La Guardia Civil acusa a la Generalitat de torpedear la investigación en pleno 155

La Guardia Civil ha acusado a la Generalitat de obstaculizar la investigación judicial en plena aplicación del 155. La Benemérita ha trasladado oficialmente esta acusación en la documentación remitida al Juzgado número 13 de Barcelona y dentro de un informe fechado el 20 de noviembre, es decir, durante el periodo en el que ya estaba en vigor el mecanismo de intervención del Gobierno central aprobado por el Senado y basado en el artículo 155 de la Constitución -entró en funcionamiento el 27 de octubre del pasado año-.

La acusación de la Guardia Civil no se basa sólo en el hecho de una evidente ausencia de colaboración con la Justicia, sino también en la confirmación de que el equipo administrativo de la Generalitat cuenta con “argucias” diseñadas para “impedir conocer la trazabilidad del dinero público”.

El documento de la Benemérita -en respuesta a las diligencias solicitadas por Vox- destaca en su argumentación que la Generalitat no está contestando “a los mandamientos” del juzgado. Pero añade que la policía judicial “tiene sospechas de que efectivamente sí se ha empleado dinero público en la consulta” y que, además, para lograr estas evidencias, los agentes policiales “han tenido que realizar diversas y costosas gestiones para cuantificar el gasto y tratar de conocer el origen de los mismos y determinar si fue o no dinero público o de un tercero”, precisamente, por no haber contado con ninguna colaboración por parte de una administración autonómica que estaba ya en esas fechas bajo control del 155.

La Guardia Civil alerta de que los movimientos de dinero se basaban en desembolsos “posteriormente repuestos precisamente de fondos públicos”, un paso en el que “entraría o no las actuaciones de la ANC y Òmnium” y en el que “la opacidad de la Generalitat para reconocer qué cantidades públicas efectivas se han destinado al referéndum” sólo puede tener una explicación: “No tener que afrontar las posibles consecuencias que se han visto reflejadas de la anterior consulta ilegal del 9-N”.

Auditoría de las cuentas de la Generalitat

Las referencias en sus informes a la obstrucción por parte de la Generalitat de la labor de investigación judicial son continuas: “Los instructores quieren hacer constar la dificultad que entraña conocer qué cantidades verdaderas han sido empleadas para preparar y finalmente materializar esa consulta”, apuntan en otro apartado los agentes de la Guardia Civil.
La acusación llega al punto de solicitar al Juez de Instrucción del 13 de Barcelona una auditoría general de las cuentas de la Generalitat por un organismo especializado, no exclusivamente por el Gobierno.

La Benemérita, en concreto, reclama la ayuda de cuerpos como la Intervención o el Tribunal de Cuentas para esclarecer los mecanismos de ocultación de pagos con los que cuenta la Generalitat: “Para determinar con exactitud o con una aproximación más real las cantidades malversadas sería necesario realizar una auditoría a las cuentas de la Generalitat y por un organismo con capacidad efectiva para esa tarea como puede ser la intervención General del Estado o el Tribunal de Cuentas”, concretan su mensaje al juez Ramírez Sunyer.

Y, una vez más, los miembros de la policía judicial no se olvidan de mencionar a las organizaciones separatistas habituales: “Tampoco se puede descartar que la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural hayan pagado algunos gastos relacionados con el referéndum gracias a la subvenciones”.

Fuentes policiales destacan que el material probatorio ya detectado apunta efectivamente a fondos públicos gestionados por la Generalitat, todo ello “destinado a unos actos considerados de forma inequívoca contrarios a las leyes que suspenden la ley del referéndum y expresamente hecho saber a los gobernantes de la Generalitat, responsables últimos del empleo de esos fondos”, lo que podría “constituir, al menos, delito de malversación de caudales públicos”, añade la Guardia Civil.

Es en ese momento cuando la Benemérita observa, “ante esta suspensión de la ley del referéndum y su posterior nulidad por inconstitucionalidad”, el principal esfuerzo de la Generalitat por ocultar urgentemente todas sus prácticas “con el convencimiento de que el empleo de sus fondos podía constituir una malversación”. Razón por la que “se han llevado a cabo diversas prácticas por parte de la Generalitat para impedir conocer la trazabilidad del dinero público empleado”.

Así, la policía judicial asegura que uno de los mecanismos detectados para eludir los controles fueron “argucias” que han consistido, por ejemplo, “en la tramitación de contratos por la vía de urgencia”.