Éste es el documento que prueba el pitufeo millonario de Chaves y Griñán para saquear a la Junta

El robo de los socialistas a través de los ERE no quedará en 680 millones de euros. Los equipos jurídicos del PP continúan con su investigación y han descubierto ya toda una red de ayudas ‘pitufeadas’: inferiores a 450.000 euros cada una de ellas y debidamente fraccionadas con el propósito de saquear la Junta de Andalucía con contratos pequeños de forma que no hicieran saltar las alarmas de los organismos interventores y de la propia Justicia. El documento que hoy publica OKDIARIO prueba este ‘pitufeo’. Se trata del convenio de subvenciones concedidas a Pickman La Cartuja: un contrato de 1,8 millones de euros que, sin embargo, fue troceado -‘pitufeado’- para que las cifras no despertaran el ánimo controlador por lo elevado de la cuantía.

Con el paso del tiempo los contratos se fueron diseñando para que ninguno de los paquetes ‘pitufeados’ superaran los 450.000 euros, porque era el umbral que se marcó la Fiscalía para considerar que existía el delito de malversación y actuar penalmente.

Pero en este convenio de Pickman, firmado a partir de 2004, las cuantías aún fueron ligeramente superiores a ese umbral de 450.000 euros debido a que, por esas fechas, los socialistas de la Junta de Andalucía consideraron que bastaría con ese fraccionamiento para librarse del chequeo judicial. El contrato se partió, con ese fin, en tres bloques: de 625.000 euros (firmado en 2004), de 600.000 euros (en 2005) y de 575.000 (en 2006). El temor a una posible investigación, de hecho, forzó que las ayudas fuesen en fase decreciente.

La Guardia Civil investigó este asunto en 2015. Y las conclusiones de la UCO fueron obvias: que la concesión de una única subvención de 1,8 millones de euros a la fábrica de loza sevillana Pickman La Cartuja se diseñó «eludiendo» la ratificación del Consejo de Gobierno, que era el «procedimiento legal establecido» al ser superior a 1,2 millones de euros.

Ayudas «ilegales»

El atestado elevado al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla destacaba que la Junta de Andalucía habría concedido a Pickman varias ayudas o subvenciones «que pudieran vulnerar o infringir la legalidad vigente en el momento de su concesión-adjudicación y aplicación».

Centrándose en la subvención de 1,8 millones de euros, ponía de manifiesto que «desde el principio se concede y se acuerda» en el protocolo de colaboración suscrito el 1 de diciembre de 2003 conceder a Pickman dicha ayuda «en concepto de adecuación inmediata de las instalaciones y maquinaria y utillaje», de manera que «se articularían los protocolos oportunos para abonar dicha cantidad en cantidades iguales en 2004, 2005 y 2006».

El 29 de enero de 2004, se produjo la firma de un convenio de colaboración suscrito por la Dirección General de Trabajo y el antiguo IFA por el que «se encomienda a este último la ejecución de los compromisos asumidos por la Consejería, a favor de la empresa subvencionada”. Pero «se envía una carta» desde la Dirección General de Trabajo, firmada por Guerrero «en la que se le comunica a este último que se han tramitado todas las ayudas y subvenciones, del referido protocolo firmado el 1 de diciembre de 2003, para que sea aprobado por el Consejo Rector de IFA del día 30 de enero de 2004, entre las que se hace referencia a una primera anualidad de 600.000 euros, del convenio de 1,8 millones».

Finalmente, y tras firmar la Dirección de Trabajo y el IFA la ‘adenda’ al convenio de colaboración del 29 de enero de 2004, la subvención queda «troceada» en tres ayudas de 625.000 euros para 2004, 600.000 euros para 2005 y 575.000 euros para 2006, subrayan los agentes, que dicen que «no se entiende que dicha subvención haya sido objeto de tan rocambolesco tránsito para finalmente ser concedida nuevamente».

Eludir los controles

La subvención de la Junta de Andalucía fue «maquillada», concluyó la Guardia Civil, que considera que «dicha articulación de cláusulas y apartados conseguirá, como resultado final, que dicha subvención en concreto no tuviese que pasar por el Consejo de Gobierno, previo paso por el llamado ‘Consejillo’, órgano este que finalmente rechaza la subvención en esos términos», quedando la misma para su concesión «dentro del ámbito competencial de la Consejería de Empleo, de una forma y manera, cuanto menos, alegal».

«Con todo ello, se puede predecir de una forma y manera lógica y coherente que la intencionalidad de los responsables y con ‘competencia’ para la concesión de la subvención, así como los responsables de la ejecución y encomienda de la misma, no es otra que supuestamente la de eludir dicho ‘control, fiscalización y ratificación’ de la misma por el Consejo de Gobierno, debido a la cuantía de ésta», sentencian los agentes.

Esas ayudas ‘pitufeadas’, forman parte de los convenios detectados por el PP, que se acercan, por ahora, a los cien. Y que se troceaban con el único propósito de escapar al umbral exigido por la Fiscalía para admitir el caso penalmente como malversación o de eludir otros controles, como los puramente administrativos.