Un fiscal afín a García Ortiz que estrena cargo investiga la denuncia del PSOE por la piñata de Sánchez

El fiscal Miguel Ángel Aguilar, afín al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se encargará de tramitar la denuncia presentada por el PSOE a raíz del apaleamiento de una piñata de Pedro Sánchez durante la concentración de Nochevieja en la calle Ferraz. Aguilar tomó posesión el pasado mes de junio como el primer fiscal de sala coordinador en España contra los delitos de Odio y discriminación, un cargo de nueva creación para el que García Ortiz designó a su compañero de la Unión Progresista de Fiscales (UPF).

Aunque la denuncia del PSOE ha sido presentada ante la Fiscalía General, será la Fiscalía de Sala de Delitos de Odio quien, en coordinación con la Policía Nacional, dé respuesta a lo ocurrido ante la sede del PSOE la última noche del año. Se trata de una fiscalía creada en 2023 para dirigir una unidad con la que el Ministerio Público quiere «avanzar en la lucha contra la lacra del odio», según informó el fiscal general.

Álvaro García Ortiz colocó al fiscal Aguilar al frente de la misma y presidió su toma de posesión. Elogió su trayectoria profesional como «pionero y referente» en la lucha contra los delitos de odio y discriminación. Grande-Marlaska también estuvo presente en este acto y conoce a Miguel Ángel Aguilar desde su etapa como juez.

Cargo de nueva creación

El nombramiento de Miguel Ángel Aguilar García como fiscal de sala contra los delitos de odio y discriminación le convirtió en el primer fiscal a nivel nacional dedicado a este servicio, ya que la plaza es de nueva creación. La génesis de esta nueva figura se contempló en la Ley 15/2022 Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación.

El Gobierno modificó el Estatuto Orgánico del Ministerio Público añadiendo un apartado al artículo 20 en el que se informaba que en la Fiscalía General del Estado existiría un fiscal contra los delitos de odio y discriminación, con categoría de fiscal de sala. Este rango coloca a Aguilar como uno de los altos cargos del órgano constitucional.

Entre las funciones a ejercer en esta nueva plaza están las de intervenir directamente en los procesos penales de especial trascendencia apreciada por el fiscal general o supervisar y coordinar la actuación de las secciones contra los delitos de odio. Además, este nuevo fiscal tiene entre sus competencias la de coordinar los criterios de actuación de las diversas fiscalías en materia de delitos de odio y discriminación, para lo cual podrá proponer a Álvaro García Ortiz la emisión de las correspondientes instrucciones.

Denuncia del PSOE por la piñata

La labor de esta fiscalía de nueva creación tiene como objetivo delimitar qué se puede entender como un delito de incitación al odio. El PSOE cree que lo ocurrido con los golpes a la piñata de Sánchez podría ser constitutivo de los delitos de amenazas, incitación al odio, manifestación ilícita o injurias graves, y así lo argumenta en su denuncia ante la Fiscalía.

Para sostener el supuesto delito de odio –que sólo va dirigido a «colectivos vulnerables»–, el PSOE apela a su persecución durante el franquismo. «Los hechos que denunciamos, incluyen reiteradas actitudes injuriosas respecto del PSOE y su secretario general, pero dan un paso más, utilizando un lenguaje absolutamente sacado de épocas pasadas, rojos de mierda, feliz 1936, a las puertas de nuestra sede, que suponen un señalamiento público de un colectivo, en este caso mediante el ataque a quien lo representa, por razones de carácter ideológico, colocando a éste, al PSOE que representa, y sus miembros y afilados, en el centro de ataques fruto de ese señalamiento, como está ocurriendo durante los últimos meses, especialmente ante la sede del PSOE en la calle Ferraz, y respecto muchas de nuestras sedes en todo el territorio nacional», indican textualmente los socialistas en la denuncia.

Recorrido jurídico

Los juristas y hasta el propio abogado del único imputado por el momento en la investigación –el hombre que comunicó a la Delegación de Gobierno la convocatoria de la protesta– no auguran un largo recorrido jurídico a esta denuncia. Los expertos consultados señalan que, respetando el derecho a la libertad de expresión, no hay ningún delito en la piñata.

No obstante, existe jurisprudencia previa de casos similares. Ejemplo de ello es la condena de un hombre a ocho meses de prisión por un delito de amenazas no condicionales tras colgar de un árbol un muñeco que representaba a Santiago Abascal con un disparo en la frente. Por el contrario, quedaron impunes los jóvenes catalanes que quemaron fotos del Rey o los manifestantes que hicieron arder un muñeco que representaba a Carles Puigdemont. En este último caso, la Fiscalía Provincial de Sevilla archivó las diligencias al no apreciar delito. Ahora, el fiscal afín a García Ortiz está estudiando la denuncia del PSOE por la piñata de Sánchez y, una vez concluida la investigación policial, decidirá qué acciones tomar.