La empresa privada que gestionó licencias de la Púnica recibió contratos días antes de las elecciones

La sociedad privada Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanos (DUSA), situada en el epicentro de la investigación de la trama Púnica, recibió contratos públicos días antes de la celebración de las elecciones autonómicas del pasado 24 de mayo de 2015, meses después de estallar el escándalo y con sus principales protagonistas ya en la cárcel.

Así consta en la documentación a la que ha tenido acceso OKDIARIO procedente de Legatec (Leganés Tecnológico), uno de los 22 consorcios urbanísticos que gestionan la venta de suelo bajo el control de Arpegio, la empresa pública del suelo de la Comunidad de Madrid que pasó a controlar las inversiones en los municipios del plan Prisma en 2006.

Según el acta del consejo de administración del 12 de mayo, DUSA había recibido mes y medio antes la adjudicación “de los trabajos de apoyo a la expropiación del PP2 Centro” por 52.220 euros. Según las fuentes consultadas, esos trabajos de consultoría habían sido previamente realizados por la empresa CETA Arquitectura y Urbanismo. El contrato se firmó el 1 de junio.

En el acuerdo figura el abogado José Luis Jaraba Pérez como secretario del consejo de administración de Legatec, hoy imputado en la trama Púnica. Jaraba Pérez ocupaba el puesto de secretario en los consejos de administración de los consorcios urbanísticos. Su sociedad (Jaraba & Tamame Asociados SL) facturó a Arpegio más de un millón de euros entre los años 2003 y 2012.

Cuando la Comunidad de Madrid traspasó la gestión del Prisma a Arpegio, se decidió que se necesitaba una sociedad privada para gestionar las obras del plan una vez licitadas

En representación del Ayuntamiento de Leganés figura el hoy portavoz del PP, Miguel Ángel Recuenco, entonces de concejal de Urbanismo y teniente de alcalde. El concejal ‘popular’ aparece en algunas grabaciones de la trama Púnica en expresiones como “lo que puede hacer RECU es perseguir el asunto”.

«Trabajos de apoyo a la gestión»

Según otro acta del consejo de dirección de Legatec, DUSA había recibido otro contrato por la misma cantidad y por el mismo objetivo el 5 de mayo de 2014. Y con fecha del 13 de mayo del mismo año, se adjudicó a la sociedad privada un contrato de 85.560 euros para “los trabajos de apoyo a la gestión” de Legatec tras la venta de otra parcela.

Cuando la Comunidad de Madrid traspasó la gestión del Prisma a Arpegio, se decidió que se necesitaba una sociedad privada para gestionar las obras del plan una vez licitadas, un trabajo que sobre el papel tenía que haber desarrollado la propia Arpegio, pero que sus gestores prefirieron externalizar para no colapsar a la empresa pública. El concurso, público, lo ganó a principios del año 2006 la empresa DUSA, una firma constituida a finales del año 2002 con solo seis empleados, sede en la calle Génova y Adolfo Fernández Maestre como administrador único y ahora también imputado en la Púnica.

La Audiencia Nacional tienen en el punto de mira a DUSA por su contrato de consultoría y asistencia técnica para la gestión integral de las licitaciones públicas del plan Prisma

La Guardia Civil y la Audiencia Nacional tienen en el punto de mira a DUSA por su contrato «de consultoría y asistencia técnica para la gestión integral de las licitaciones públicas del plan Prisma para el periodo 2006-2007», adjudicado por 4.542.296,44 euros, IVA no incluido. Este contrato tuvo complementos y prórrogas, ya con el exconsejero Francisco Granados alejado de la presidencia de Arpegio, donde permaneció solo entre 2005 y 2007.

«Para las arcas de PP, IU y PSOE»

También la gestión de los consorcios urbanísticos como el de Legatec están bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción. Según un informe incorporado al sumario, estos consorcios sirvieron “para engrosar presuntamente las arcas del PP, Izquierda Unida y PSOE, partidos con ediles que eran miembros del consejo de administración del respectivo consorcio”. Anticorrupción estima en 2.000 millones los fondos gestionados por estos entes en los que participan tanto el gobierno regional (60%) como los respectivos ayuntamientos (40%).

“Aunque las adjudicaciones de las parcelas públicas de los consorcios se decidieron, formalmente, por su consejo de administración, la investigación ha revelado que existió un reparto concertado precio de dichas parcelas, entre Arpegio y el respectivo ayuntamiento, de manera que cada una de estas entidades decidió el adjudicatario de las parcelas que le habían tocado en el reparto”, se lee en el documento de fiscalía.