ERC y Junts piden a Sánchez el “segundo paso”: frenar las actuaciones judiciales contra 3.300 CDR

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acaba de conceder los indultos a los golpistas del 1-O y ERC y Junts ya le han exigido lo que denominan el “segundo paso” hacia la “normalización”: frenar las actuaciones judiciales contra 3.300 CDR y radicales investigados por la Policía.

La lista de exigencias no ha hecho más que empezar. Tal y como han señalado en público los partidos separatistas, el indulto a los líderes es “el primer paso”. Y el segundo ya tiene nombre y apellidos: los de 3.300 personas que los separatistas consideran represaliados por defender la pretendida independencia de Cataluña.

La solicitud ya ha sido cursada por ERC y Junts. El mensaje ya ha corrido en forma de rumor por los tribunales. Y la respuesta unánime del mundo judicial no ha podido ser más contundente: repulsa total.

Pero al igual que la judicatura teme y deplora las presiones para frenar las causas abiertas contra 3.300 radicales y CDR por delitos relacionados con el separatismo, exactamente igual dando por hecho que las presiones vendrán desde la Fiscalía General en forma de relajación en las acusaciones. Y eso supondrá que, cuando exista una acusación particular, los procesos se podrán mantener, pero cuando no sea así, habrá causas contra los CDR y radicales que decaerán.

El Gobierno y los separatistas saben desde hace tiempo que no pueden sacar de los tribunales de forma legal las causas penales abiertas por delitos relacionados con el independentismo. Pero la petición está encima de la mesa y ERC y Junts exigen que sea aceptada. Y eso supone que el mecanismo que se usará deberá basarse, efectivamente, en entrometerse y presionar a la Fiscalía para intentar rebajar las peticiones de pena y las calificaciones de los delitos, de forma que, en la práctica, haya menos condenas.

Los compromisos de Sánchez

Pedro Sánchez sabe que tendrá que asumir, al menos con ERC, el compromiso de vaciar en la medida de lo posible los tribunales de causas abiertas contra los separatistas. Lo tendrá que asumir si quiere seguir contando con el apoyo de los independentistas a su Gobierno. Y ello es así, aunque el pacto invade de nuevo la independencia judicial y pisotea la capacidad de actuación de la Fiscalía al asumir, como compromiso de Gobierno, “el reconocimiento del conflicto político y la activación de la vía política para resolverlo […], superando la judicialización del mismo”, como lo enuncian ya las formaciones separatistas.

Una frase idéntica, de hecho, fue introducida ya en el pacto entre el PSOE y ERC en la primera fase de la Mesa de Pedralbes. Allí se plasmó lo siguiente: «Partimos del reconocimiento de que existe un conflicto de naturaleza política en relación al futuro político de Cataluña”. Y, como solución se planteó y aceptó por las dos partes -Gobierno y ERC- que “como cualquier conflicto de esta naturaleza, sólo puede resolverse a través de cauces democráticos, mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo, superando la judicialización del mismo”.

“Superar la judicialización” es la fórmula que han empleado tradicionalmente los separatistas para referirse a la paralización de los juicios contra los acusados de delitos separatistas -desde los producidos en los ataques callejeros, la utilización de espacios públicos para poner los lazos amarillos o hasta incluso directamente los de terrorismo-.

Hay que recordar que son varios los delitos relacionados con separatismo que están siendo juzgados en estos momentos. Y son los separatistas los que estiman el volumen de CDR y radicales bajo investigación policial o judicial en 3.300.

Camino del referéndum

El president de la Generalitat no tiene suficiente con los indultos a los golpistas y la intromisión en las causas judiciales contra los violentos CDR. Pere Aragonès insiste en el desafío a España y anticipa ya el nuevo paso a dar por los independentistas: «Es la hora de un referéndum acordado».

«Desde el Govern de la Generalitat destinaremos todos los esfuerzos a hacer posible esta nueva etapa donde la negociación y la política deben ser el espacio para resolver un conflicto que lleva demasiado tiempo enquistado», ha dicho en una declaración institucional que ha hecho en la Sala Gótica del Palau de la Generalitat acompañado de todo el Govern.

Aragonès ha defendido que los indultos no acaban con las causas judiciales que afectan a independentistas y que todavía están pendientes, por lo que ha reclamado la amnistía: «Exigimos al Estado que cese toda la represión».