El espejismo del Congreso antes de que sus ‘señorías’ vuelvan al banquillo

Mano de hierro, con guante de seda, la del Supremo en su decisión de permitir a Junqueras, Romeva, Rull, Turull y Sánchez, salir de prisión para acceder, con plenas facultades políticas -porque con arreglo estricto a la ley vigente no las tienen suspendidas- a la toma de posesión de sus cargos. Observancia de la norma que desmonta, sin estridencias ni aspavientos el martirio perenne de todos ellos. Nada de ‘presos políticos’. Ni represalias, ni animadversiones, ni sed de venganza, ni escarnio público. La Justicia debe ser justa. De ahí, por encima de los populismos, el Estado y sus jueces.

Jueces, estos últimos, que, sin embargo, también han dejado claro que las garantías democráticas que asisten a los acusados, en su legítima facultad como diputados, no pueden servirles de excusa para burlar las consecuencias de sus anteriores actos. La inmunidad parlamentaria está para proteger la actividad política de intromisiones, no es un privilegio ilimitado para blindar a los políticos frente a quienes son independientes, y competentes, para juzgarles.

En el auto con el que el tribunal de siete magistrados, con Marchena a la cabeza, rechazaba esta semana la suspensión del juicio y denegaba, por enésima ocasión, la libertad provisional a todos ellos, lo certificaba: “No forma parte de las garantías propias del estatuto personal del diputado o senador -si su incorporación a las listas y su elección han tenido lugar cuando ya se había iniciado el juicio oral- imponer una valoración retroactiva de la incidencia que ese proceso penal puede tener en la normal actividad de las Cámaras”.

Tampoco el ‘suplicatorio’ -sometimiento excepcional del poder judicial al poder legislativo por el que el Supremo habría de pedir permiso al Congreso para juzgar a sus miembros- es necesario cuando el procesamiento ya se ha producido. “La exigencia de autorización para culminar un procedimiento penal” que empezó hace más de un año “cuando los procesados no eran diputados o senadores electos, supondría subordinar el ejercicio de la potestad jurisdiccional a una tutela parlamentaria ajena al equilibrio de poderes” constitucionalmente previsto. El Supremo recuerda con suma elegancia frente a quienes acusan al Estado de judicializar la política, en eso que llaman el ‘conflicto catalán’, que tampoco procede, entonces, politizar la Justicia a voluntad.

«Carece de justificación constitucional que el normal desarrollo de un proceso, situado en los debates del juicio oral, exija para normalidad democrática el ‘nihil obstat’ del Parlamento»

La base más íntima del Estado de Derecho es que todos los hombres son iguales ante la ley e inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Mal que nos pese, la imagen insólita de los acusados en el juicio al ‘procés’ recogiendo sus actas como diputados, este lunes, y asistiendo, un día después, a la sesión de constitución de las Cortes Generales, es un refuerzo inequívoco a ese Estado de Derecho que han querido dinamitar. Un espaldarazo al acto de rebeldía constante en que parece haberse convertido, en estos tiempos que corren, la obediencia a las normas.

Un signo irrefutable de independencia judicial que, además, contribuye a desmontar no sólo el propio mito del separatismo catalán, en este caso, sobre el Estado opresor, sino a reforzar la convicción de que no es la que afecta a sus referentes políticos una causa política que persiga ideas, por muy dudosas o falaces que sean, sino hechos consumados. Los de quienes, en base a las mismas, justificaron su legitimidad para poder saltarse las reglas del juego que han de cumplir si quieren cambiarlas.

Convertidos en protagonistas de un bestiario político que tiene más que ver con el chisme, el cotilleo y el morbo, propio de los testigos de las defensas que han declarado los últimos días como si todo fuese un espectáculo – “¿Puedo quedarme en la Sala a ver el juicio, señoría?”, pedían al juez Marchena, al borde del selfie con el presidente del tribunal y de llevarse un trozo de madera del estrado como souvenir- que con la formalidad de la representación parlamentaria. El episodio en Congreso y Senado de los líderes independentistas catalanes que, acusados de rebelión y sedición, han resultado elegidos diputados en los últimos comicios, será un mero espejismo en su particular travesía por el desierto judicial.

Ya no cabe aquí preguntarse por qué quienes reniegan, abiertamente, del Estado español y de sus leyes, hasta el punto de haberlas violado de manera pública y notoria, insisten en la incoherencia de querer beneficiarse de las prebendas que estos les brindan cuando interesa. Tampoco escandalizarse por el hecho de que ese mismo Estado, más democrático que cualquier otro de nuestro entorno, les permita pisar, el próximo 21 de mayo, la moqueta de un hemiciclo donde no podrán refugiarse para burlar las responsabilidades propias. Sus ‘señorías’ acudirán “debidamente custodiados” a la sesión y “deberán ser reintegrados, sin dilación, al centro penitenciario” una vez finalizada. De vuelta a un banquillo que les espera, puntual, el miércoles.