Ésta es la moción del PP para retratar al PSOE en toda España con la amnistía

La moción anunciada por Alberto Núñez Feijóo el pasado lunes para retratar al PSOE de Pedro Sánchez en toda España por la ley de amnistía del 1-O que negocia con los separatistas, califica tal pretensión como una «inconstitucionalidad flagrante», según el texto consultado por OKDIARIO. Esta moción será defendida por el PP en el Congreso, el Senado, los ayuntamientos, los parlamentos regionales, las diputaciones y los cabildos.

En concreto, esta moción río (se denomina así a la que se distribuye por igual en las instituciones a lo largo y ancho del territorio nacional) denuncia que «Pedro Sánchez, en un intento desesperado por conservar la Presidencia del Gobierno, se ha abierto a que se pueda tramitar una proposición de ley». Para el PP, con este hecho, «además de suponer una inconstitucionalidad flagrante, de nuevo se pretende utilizar un atajo para evitar los controles de legalidad del CGPJ, la Fiscalía y el Consejo de Estado», reprueban los populares.

«El precio de la Presidencia -añade el texto en su exposición de motivos- no sería sólo exculpar centenares de delitos, sino deslegitimar el Estado de Derecho y blanquear y legitimar el acto de sedición que se llevó a cabo. En definitiva, un inasumible precio político para cualquier gobernante decente; la falta de rechazo explícito y contundente por parte del Gobierno está causando una profunda conmoción social», sostiene el PP de Alberto Núñez Feijóo, candidato a la investidura propuesto por el Rey.

En la parte dispositiva, la moción insta en primer lugar a la institución de turno a «rechazar cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado no individualizado para cualquier ciudadano español, cualquiera que sea su delito». Además, la iniciativa «anima a todos los partidos mayoritarios a buscar acuerdos de Estado que eviten que la sociedad española se vea sometida al chantaje de los independentistas o abocada a una repetición electoral», indica el PP teniendo la mano al PSOE.

Otro de los puntos emplaza a «considerar que el imperio de la ley es la expresión de la voluntad popular tal y como establece el preámbulo de la Constitución y compromete a todos los poderes para su cumplimiento». En la última instancia, la moción también insta a nivel municipal a «dar traslado de estos acuerdos a Presidencia del Gobierno, la Vicepresidencia primera y Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a la Vicepresidencia segunda y Ministerio de Trabajo y Economía Social, al Ministerio de Política Territorial, y a los portavoces parlamentarios en el Congreso y el Senado».

Este miércoles, el Pleno del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada (Madrid) ya aprobó esta moción presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, que contó también con los votos de Vox. En cambio, el PSOE votó en contra.

El propio Feijóo manifestó el pasado lunes ante la plana mayor de su partido que «ningún político, ningún concejal, ningún diputado va a poder esconder su opinión» sobre la amnistía en el debate y votación de estas mociones.

«Lo que ya no tiene el PSOE es excusa o eufemismo para justificar que opten por un camino que divide a nuestro país y que otorga privilegios a una élite política independentista», enfatizó el presidente del PP, después de que en los últimos días hayan sido múltiples las voces socialistas, fundamentalmente de la vieja guardia, que se han manifestado en contra de una ley de amnistía. Como ha sido el caso del expresidente del Gobierno Felipe González, el que fuera su número dos, Alfonso Guerra, o el ex secretario general del PSOE Joaquín Almunia, entre otros.

Ministros juristas

En otro pasaje de la exposición de motivos de la moción (en la Asamblea de Madrid tiene forma de proposición no de ley), se recuerda que «tanto Pedro Sánchez como otros ministros juristas de su Gobierno como Juan Carlos Campo, Fernando Grande-Marlaska y Carmen Calvo, afirmaron en el pasado la inconstitucionalidad de una posible amnistía».

Además, el texto recoge que «en una democracia europea consolidada, como es la española de 2023, una amnistía atenta contra algunos de los principios básicos del Estado de Derecho como son la exclusividad del poder judicial para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, la igualdad en la aplicación de la ley y la seguridad jurídica». «Ni el legislador ni el poder ejecutivo pueden arrogarse la facultad de declarar inmune a un grupo de personas, borrar sus delitos e incluso evitar que sean juzgados como cualquier otro ciudadano. Todo ello además, mientras el Tribunal de Justicia de la UE como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene pendientes resoluciones referidas a la cuestión sobre la que se plantea la posible amnistía y que afectan al Estado español», añaden los populares.