Los funcionarios de prisiones, en el punto de mira del yihadismo: «Marlaska nos deja indefensos»

El colectivo de funcionarios de prisiones asiste con preocupación a la reciente amenaza que les coloca en el punto de mira del yihadismo. En una circular interna de la cárcel de Pamplona, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, el subdirector de esta prisión alerta de «una amenaza» hacia estos trabajadores, «contenida en una revista islamista de carácter radical». El mensaje que transmite dice «matar a todos los guardias, seguidles hasta casa y apuñalarles». Por todo ello, se avisa en la nota, «es importante que se extremen las medidas de seguridad, tanto dentro como fuera del establecimiento: es decir, actuar con precaución, conscientes del riesgo existente».

Desde el colectivo se critica que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, «teniendo conocimiento de este asunto no ha realizado un comunicado» y denuncian que se han enterado «a través de un oficio que circula por redes sociales». «Esto demuestra la clase de ministro que tenemos», lamentan desde la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP).

La mencionada asociación destaca que «los funcionarios de prisiones vuelven a ser objetivo del terrorismo, en este caso, del islámico como lo fueron a partir de 1989, que se convirtieron en objetivo específico de ETA a través de un comunicado emitido por la banda».

«Todo lo que rodea y relaciona al colectivo de trabajadores penitenciarios carece de importancia para el ministro de Interior», denuncian. Añaden que «de confirmarse estas amenazas, como así lo confirma este oficio, estamos hablando de un asunto de suma preocupación e importancia, aunque al señor ministro parece que una vez seguimos sin causarle la más mínima empatía».

«Queremos respuestas a esas amenazas, queremos dejar de sentirnos indefensos y abandonados y parece una vez más volveremos a estarlo. El colectivo más olvidado y maltratado ahora se puede encontrar totalmente indefenso ante las amenazas de terroristas islámicos», avisan. Los funcionarios de prisiones reclaman «medidas extraordinarias» para «salvaguardar» la integridad física y la vida, así como de sus familiares.