La empresa a la que Sánchez dio el mayor contrato Covid eliminó su rastro en Internet tras el pelotazo

La empresa FCS Select Products, una firma dedicada al marketing de bebidas alcohólicas premium a la que el Gobierno de Pedro Sánchez contrató el mayor suministro de mascarillas quirúrgicas de toda la pandemia (con unas ganancias de 263 millones de euros), ha desaparecido, literalmente. Al hecho de que no tiene signos de actividad y que no ha presentado las cuentas desde el pelotazo de 2020, tal y como ha revelado OKDIARIO, se suma otra circunstancia sospechosa: ha borrado todo su rastro de Internet. Una labor para la que es necesario contratar a una compañía especializada.

Borrar el rastro de actividad en Internet es posible, pero nada fácil. Y para desaparecer por completo es necesario contar con ayuda profesional. Y eso, según expertos informáticos consultados  por OKDIARIO, es lo que ha hecho la firma del pelotazo de las mascarillas del Gobierno, que tiene su sede en Barcelona. Su web (www.fcsasia.es) no sólo dejó de estar disponible desde 2020, en las fechas del contratazo público de los 263 millones. Tampoco es posible consultar el estado de la página web anterior a que fuese eliminada. Su historial se ha esfumado.

Borrando su huella

Todas las webs ofrecen la posibilidad de conocer el estado que tenían en una fecha concreta gracias a los archivos de caché, una memoria que guarda una especie de fotografía de un momento exacto en el tiempo. Esa foto queda almacenada en una especie de biblioteca que cualquier usuario puede consultar para conocer si se han producido cambios.

El servicio más conocido de este tipo en la red es la herramienta Wayback Machine, que opera el portal Archive.org. Cuando se buscan resultados para conocer cómo era la web de FCS antes del pelotazo de Sanidad, la herramienta arroja un resultado sorprendente: nunca ha existido, a pesar de que otras herramientas sí muestran que estuvo operativa desde el año 2013, fecha en la que la compañía inició su actividad. Todo lo anterior y posterior al día 19 de abril de 2020, día en que fue eliminada la web, ha desaparecido sin dejar rastro. La herramienta equivalente de Google, que hace una labor similar, tampoco ofrece resultado alguno.

La fecha coincide con las primeras publicaciones en prensa del nombre de FCS Select, a raíz de ese gran contrato otorgado por el Ministerio de Sanidad. En esos días se hablaba de la propietaria de la firma, la empresaria, Mayra Dagá, que en el pasado había sido condenada por un delito de estafa. Por aquellas fechas, además, FCS Select y sus únicos dos empleados -Dagá y su socio, Felipe Recio, ambos administradores únicos de la sociedad- ya habían cobrado sus 263 millones de euros por el negocio de las mascarillas: exigieron al Gobierno el pago por adelantado del 100% de la cantidad antes de la entrega del material.

Los 263 millones

Ese dinero llegó a FCS Select, pero no se sabe qué fue de él. La empresa, como ha desvelado OKDIARIO, no presentó las cuentas correspondientes al ejercicio de 2020 -el del contrato de 263 millones-, ni tampoco las de 2021.

Además, según ha confirmado este diario a través del Registro Mercantil, la firma ha sido sancionada por no presentar esas cuentas. Se le ha impuesto un cierre de hoja registral, lo que le impide realizar trámites ante el Registro Mercantil. Entre otras consecuencias, a día de hoy no podría contratar con la Administración y, por tanto, no podría acceder a un contrato como aquel que firmó con Sanidad.

Troceado en cuatro

Además, sorprendentemente, el Ministerio de Sanidad dividió aquel pelotazo en cuatro contratos diferentes… que se firmaron el mismo día y con la diferencia de un segundo. Un mismo producto (mascarillas quirúrgicas), un mismo suministrador (FCS Select), un mismo cliente (el Ministerio de Sanidad) pero cuatro actas de resolución y cuatro contratos diferentes. Eso sí, firmados, todos, el 23 de marzo de 2020 a las 15:13 horas.

Cada uno de esos documentos fue firmado en el lapso de apenas un segundo, tal y como quedó reflejado en la firma digital que acompaña el Código Seguro de Verificación (CSV), que aporta transparencia a los contratos firmados por el Gobierno incluso a pesar del velo que cayó sobre la contratación pública una vez declarado el estado de alarma.

Investigado por Anticorrupción

Las cuatro memorias justificativas del contrato están firmadas por Patricia Lacruz, directora general de Cartera Común del Servicio del Sistema de Salud y Farmacia. Una de los altos cargos del Ministerio de Salvador Illa que está imputada por prevaricación, malversación de fondos y caudales públicos y fraude por la adjudicación de contratos covid.

Estos delitos están castigados con penas que podrían sumar hasta 14 años de prisión y la inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante 15 años.