Crisis en el bloque independentista al dejar Puigdemont desierto el concurso para comprar las urnas

El temor a las inhabilitaciones y posibles consecuencias penales que conlleva firmar o apoyar el referéndum ilegal en Cataluña rompe el bloque independentista, que este martes se ha visto obligado a convocar una reunión de urgencia tras declararse, por sorpresa, desierto el concurso para la adquisición de las urnas.

Según informó la Generalitat, las dos empresas que se habían presentado candidatas a la licitación de las urnas no completaron el proceso de homologación y el concurso quedó desierto. La consejería de Gobernación era la encargada de licitar este proceso, con Meritxell Borràs al frente.

La dirigente recibió recientemente la querella admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra ella y el entonces secretario general, Francisco Esteve, por desobediencia, prevaricación continuada y malversación de fondos públicos por haber firmado la publicación del acuerdo marco para homologar estas empresas. De ahí que los socios independentistas de Puigdemont preguntaran este martes con suspicacia si el verdadero motivo por el que el proceso quede vacío era el temor ante una más que posible inhabilitación.

La portavoz del gobierno catalán, Neus Munté, quiso calmar los ánimos entre los socios nacionalistas asegurando que buscarán alternativas, mientras Puigdemont escribía en su página de Facebook: «No se preocupen. El 1 de octubre habrá urnas». La tensión aumentó cuando varios diputados de Junts pel Sí desvelaron a los periodistas que, evidentemente, la Generalitat «tiene un plan B» que evitarán contar hasta el último minuto para que la Justicia no sea tan «ágil» como lo ha sido con este procedimiento.

El plan B que ni la CUP conoce

Diputados de ERC en el Parlament recordaron a OKDIARIO que para la consulta ilegal del 9N, el ex consejero Germà Gordó trató de pasar desapercibido durante la organización del referéndum y el «marrón» de la confección de las papeletas y las urnas de cartón recayera en la entonces vicepresidenta y consejera de Gobernación, Joana Ortega.

El departamento que actualmente dirige Borràs fue el encargado de pedir a los presos de la cárcel de Lérida que elaborasen las urnas de cartón. A pesar de que la competencia transferida de la administración de las prisiones corresponde a Justicia, cartera regional que ostentaba Gordó, y tal y como recuerdan a este medio, «por aquel entonces la Fiscalía del TSJC pasó por alto el detalle».

«Basta de pusilánimes que buscan subterfugios, nos da igual cómo las compre, es su trabajo», sentenció la CUP

La CUP no quiere otro 9N fallido y enseguida abrió ‘fuego mediático’ contra Puigdemont tras asegurar que, «parece que seamos los únicos a los que no se les comunican estos planes». La diputada Mireia Boya aseguró a Puigdemont que «por el procedimiento que sea pero debe comprar urnas y decir que son para el referéndum, basta de pusilánimes que buscan subterfugios, nos da igual cómo las compre, es su trabajo», sentenció. Y agregó que no todo vale, sino que deben ser «urnas clásicas y homologables a nivel internacional».

Cumbre improvisada

Los embistes de la CUP terminaron con la paciencia de Puigdemont que terminó por convocar una cumbre independentista para aclarar «asuntos sobre el proceso» y «mantener el mensaje unitario», según las fuentes consultadas. La formación antisistema le ‘cantó las 40’ al gobierno catalán a puerta cerrada señalando, según las fuentes consultadas, que si tienen miedo a firmar los decretos a favor del referéndum, se ponen ellos al frente.

Junto a Puigdemont compartían mesa el vicepresidente Oriol Junqueras, los diputados de JxSí, Marta Rovira y Jordi Turull, los diputados de la CUP Anna Gabriel, Benet Salellas y Albert Botran así como la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, sentada junto a los presidentes de las entidades Jordi Sànchez, ANC y Jordi Cuixart Òmnium. Los dirigentes de la CUP fueron los primeros en abandonar la reunión junto a Forcadell. Según fuentes conocedoras, a la formación antisistema no le ha servido de mucho las explicaciones de Puigdemont tras echarle en cara que es la segunda vez que se niegan a seguir adelante por miedo a ser inhabilitados.

Sin voto en el exterior

La formación antisistema recordó en la reunión a puerta cerrada que se trata de la segunda ‘huída’ de Puigdemont en menos de una semana. Hace 9 días, la consejera de Gobernación, Neus Munté, y el consejero de Exteriores, Raül Romeva, tuvieron un rifi-rafe a costa de no querer firmar el decreto que, según ellos, valida el voto de los catalanes que viven en el exterior.

Hace unos días, Munté y Romeva tuvieron un rifi-rafe a costa de no querer firmar el decreto que valida el voto de los catalanes que viven en el exterior

Ambos dirigentes aseguraron a sus respectivos equipos que la responsabilidad y el peso de ese encargo corría a cargo del otro y el choque interno sucedió cuando otro dirigente de la Generalitat preguntó sobre los trámites y descubrió que nadie se había encargado de avalar con su firma el procedimiento.

Borràs descargó su responsabilidad asegurando que Romeva se encargó de crear el Registro de catalanes en el exterior mediante el Decreto 71/2014, de 27 de mayo. Una iniciativa que ha roto las expectativas ya que, a día de hoy, y según la Generalitat, sólo se han inscrito alrededor de 5.000 sobre un total de algo más de 195.000 según el censo utilizado en septiembre de 2015.

La realidad es que la campaña por el referéndum no arranca y los consejeros sortean las inhabilitaciones para evitar ‘quemarse’ de cara a las próximas elecciones, cuando la consulta quede en ‘agua de borrajas’. Los ‘cuperos’ siguen recordando la «lucha» que ha supuesto a su formación y los incentivos económicos destinados a un referéndum que, desde el principio sabían que es ilegal, en detrimento de atender a la comunidad. Cabe recordar que sólo a las comunidades catalanas en el exterior, la Generalitat ha concedido casi un millón de euros para promocionar el referéndum según consta en el Diario Oficial del ejecutivo catalán.

Las fuerzas soberanistas son conscientes de que no pueden dar marcha atrás y mantendrán el mismo discurso hasta el 1 de octubre cuando la consulta quede en una protesta más.