Una ex asesora de Empleo andaluza dice que «a veces» las ayudas de los ERE se daban «desde arriba»

María José Rofa, asesora técnica de la Dirección General de Trabajo desde julio de 2008 y marzo de 2011, ha asegurado este lunes que «a veces el último que se enteraba que había que dar alguna ayuda» a empresas en crisis de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares era el director general porque «venía desde arriba».

Rofa ha declarado como testigo este lunes en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis en los ERE. Lo ha hecho con asistencia de su letrado, pues aún se encuentra investigada en una de las piezas separadas de los ERE, y se ha dirigido a la Sala antes de responder a las preguntas de la Fiscalía.

La testigo, quien «contribuyó» a esclarecer los hechos según la juez instructora Mercedes Alaya, ha recordado que lleva siete años en este tema colaborando con la Guardia Civil y la Justicia, aportando cuatro documentos explicando su labor y 135 documentos que apoyaban los otros anteriores. Ha declarado más de 25 veces, siempre «colaborando y sin espíritu de defensa», sólo contando su situación en la Dirección General y «su situación de amenazas que vivió de sus superiores», sin precisar, hasta el momento, a quienes se refiere.

Preguntada por quién decidía conceder las ayudas y las cantidades, Rofa ha manifestado que «a veces el último que se enteraba que había que dar alguna ayuda era el director general -coincidió con Juan Márquez y Daniel Rivera- porque venía desde arriba». Así, ha apuntado que las ayudas de Delphi «las decidió Agustín Barberá, ex viceconsejero de Empleo y encausado en este juicio; consejerías diferentes a Empleo otras ayudas como la del Obispado de Cádiz; Santana fue una decisión política, Navantia de Innovación o Boliden de Presidencia». Además ha añadido que «indirectamente» sí le comentaron que algunas ayudas las dieron altos cargos de la Junta fuera de la Consejería de Empleo.

Rofa, cuya declaración continuará este martes, ha explicado que Márquez, procesado en esta causa, le pidió a su llegada que gestionará las ayudas sociolaborales y a empresas, recopilando los compromisos de ayudas asumidos por el anterior director general, Francisco Javier Guerrero -también encausado en este procedimiento-. Ayudas sociolaborales y a empresas que se pagaban con fondos del programa presupuestario 31L de la Dirección General de Trabajo, que allegaba fondos a través de las transferencias de financiación a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), anterior Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), ente que finalmente materializaba los pagos.

La testigo, que también le preparaba las reuniones a Márquez, discursos o respuestas parlamentarias, «un poco de chica para todo», recibió «muchas hojas Excel de los pagos a las compañías de seguros y lo que se debía aún», comenzando a elaborar un Excel en base a los documentos que las compañías y mediadoras nos facilitaban porque «no teníamos ningún expediente». «Aquí -en la Dirección General de Trabajo- nadie sabía nada, no había nadie encargado de las ayudas, como Guerrero lo llevaba», ha manifestado.

«No había normativa»

En este sentido, ha asegurado que le dijeron que «no había normativa, sólo un convenio con IDEA -convenio marco suscrito en julio de 2001 entre la Consejería de Empleo y el IFA-«. Tras comprobar lo qué se debía aún del pago de las ayudas, constata cómo están los expedientes administrativos de las ayudas, que «no eran expedientes, sino un cúmulo de documentos, borradores, hojas de cálculos o un resumen de la empresa». «Ninguno era un expediente al uso. No había escritos de petición, sólo notas de haber mantenidos reuniones entre Guerrero y las empresas, el origen del conflicto en un párrafo y el germen de las reuniones», ha añadido.

Ha indicado que el objetivo era la reducción del desfase con Márquez, que «dio dos o tres ayudas sociolaborales», aunque a empresas sí. Los criterios para las ayudas eran dar «las menos posibles, revisar las que dio Guerrero, ver las reclamaciones y reducir algunas cantidades de las ayudas a empresas comprometidas».

En la Dirección General de Trabajo éramos «tres gatos» trabajando en las ayudas, por lo que era «imposible» revisar todos los expedientes, sino que se trabajaba sobre la marcha y «tratamos de poner orden», ha manifestado al respecto.

Por otro lado, Rofa ha señalado que constataron la presencia de pagos cruzados por la existencia de cartas de Guerrero dirigidas a las aseguradoras indicándoles que del dinero de una póliza debían abogar las ayudas a otros trabajadores. Sobre los intrusos, ha afirmado que «estábamos ciegos», porque, entre otras cuestiones, «no podíamos ver la vida laboral de los trabajadores, no teníamos motivos para pensar que pudieran existir intrusos», conociendo su existencia cuando salta a la prensa el ERE de Mercasevilla. En este sentido, Rofa ha indicado que la elección de la mediadora y la aseguradora para la firma de la póliza era del director general o por la empresa, tras romper Márquez con Albarracín y González Matas.

El convenio, una «decepción»

Rofa ha admitido que conoció el convenio marco de 2001 cuando despacho de abogados Garrigues se lo pidió en 2009 para hacer un informe sobre el procedimiento. «Fue una decepción, es simple. No había mucho en cuanto a normativa jurídica. Es un acuerdo de políticas de gobierno entre dos consejerías y no una cosa jurídica». Por su parte, considera que los convenios particulares eran «un simple relato de reuniones y compromisos políticos y económicos para una solución de un conflicto laboral.

La ex asesora técnica de Empleo, que ha precisado que a IDEA le enviaban los convenios y las órdenes de pago, pues nunca pidieron los expedientes administrativos, ha asegurado que las reclamaciones por impagos de aseguradoras estaban «desde el primer día que llegué, ya que existía un retraso y había un tapón desde la época de Guerrero». También reclamaciones por impagos a despachos de abogados externos, como Garrigues, aunque la instrucción de Márquez fue que «no se pagara por trabajos hechos en la época de Guerrero».

Sobre el cambio de procedimiento, pasando de convenio particulares a resoluciones de pago en 2010, Rofa ha explicado que, tras solicitar informe a Garrigues para revisar el procedimiento y adecuarlo a la normativa para implantar un nuevo modelo de resolución de pago, desde que contaban con el borrador del mismo y por un acuerdo entre IDEA y la Dirección General de Trabajo «empezamos a trabajar con el nuevo protocolo, cambiando convenios por resoluciones, a pesar de que el informe definitivo no estuvo hasta octubre y la Consejería de Empleo no respondió al borrador hasta después». Ha admitido que no existía fiscalización previa en las ayudas, algo de lo que fue consciente trabajando con Garrigues en el nuevo modelo.