Tras pedir el PP que declare por videoconferencia

El entorno de Rajoy: «La foto sentado en la Audiencia lo destruiría, no se puede comparar a Bárcenas»

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Mariano Rajoy conversa con Fernando Martínez-Maíllo y Rafael Hernando. (Foto: EFE)

El Partido Popular presentó este jueves un escrito solicitando que Mariano Rajoy declare como testigo por «videoconferencia» en el juicio sobre el ‘caso Gürtel’, en línea con la petición de la Abogacía del Estado y la Fiscalía, partidarias ambas de resolver el trámite con esta fórmula.

La decisión no fue nada sencilla de tomar y, según ha podido saber OKDIARIO, desde el entorno del presidente del Gobierno aseguran que «la foto sentado en la Audiencia le destruiría. No se puede comparar a Bárcenas».

«Es lo más razonable», insisten desde el PP. Aunque el discurso principal y de cara a la opinión pública es que los abogados así lo han decidido atendiendo a «razones de orden público, de seguridad y teniendo en cuenta la agenda del presidente», que ha dejado «clara» su «disponibilidad» de colaborar con la Justicia.

Las mismas fuentes insisten en que «Rajoy no tiene nada que ver» porque se están juzgando dos campañas electorales en las que «desconocía los mecanismos internos al no tener ninguna responsabilidad». Sin embargo y nada más conocerse la noticia, se produjo un arduo debate en el Gabinete de Presidencia: ¿acudir de manera presencial o por ‘plasma’?

El principal objetivo era, sin duda, evitar la foto del paseíllo del jefe del Ejecutivo entrando a la Audiencia Nacional como ya lo han hecho Luis Bárcenas o Francisco Correa. «La foto sentado en la Audiencia le destruiría. No se puede comparar a Bárcenas», señalan desde su entorno. La fotografía se habría publicado en la gran mayoría de periódicos internacionales y, precisamente, uno de los mayores esfuerzos de Rajoy es consolidar la imagen de España como país de referencia para atajar los problemas de Europa como el terrorismo o la crisis de los refugiados.

Según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Rajoy puede comparecer perfectamente a través de videoconferencia como han solicitado sus abogados. El artículo 702 establece la obligación de que las personas llamadas deben de acudir presencialmente, salvo los principales miembros de la Casa Real. Sin embargo, el siguiente artículo (703) indica que «no obstante lo anterior, la citación como testigos de las personas a que los mismos se refieren se hará de manera que no perturbe el adecuado ejercicio de su cargo». En referencia a la agenda del presidente y en esto se han amparado sus letrados.

El equipo de Rajoy también es consciente de que la imagen del famoso ‘plasma’ le va a perseguir en los meses venideros. Algo que llevan evitando desde antes de ganar las elecciones, sobre todo, hacia los periodistas. Por el momento, el entorno del presidente niega que vaya a realizar ningún lavado de imagen tras este episodio porque «los ciudadanos están viendo las mejoras al mantener las medidas adoptadas por el Gobierno», explican.

Tal y como publicó OKDIARIO, la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) fue la artífice de que los magistrados de la Audiencia Nacional, que juzgan el caso Gürtel, aceptaran interrogar a Mariano Rajoy, después de haberlo intentado sin éxito en dos ocasiones. Eso sí, el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, emitía un voto particular en el mismo auto donde se aceptaba la declaración del presidente del Gobierno como testigo donde sugería que debía hacerlo a través de “videoconferencia”.

El magistrado añadía que «no debería dejarse de lado a la hora de practicarla (la prueba testifical) y, una manera con la que se evitaría contribuir a él, sería si, en lugar de que compareciera ante este Tribunal el testigo, se le tomara declaración desde otro lugar, sin tener que hacerle pasar por la exposición pública, que es verle llegar y estar en la Audiencia Nacional», según informa Miguel Ángel Pérez. 

Tras conocer el voto particular de Hurtado, esta acusación popular calificaba de «inadmisible» la interpretación del magistrado. No obstante, el partido del Presidente del Gobierno, la Abogacía del Estado y el Ministerio Público respaldan con el citado escrito la postura mantenida por el magistrado.

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