La Facultad de Derecho de Zaragoza sale en defensa «de la separación de poderes» y contra el lawfare

La Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza ha emitido un comunicado condenando la amnistía. Con esta carta, se han sumado a la respuesta ofrecida de «forma unánime» por «las asociaciones judiciales, de fiscales, de letrados de la Administración de Justicia y de otros especialistas de Derecho».

El decano Antonio J. García Gómez es quien encabeza el comunicado contra la judicialización de la justicia, que secundan más de un centenar de profesores del claustro, de Personal Técnico de Gestión y de Administración y Servicios, así como representantes de los estudiantes. De esta manera, la Facultad de Derecho en Aragón sigue la estela, aunque de forma más tibia,  de la comunidad universitaria de Madrid, que ya hace 10 días fundó la Plataforma Universitaria por el Estado de Derecho (UNIESTAD).

A través del escrito, manifiestan «su honda preocupación» ante «el acuerdo de investidura suscrito por el PSOE y Junts», por las «consecuencias» que podrían derivarse contra «el principio de separación de poderes, como presupuesto básico de nuestro orden jurídico-constitucional».

El comunicado contra la amnistía de la Facultad de Derecho de la Universidad Zaragoza, condena «la referencia al lawfare o judicialización de la política». «Rechazamos con rotundidad», expresa el comunicado, que el poder Ejecutivo «pedirá llegar a cuestionar la labor realizada en su día por parte del Ministerio Fiscal y de los tribunales en la observancia y aplicación de las leyes y del ordenamiento jurídico».

Así mismo, en dicho manifiesto, «rechazan la posibilidad de que las conclusiones de comisiones de investigación parlamentarias puedan ser utilizadas para exigir responsabilidades a los integrantes del Poder Judicial y, en definitiva, para socavar el principio de separación de poderes, con la consiguiente quiebra del Estado de Derecho».

Los firmantes del comunicado sobre la amnistía de la Facultad de Derecho de Zaragoza, defienden «el principio de la separación de poderes», como «principio básico del Estado social y democrático de Derecho que proclama el artículo primero de nuestra Constitución y se plasma en su artículo 117, en tanto se atribuye exclusivamente a los jueces y magistrados de la administración de la justicia y juzgar y ejecutar lo juzgado, ejerciendo tal función con plena independencia y sometiendo a la Ley, así como sin injerencias del resto de los poderes del Estado».

Con este comunicado, los firmantes desean «trasladar a la sociedad aragonesa» su «inquietud» por la situación. Además emplazan «a los distintos poderes del Estado al escrupuloso cumplimiento de las funciones que tienen constitucionalmente asignadas, evitando interferir en las propias de los otros poderes, puesto que solo de tal modo podrán garantizarse su separación y el carácter democrático y de Derecho de nuestro Estado».

Por el contrario, el comunicado no hace «un eventual juicio de constitucionalidad acerca de la ley de amnistía», pero reconoce que es «controvertida» desde «perspectivas ajenas a las estrictamente jurídicas».

La carta se ha emitido este miércoles, justo en el día que la Comisión Europea celebrara un debate sobre la ley de amnistía española en Estrasburgo. En la sesión plenaria, con el título «Amenaza al Estado de Derecho como consecuencia del acuerdo de Gobierno en España», el comisario de Justicia, Didier Reynders, ha advertido a España que vigilará la ley de amnistía de Sánchez.