La Policía abre la puerta a que la Fiscalía acuse de amenazas al convocante de la piñata de Sánchez

Antonio Martínez, la persona que aparece como convocante de la manifestación en la calle Ferraz durante la pasada Nochevieja, declaró como investigado en la comisaría de Moratalaz (Madrid) por los golpes a la piñata de Pedro Sánchez. El militar jubilado fue citado en calidad de testigo, pero su condición ha cambiado a imputado, ya que la Policía ve indicios de delito en el apaleamiento del muñeco. Estas diligencias policiales abren la puerta a que la Fiscalía le acuse de amenazas, ya que el delito de incitación al odio parece escapar al caso.

«Lo hice de buena fe para hacerles un favor a los chicos de Revuelta», aseguró Martínez a OKDIARIO para explicar por qué comunicó él la convocatoria a la Delegación del Gobierno. Los agentes de la Policía no han valorado esta buena intención.

El hombre fue citado en comisaria tan sólo un día después de que el PSOE informara de que estudiaría «todas las vías legales contra los organizadores», ya que, consideran los socialistas, el evento podría «estar incluido dentro de un delito de odio». 

Juristas consultados señalan que la protesta no puede ser considerada un delito de incitación al odio porque este tipo penal está previsto para proteger a individuos que son atacados por su pertenencia a minorías que sufren algún tipo de discriminación por razón de su identidad sexual, raza o etnia. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, no encajaría dentro de esta tipificación, por lo que auguran escaso recorrido penal si la denuncia o querella se tramita por la vía del delito de incitación al odio.

Amenazas en la piñata de Sánchez

Otros juristas sopesan que los hechos acaecidos durante la noche del 31 de diciembre en la calle Ferraz de Madrid podrían encajar en un presunto delito de amenazas, siempre y cuando se demuestre que los golpes a la piñata tenían como intención causarle un mal o provocarle un peligro directamente a Pedro Sánchez o a otras personas de su entorno más cercano, tal y como establece el Código Penal.

Por ejemplo, el caso Vinicus, en el que un grupo de individuos colgó un muñeco ahorcado de un puente con la camiseta del jugador del Real Madrid. El Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid judicializó lo ocurrido y la Fiscalía ha pedido cuatro años de prisión para los acusados por un delito de amenazas y otro contra los derechos fundamentales y libertades públicas, al tiempo que les reclama en concepto de responsabilidad civil una indemnización conjunta de 6.000 euros por los daños morales causados al futbolista.

Pero existe aún más jurisprudencia previa por la que sí podrían ser consideradas amenazas estos hechos. «En abril de 2023, el Juzgado de lo Penal número 4 de Castellón condenó por amenazas a un hombre que simuló la ejecución de Santiago Abascal colgando de un árbol un muñeco con su cara. En el escrito de acusación, Vox le atribuía, entre otros, un delito de incitación al odio», señala el abogado penalista y doctor en Derecho, Luis Romero.

La Fiscalía coordina

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha desvelado que la Fiscalía coordina la investigación policial sobre el muñeco de la piñata de Sánchez. «No me gusta como ministro del Interior hacer una valoración jurídico-penal de los hechos. Diré que esos hechos están siendo investigados por la Policía Nacional y coordinados por la Fiscalía de Sala de Delitos de Odio y será la Fiscalía de Sala de Delitos de Odio quien coordina, vuelvo a decir, esa investigación, la que determinará finalmente la relevancia que puedan tener los mismos», ha dicho Marlaska en una rueda de prensa para ofrecer el balance de siniestralidad en las carreteras durante 2023.

El Ministerio Público no confirma esta información y asegura que, por el momento, no hay ninguna investigación abierta. No obstante, fuentes de la Fiscalía aseguran que darán respuesta a las denuncias sobre este asunto. Una de estas denuncias es la que están preparando desde el Partido Socialista que, por el momento, no consta que la hayan presentado.