Díaz pide condecorar al Ejército de la II República olvidando que abría «fuego contra los desertores»

Sumar, la formación fundada por la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha exigido al Ejecutivo de Pedro Sánchez, del que forma parte, que otorgue «reconocimiento» a los miembros del Ejército de la Segunda República así como la «restauración» de «edificios» de los «altos cargos del Ejército» como «responsables públicos oficiales». Sin embargo, se obvia la crueldad de este ejército, al que algunos autores equiparan al del bando franquista. Y es que incluso los altos cargos de las tropas republicanas reconocían que tenían que «romper el fuego contra algunos soldados que se retiraban», es decir, ejecutar a los desertores de su propio ejército.

El Boletín Oficial de las Cortes Generales ha recogido una proposición no de ley relativa a la «memoria democrática del Ejército de la República Española». En ella se solicita el «reconocimiento por parte del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática de aquellas víctimas del franquismo que fueron parte del Ejército de la República Española».

En ese mismo sentido, ha instado al Ejecutivo a poner en marcha «la restauración y la identificación en los cuarteles y edificios del Ministerio de Defensa de generales y altos cargos del Ejército de la República como responsables públicos oficiales». La iniciativa la firmaron los diputados de la formación magenta Nahuel González y Enrique Santiago el pasado 5 de febrero y será debatida en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados.

En su exposición de motivos, Sumar ha destacado la amplia presencia de la ciudadanía en el Ejército republicano, ya que, según sus cálculos, llegaron «a participar en él 750.000 personas». Sin embargo, han obviado que la amplia mayoría eran reclutas forzosos. Los dos bandos tuvieron que obligar a la movilización de sus hombres. Mientras que el bando franquista reclutó a la fuerza a 1,2 millones de hombres en 15 reemplazos, el republicano llegó a movilizar 1,3 millones en 28 reemplazos. Es decir, que se forzó a participar en el Ejército popular a hombres de entre 17 y 41 años.

La mayoría, por reclutamiento forzoso

El autor Michael Seidman recogió en su obra A ras de suelo que el Ejército de la República contaba con 100.000 voluntarios en octubre de 1936. Desde entonces se pusieron en marcha cajas de reclutas forzosos para alcanzar una cifra mayor, hasta los 1,3 millones. Por tanto, más del 90% de esos soldados se vieron obligados a unirse a las tropas republicanas.

La resolución de Sumar apela a la «valentía y generosidad en la lucha» de «las mujeres y hombres que pertenecieron al Ejército de la República». Sin embargo, en muchas ocasiones no participaban de forma voluntaria, sino que eran obligados a mantenerse en primera línea de batalla.

El Gobierno de la República aprobó un decreto el 18 de junio de 1937, en el que establecía que el soldado que «fuere el primero en volver la espalda al enemigo, incurrirá en la pena de muerte y podrá en el mismo acto ser muerto». Es decir, que se castigaba la deserción, como en el bando franquista, con ejecuciones en el mismo campo de batalla.

Y estas medidas no se quedaron en el papel, sino que, efectivamente, se llegaron a poner en práctica. El general del Ejército republicano del norte, Mariano Gamir, aseguró que acudió al frente con órdenes de «romper el fuego contra algunos soldados que se retiraban de la línea de fuego sin orden para ello». Incluso, como detalló Antony Beevor en su obra La Guerra Civil, el Ejército republicano llegó a «emplazar ametralladoras en los cruces de carreteras próximos a Madrid para impedir la huida a los desertores».