PP en Ermua (Vizcaya) Miguel Ángel Blanco, asesinado a sangre fría y de un tiro en la cabeza por la banda terrorista ETA el 17 de julio de 1997. El juez de la AN archivó la causa por el secuestro y asesinato de Blanco a petición del fiscal Ignacio Peláez en enero de 1998. Esta decisión dejaba abierta la causa a un sobreseimiento provisional al no haberse encontrado al autor de los hechos. El sumario podría ser retomado una vez se conociera la identidad del o los asesinos del concejal del PP. Esta decisión, según fuentes judiciales, fue dolorosa para el magistrado de la Audiencia Nacional, que había trabajado intensamente con la Fiscalía y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para dar con los asesinos de Miguel Ángel Blanco, un caso que causó verdadera conmoción en la sociedad española.