El despilfarro andaluz: la ‘Administración paralela’ se comía casi la mitad de sueldos de toda la Junta

Las cuentas de la Junta de Andalucía reflejan que los gastos en sueldos de estos organismos era prácticamente idéntico al de la propia estructura del gobierno autonómico, es decir, las consejerías propiamente dichas. Por ejemplo, en los últimos Presupuestos, ese gasto ascendía a 4.763.352 millones, siendo el de la Junta de apenas 1,2 millones de euros más. La diferencia es aún mayor si se consideran las partidas que conforman los ‘gastos corrientes en bienes y servicios’, es decir, desde alquileres, a suministros (agua, luz, calefacción) pasando por material de oficina, comunicaciones (teléfono, mensajería, etc), vestuario, dietas, transporte, reuniones o protocolo, entre otros. En este caso, la cifra es abrumadoramente superior: 2.609.904.830 euros en el caso de las agencias autonómicas, frente a los 817.872.678 euros en la Junta de Andalucía. 

Este gasto contrasta, por ejemplo, con lo reducido de su actividad práctica. Por ejemplo, si se observan las ‘transferencias corrientes’, en las que se consideraría la dotación de los programas propiamente desarrollados, y que es hasta siete millones de euros inferior en el caso del entramado de agencias andaluzas.

El gobierno socialista saliente de la Junta difundió este fin de semana un informe en el que recoge la distribución de los empleados públicos en respuesta a las críticas por «despilfarro, enchufismo y administración paralela».

660 cargos de confianza y 2.137 ‘a dedo’

Según el documento, de los 270.101 empleados públicos, 660 son cargos de confianza, que cesarán de forma automática con el nuevo Gobierno, y otros 2.137 funcionarios están en puestos de libre designación en la Administración general. Además de 148 contratos de alta dirección en el sector público instrumental, 239 eventuales y 273 altos cargos.

De los empleados públicos, 242.797 son de la administración general y sectores, lo que representa el 89,90 % del total, y otras 27.304 personas de la Junta de Andalucía son del denominado «sector instrumental».

Además, existen 69 entidades en el sector público, de las que 18 son agencias públicas empresariales, tres son agencias de régimen especial, 12 consorcios, 15 fundaciones y 21 sociedades mercantiles.

Las cifras revelan que en la red de empresas públicas y fundaciones hay más empleados de los que se pensaba, en concreto, 3.405 más.

El gobierno andaluz defiende que «no se ajusta a la realidad la imagen social que se pretende dar de que se trata de puestos ocupados de manera arbitraria o por personas ajenas al cuerpo de funcionarios», ya que se cuenta con aquellos «más preparados para cada uno de los perfiles».

El acuerdo entre PP y Ciudadanos para gobernar Andalucía pretende revisar a conciencia la Administración, evitando gastos superfluos.

Ambas formaciones recogen entre sus prioridades para los cien primeros días de gobierno realizar una «auditoría integral» sobre el gasto de la Junta, lo que incluye sueldos, gastos y transferencias, tanto de la Administración en sí como del sector público instrumental.

El acuerdo incluye también aprobar un decreto ley para «centralizar la dirección, supervisión y evaluación» de todas las entidades «dispersas» de la ‘administración paralela’, eliminando » todos los entes que se consideren «innecesarios» o «expuestos a la corrupción». Las medidas alcanzarán también a la designación de los directivos públicos, que se hará por concurso.

Por su parte, el acuerdo entre PP y VOX para la investidura del candidato ‘popular’, Juan Manuel Moreno, también recoge la misma pretensión. En concreto, en su punto 6 señala el compromiso de «eliminar todos los organismos superfluos y suprimir la Administración paralela». En el punto 8 se avanza también «una auditoría independiente» de todos los organismos de la Junta de Andalucía.

Otra de sus propuestas es «revisar, mejorar el control y la eficiencia del dinero público destinado a la formación para el empleo» y racionalizar las subvenciones: sólo se concederán a personas físicas o jurídicas que cumplan «evidentes fines de utilidad pública y social».