La defensa de Zaplana se queja ante la juez de la denegación de pruebas «nucleares» para la causa

La defensa de Eduardo Zaplana ha presentado un recurso contra el auto del pasado 15 de diciembre en el que la juez que instruye la causa Erial denegaba todas sus peticiones.

El letrado del ex presidente valenciano pretendía demostrar que Eduardo Zaplana nada tiene que ver con la cuenta bancaria de seis millones de euros cuya titularidad le atribuye el abogado Fernando Belhot. La magistrada también rechazó la declaración, entre otros, del ex consejero valenciano Diego Such, acerca de las adjudicaciones de contratos de las ITV y los parques eólicos. 

La defensa considera que dichas testificales son imprescindibles y denuncia las «restricciones para acceder a las actuaciones durante más de cuatro años y tres meses». Durante ese tiempo, el secreto del sumario impidió que Zaplana, según su abogado, pudiera defenderse de las falsas acusaciones contra él.

La causa Erial fue abierta en noviembre de 2015, decretándose el secreto de las actuaciones, que se mantuvo vigente hasta el 8 de febrero de 2019, fecha en la que se levantó el secreto de los primeros siete tomos. Meses después, el resto de los tomos también fueron accesibles para las defensas, excepto las piezas relativas a las comisiones rogatorias internacionales, que continuaron inaccesibles hasta un año después. Con posterioridad, la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia volvió a decretar el secreto de una nueva pieza separada, que se mantuvo vigente hasta el 22 de julio de 2020. 

«Proceso inquisitivo»

El letrado Daniel Campos se queja ante el juzgado de las dificultades que ha tenido para desarrollar con normalidad la defensa de Zaplana y para ello se remite a la doctrina del Tribunal Supremo: «No puede utilizarse para convertir el proceso penal moderno en un nuevo proceso inquisitivo, en el que los derechos de la defensa sólo pudieran ser efectivos una vez que la acusación haya acabado la investigación y, en su caso, preconstituido la prueba».

Campos destaca en su escrito que en múltiples ocasiones el juzgado le ha reprochado que no presentara diligencias y justifica sus actuaciones: «Insólitamente, este reproche se nos hace al mismo tiempo que se desestiman las pocas diligencias que se proponen; acaso ante el temor de que arrojen un resultado no favorable a la versión del Juzgado».

Por ello, la defensa de Zaplana denuncia un «relato de hechos construido a espaldas de los investigados», según se sostiene en el escrito, al que ha tenido acceso OKDIARIO. 

Entre otras, la defensa del ex ministro insiste en la necesidad de tomar nueva declaración a Belhot, quien dijo ser testaferro de Zaplana y entregó al juzgado más de seis millones de euros. El ex presidente valenciano negó relación alguna con esas cantidades, así como disponer de fondos en el extranjero. 

«La anómala declaración del señor Belhot es el único indicio que, contra todas las evidencias documentales, sirve para vincular al señor Zaplana con el dinero que transitó por las cuentas luxemburguesas y suizas», denuncia la defensa. 

Cabe recordar que la declaración prestada por Belhot se realizó en fase de investigación y con la causa secreta «imposibilitando a las defensas hacer las preguntas que permitieran concretar mínimamente las circunstancias y naturaleza de su actividad y participación en los hechos», según se recoge en el escrito.  El ex presidente valenciano quiere demostrar que de la cuenta investigada salió dinero hacia titulares que no conoce. La magistrada, en su auto, rechazaba la declaración de Belhot «en tanto en cuanto no se especifiquen los extremos sobre los que debe de versar la declaración». 

La defensa de Zaplana explica en el recurso que «existe un interés evidente en que precise las circunstancias de tiempo, modo o lugar en las supuestamente entregó cantidades millonarias a mi representado, en lo que sería una tipología de un supuesto delito de blanqueo de capitales».

Daniel Campos sostiene: «Si aceptamos la artificial versión del Sr. Belhot de que los fondos que él transfería a sus cuentas en Uruguay, se entregaban al Sr. Zaplana en efectivo, debería haber alguien que, como contrapartida a dichas transferencias, sacara ese dinero de alguna cuenta».

Para la defensa tuvo que existir un movimiento bancario en España de salida de fondos que sirviera para proveer del efectivo entregado: “En definitiva, son cuestiones nucleares del supuesto delito de blanqueo de capitales que ni la Juez de Instrucción ni el Ministerio Fiscal preguntaron al Sr. Belhot, quizás porque quedaron suficientemente satisfechos con que éste se limitara a decir que todo el dinero era del Sr. Zaplana y que él no era sino un profesional que actuaba por su cuenta», critica el escrito. 

La defensa también reclama las declaraciones, entre otras, de Diego Such, quien fuera consejero de Empleo, Industria y Comercio durante la Presidencia de Zaplanba en el Gobierno de la Generalitat valenciana. Los informes de Antifraude sostienen que fue la Consejería la que resolvió la adjudicación de las estaciones de control de vehículos (ITV).

La juez rechazó en su auto la prueba por no considerarla relevante. “Dichas testificales no pueden sustituirse, como sugiere el auto impugnado, por los ‘los informes correspondientes’ emitidos por la AVA, ya que en ellos tan sólo se describen los distintos trámites y las personas encargadas de los mismos, entre las que desde luego no se encontraba don Eduardo Zaplana», sostiene la defensa.

La juez de instrucción también les denegó una prueba que demostraría las supuestas transferencias a favor de Eduardo Zaplana desde una cuenta de la sociedad Costera del Glorio. Consistía en solicitar al Banco Sabadell si Zaplana había recibido el dinero en sus cuentas de la entidad bancaria. El letrado de la defensa mantiene: “Supliqué al Juzgado que acordase dirigir oficio al Banco de Sabadell a fin de que informe al Juzgado de las transferencias recibidas y procedentes de las compañías mencionadas, desde su apertura hasta el día de la fecha”. Pero la prueba así mismo fue inadmitida.

Falta de credibilidad

Daniel Campos insiste en la falta credibilidad del testigo de la Fiscalía, el uruguayo Belhot, y de la veracidad de sus acusaciones contra Eduardo Zaplana: “Si fuera verdad que el Sr. Belhot era un mero profesional con una actividad totalmente lícita, ¿por qué no hay contratos, liquidaciones, facturas o pagos por sus servicios? No parece posible que de las entradas y registros realizados en sus oficinas no haya aparecido una mínima referencia a los fondos que supuestamente gestionaba para mi representado, una mínima contabilidad, una hoja de cálculo o una anotación que le permitiera saber lo que podía o tenía que cobrar a “su cliente” el Sr. Zaplana”.

La defensa recuerda a la titular del Juzgado “la poca credibilidad de don Washington Fernando Belhot Fierro”, cuya versión fue prestada tras “su insólito pacto con el fiscal y en secreto”.  Y destaca que el mismo testigo declaró lo contrario en otro Juzgado de la Audiencia Nacional de Madrid. Y no entiende cómo la juez no autoriza solicitar a través de un exhorto judicial su declaración al Juzgado de Instrucción Central número 6.

Daniel Campos concluye su escrito quejándose de las irregularidades de la instrucción sumarial: “El hecho de que la Guardia Civil tome declaraciones o realice actuaciones al margen del procedimiento judicial y sin conocimiento o intervención de las defensas, supone la supresión de facto del derecho de defensa del Sr. Zaplana, la práctica de una instrucción de espaldas al investigado, en la que éste se convierte más en un objeto que en un sujeto con sus propios derechos”.