Enrique López: «Calviño usa los fondos europeos para castigar a Madrid por bajar impuestos»

También en esto Ayuso fue la primera, incluido, su propio partido. Después ya vinieron, en cascada, los demás: Feijóo, Moreno… Madrid anunció hace unos días un recurso ante el Tribunal Supremo contra el reparto de 9 millones de euros de los llamados fondos Next Generation para el empleo. Casualmente, cayeron a comunidades gobernadas por el PSOE: Extremadura, Baleares, País Vasco y Navarra. Subvenciones directas «con arbitrariedad, sin criterios objetivos» que contravienen -según Sol- el propio decreto del Gobierno. «No explican por qué dan esas ayudas y por qué a esas comunidades y no a otras», dice Enrique López, cerebro jurídico del PP tanto de Ayuso como de Casado.

«Calviño se delató. El gobierno usa con sectarismo los fondos europeos para castigar a Madrid porque baja impuestos». Lo dice en una entrevista a HOY RESPONDE de OKDIARIO. El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid respondía así a Nadia Calviño. La vicepresidenta del Gobierno rechazó «de plano» -hace unos días- y consideró «sorprendente» que «se reclame más fondos por parte de una comunidad autónoma [Madrid] que tiene solamente una política económica que es reducir impuestos». El consejero considera que «el gobierno reparte con sectarismo los fondos y los usa para castigar a Madrid porque baja impuestos». «No queremos más fondos. Queremos que se repartan con criterios objetivos y de acuerdo a la ley».

Enrique López piensa sin dudar, y marca su gesto al decirlo, que «España no se merece el Gobierno que tenemos. Un Gobierno de bloques y bloqueado. Una rémora para el progreso. El peor Gobierno de la democracia». Su afirmación viene al hilo de la última del ministro Garzón sobre la carne española en un medio extranjero. Hace unas horas, el canciller alemán Olaf Scholz le ha leído la cartilla del rigor fiscal a Pedro Sánchez en Moncloa. Enrique López reflexiona sobre el caso de Garzón y pone a Alemania como ejemplo, incluso con un canciller socialdemócrata: «Imaginemos que el ministro de Industria alemán viene a España, da una entrevista a OKDIARIO y habla mal del sector automovilístico alemán. Ese ministro no volvería a Alemania como ministro». El consejero madrileño se lamenta de que nos hayamos acostumbrado a las «deslealtades» de Garzón con España y dice que sus declaraciones muestran su [escaso] tamaño político: «En un gobierno normal, Consumo sería una dirección general. El ministro se empeña en tener el tamaño de su ministerio».

El consejero madrileño reitera el compromiso del PP y de Pablo Casado con las víctimas del terrorismo al hilo de los terceros grados que el gobierno vasco (PNV y PSOE) van a conceder a etarras por hacer, por ejemplo, cursos de jardinería: «Retiraremos al Gobierno vasco y recuperaremos para el estado la gestión en la ejecución de las penas de los terroristas. Nunca debió producirse esa cesión. Ahora Otegi va pidiendo la cabeza de los fiscales de la Audiencia. Esperemos que no tenga tanto poder».

Saliendo de la sexta del covid, pero liado el Gobierno con el precio (carísimo) de los test de antígenos, las bajas y altas laborales o la obligatoriedad de la mascarilla en el exterior, Enrique López exclama: «¡Menos mal que están las comunidades autónomas! Si fuera por Sánchez y su gobierno no saldríamos de este atolladero». Y añade que «lo de las bajas se resuelve con un decreto. Pero hay que cumplir la ley. Lo que pasa es que este gobierno tiene pereza legislativa sólo cuando se trata del interés general; no cuando se trata de satisfacer a sus socios, a los que le mantienen en el poder, en la Moncloa»

Caso Playbol: «Explicaciones ya»

Para Enrique López, “las explicaciones de Sánchez sobre el caso Playbol [destapado por OKDIARIO] se imponen ya”. Cree el consejero madrileño que «los mismos grados de ética que exige a otros gobernantes se los tiene que aplicar, primero, el presidente del Gobierno y así cuando hable del Rey Emérito que lo haga con criterio». Sánchez ha repetido en varias ocasiones que las noticias sobre el Rey Juan Carlos son «inquietantes» y le ha pedido que dé explicaciones.

El gobierno madrileño ha puesto el acelerador legislativo en marcha: «Estamos en una mini legislatura y hay que avanzar deprisa». Queda apenas año y medio para las próximas elecciones. El gobierno Ayuso ha remitido a la Asamblea -por trámite de urgencia- la llamada Ley Ómnibus para impulsar la actividad económica y la modernización de la Administración de la región. Pretende actuar sobre 45 textos normativos, incluyendo 34 leyes, tres decretos legislativos, cuatro nuevas regulaciones de rango legal y cuatro decretos. En este cómputo se incluye la derogación total o parcial que el Anteproyecto realiza sobre tres leyes y dos decretos en varios sectores de la actividad. La oposición de izquierda acusó a Ayuso de aprobarlo con oscurantismo, aprovechando la Navidad. «La oposición parece que desconoce los procedimientos legales y parlamentarios. Ahora estamos en el momento de alegaciones con los sectores afectados, estamos dialogando con ellos (por ejemplo, el taxi) y luego los partidos tendrán en la Asamblea tiempo para presentar las suyas propias».

Niñas tuteladas prostituidas

La oposición de izquierdas se ha lanzado sobre el gobierno regional a raíz del desmantelamiento de una red de prostitución de menores en Madrid, con tres chicas, bajo tutela de la Comunidad, que habían sido captadas por estos mafiosos y abusaban de ellas. El consejero dice que esto no tiene nada que ver con el caso de Baleares o el de Mónica Oltra. «En primer lugar, hay que recordar que son niñas que no están privadas de libertad; están tuteladas por la Comunidad de Madrid porque sus padres han perdido la patria potestad, viniendo de entornos sociales y familiares muy vulnerables. Es decir, mantienen su estatuto de libre desarrollo de la personalidad, de independencia, que tiene cualquier adolescente que vive en su casa».

Enrique López recuerda que los hechos aún prácticamente no se conocen porque están bajo investigación policial y judicial, a diferencia de los casos de Baleares o el del marido de Mónica Oltra (con sentencia firme y hechos probados). Y recuerda que son hechos «muy lamentables, que hay que condenar enérgicamente; ahora hay que colaborar con la investigación y proteger a estas menores». Pero son hechos que «se producen fuera de los centros de la Comunidad de Madrid, a diferencia -señala- de los casos de Baleares y Valencia donde el PSOE, Podemos, Compromís y sus socios pancatalanistas han tapado y entorpecido cualquier investigación política. No así la policial y judicial, que sigue su camino: «Sí sabemos lo que pasó en Baleares y en Valencia -dice Enrique López- donde hay implicados educadores y personas que trabajaban en el sistema, que es totalmente distinto a lo que ha ocurrido aquí. No tiene nada que ver».

La presidenta Ayuso ha pedido llegar hasta el fondo y el consejero Enrique López, aunque no es su competencia, asegura que, si de las investigaciones, se deriva alguna responsabilidad en los centros, por acción u omisión, se asumirán esas responsabilidades y se tomarán medidas. Pero reitera: «Nuestros centros de tutela de menores son referencia en toda España y sus directores realizan una extraordinaria labor».