Empresarios de Cádiz compran a la Guardia Civil los cascos para patrullar que Marlaska les niega

Los agentes del cuartel de la Guardia Civil en Conil han tenido que recurrir a empresarios locales para la compra de doce cascos de moto. El Ministerio del Interior aportó fondos para reparar las motocicletas, pero no para financiar la compra de cascos y permitir así patrullas por turnos.

Los agentes de la Guardia Civil de Conil no tenían suficientes cascos de protección para poder patrullar por turnos en motocicleta por el municipio. Algo necesario en los meses de julio y agosto, cuando la población turística en el municipio se dispara.

Según explican desde la Asociación de Empresarios de Conil, que representa a emprendedores locales de todos los sectores, el Ministerio del Interior presupuestó una serie de partidas para reparar la flota de cinco motocicletas con las que cuenta el puesto local de Guardia Civil.

Las reparaciones se realizaron y las motocicletas quedaron listas para ser utilizadas en el patrullaje. El problema es que no había cascos suficientes para todos. El dinero se fue en las reparaciones e Interior les comunicó que no había más fondos para los cascos.

Ante la llegada de la temporada turística y la mayor necesidad de seguridad en la zona, los empresarios se reunieron con el capitán de Zona para buscar soluciones. Se llegó a un acuerdo: los empresarios sufragarían con fondos propios los doce cascos que se necesitaban para establecer patrullas por turnos y los entregarían a la Guardia Civil.

Y así ocurrió. La entrega de los cascos se realizó recientemente y los agentes de Conil ya pueden patrullar por turnos durante los meses de mayor afluencia turística. La solución, sin embargo, ha indignado a parte de los agentes.

«Chapuza», «precariedad», «vergonzante». Son algunos de los adjetivos con los que definen agentes de la Guardia Civil la situación que viven en la localidad gaditana de Conil. Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles aseguran que se trata de una especie de «copago social» que obliga a la ciudadanía a aportar fondos para el funcionamiento correcto del cuerpo policial.