C’s pide interventores para fiscalizar los gastos de la Generalitat porque no se fía de los cargos de Puigdemont

Ciudadanos ha insistido al Gobierno central en la necesidad de que representantes de la Intervención General de la Administración del Estado comprueben desde Cataluña que no se producen «nuevas desviaciones de fondos públicos hacia actividades ilegales» en relación con el proceso independentista, ya que desconfía de los altos cargos nombrados en su día por el Govern de Carles Puigdemont.

El portavoz de la formación naranja en la Comisión de Hacienda, Francisco de la Torre, ha registrado en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Ejecutivo de Mariano Rajoy para conocer qué acciones ha emprendido, en aplicación de las potestades del artículo 155 de la Constitución, para «colaborar con la Justicia en la persecución de delitos con ocasión del referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña.

Ciudadanos le pregunta, por ejemplo, si piensa enviar a esa comunidad «una misión de control especial» de la Intervención General para asegurarse de que no se destina dinero público a cuestiones ilegales.

Según el partido naranja, el referéndum del 1-O fue financiado «muy probablemente» con fondos públicos, pese a que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, afirmara el pasado 31 de agosto en sede parlamentaria que la consulta separatista no se iba a celebrar porque no había presupuesto para ello y que los mismos políticos que lo impulsaban estaban certificando que no gastaban dinero en organizarla.

Por ello, pregunta al Gobierno si sigue considerando que «ni un solo euro» del presupuesto de la Generalitat se había destinado, por lo menos hasta el 31 de agosto, a la financiación del referéndum.

De la Torre recuerda que las posteriores investigaciones judiciales a dirigentes y políticos independentistas por delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos, además de los de sedición y rebelión, determinaron indiciariamente que sí se estaban dedicando fondos públicos de la Generalitat a actividades ilegales.

Colaboración con la Justicia

Asimismo, el grupo parlamentario de Ciudadanos señala que es la propia Generalitat la que debe colaborar con la Justicia aportando información y respondiendo a los requerimientos judiciales, una colaboración que cree que «no se puede realizar eficazmente si los encargados de responder son los directores de la Generalitat, que podrían estar implicados, y que fueron nombrados por políticos presuntamente responsables de los delitos».

Puesto que, desde la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es el máximo responsable de la Generalitat, el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ha solicitado la información directamente a los Ministerios de Economía y Hacienda.

En su batería de preguntas, el partido presidido por Albert Rivera también se refiere a los directores y secretarios de la Generalitat que continúan en sus puestos pese a que «podían estar presuntamente implicados en la preparación y financiación» del referéndum, y pide saber por qué el Ejecutivo central no los sustituyó.

«¿Puede garantizar el Gobierno que la colaboración con la Justicia de los altos cargos de la Generalitat ha sido adecuada? ¿También en la investigación de la financiación del pseudorreferéndum ilegal del pasado 1 de octubre que lleva a cabo el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona?», plantea a continuación.

El pasado noviembre, C’s ya preguntó al Gobierno en el Congreso por qué había decidido mantener en el cargo a la directora general de Coordinación Interdepartamental de la Generalitat, Elsa Artadi, que fue elegida diputada en el Parlament tras concurrir a los comicios catalanes de diciembre en la lista de Junts per Catalunya, encabezada por Carles Puigdemont, y cuya campaña electoral dirigió.

Precisamente, este martes se publicó en el Boletín Oficial del Estado la destitución de Artadi y de Laura Borràs, directora de la Institució de les Lletres Catalanes. El Gobierno tomó la decisión en el Consejo de Ministros del 19 de enero al entender que no podían ejercer de diputadas ocupando al mismo tiempo altos cargos en la Generalitat, según el reglamento de la Cámara autonómica.