El documento que prueba el fraude de los ERE avalado por Carmen Calvo desapareció del archivo de la Junta

La Junta socialista de Andalucía ha puesto un especial énfasis en evitar que determinados documentos de los ERE no lleguen a la Justicia. Con ese fin, ha negado la existencia de los documentos acreditativos del convenio firmado por Gaspar Zarrías en 1999 por el que se permitió devolver un crédito -concedido por la propia Junta- por medio de subvenciones también concedidas por la misma Junta: es decir, impagar el crédito. OKDIARIO ha mostrado ya los documentos con los que los abogados de la Junta negaron la existencia de esas pruebas ante la Audiencia Provincial de Sevilla. Pero con uno de esos documentos la pericia y dedicación de los equipos de la Junta socialista andaluza fue a más: directamente el archivo ha desaparecido pese a haberse cumplido sus exigencias y pese a figurar su referencia en un documento de la Agencia pública IDEA.

Todo ello afecta, casualmente, al caso en el que el préstamo inicial fue aprobado por el Consejo de Gobierno en el que estaba la actual vicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez, Carmen Calvo. Porque en aquel 1999 ella era consejera de Cultura y la decisión se pasó por el Gobierno andaluz al completo.

Hay que recordar que el Consejo de Gobierno andaluz del que formaba parte la actual vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, aprobó en 1999 un plan de ayudas que la Justicia investiga ya por su dinámica similar a la de los ERE. El caso ha supuesto que el juez vuelva a imputar a Manuel Chaves y a otros cuatro ex consejeros, entre ellos Gaspar Zarrías. Las decisiones del Consejo de Gobierno son discutidas por todos los miembros y en esas fechas, Carmen Calvo se sentaba en el Consejo en condición de consejera de Cultura. Y, como consta ya en la acusación del caso y ha desvelado este diario, todos ellos aprobaron las ayudas sin informe del interventor, ni del gabinete jurídico, ni de consignación presupuestaria.

Pruebas documentales

OKDIARIO ha publicado ya algunos de los documentos que demuestran la ocultación de pruebas llevada a cabo por los socialistas negando ante la Audiencia Provincial de Sevilla la existencia de acuerdos del Gobierno andaluz de aquel año 1999 en los que se aprobaba el pago de partidas concretas de los ERE.

Pero el asunto va a más. Porque, pese a la evidencia del rastro del acuerdo y de su materialización, el convenio por el que se permitió devolver el préstamo público con subvenciones públicas efectivamente no figura ya en los archivos oficiales de la Junta.

El empeño en negar la existencia de ese acuerdo de 1999 tiene su explicación. Y es que ese es uno de los expedientes en los que se destinó dinero público de los ERE antes del año 2001: la fecha en la que empezaron oficialmente las ayudas ilegales. Pero lo cierto es que la Justicia investiga ya concesiones previas. Porque lo que cambió ese 2001 fue únicamente la dinámica pública de ocultación. Ese año se genera el mecanismo de no pasar por el Consejo de Gobierno regional la aprobación de las ayudas precisamente para no dejar pruebas. Lo que quiere decir que hasta ese año, el dinero que se entregó sí dejó rastro público en las actas de Gobierno. Y esas actas son un documento público que debe ser guardado y custodiado. Por eso los socialistas querían que ese rastro no llegase a la Justicia.