El corrupto Trías premió con 7.000€ el documental que defendía al asesino Lanza tras dejar tetrapléjico a un policía
El que fuera alcalde de Barcelona entre 2011 y 2015, Xavier Trías (CiU) premió durante su mandato el documental ‘Ciutat Morta’, que cuestionaba la culpabilidad de Rodrigo Lanza por dejar tetrapléjico a un agente de la Guardia Urbana durante el desalojo de una vivienda okupa, en 2006 (cuando gobernaba el socialista Joan Clos). Lanza-ahora detenido como presunto autor del homicidio de un hombre en Zaragoza por llevar unos tirantes con la bandera española- estuvo cinco años en prisión por aquellos hechos.
Trías reconoció la película con el premio Ciutat de Barcelona, en 2015. No obstante, los directores, Xavier Artigas y Xapo Ortega, declinaron recoger el galardón y, pese a asistir a la ceremonia, dejaron al regidor con la estatuilla en la mano y abandonaron el salón donde se celebraba el acto. Sí aceptaron en cambio la dotación económica, 7.000 euros.
Las reacciones tras la emisión del polémico documental, realizado en 2014 y cuya guionista es precisamente la madre de Lanza, Mariana Huidobro, llevaron además al equipo municipal a anunciar una revisión de la actuación de la Guardia Urbana y de las pesquisas policiales.
El consistorio remitió a la Fiscalía una copia de la película para que valorase si debía reabrir el llamado ‘caso 4F’ y tomase, en su caso, nuevas decisiones. En la instancia, el Ayuntamiento solicitaba formalmente que la Fiscalía adoptase «las iniciativas más apropiadas para aclarar estos hechos nuevos, y a la vista de los mismos haga la valoración jurídica apropiada, con las correspondientes acciones que considere en defensa de la legalidad», puesto que «el documental apunta a una autoría concreta y diferente a la que hasta la fecha conocía el Ayuntamiento de Barcelona».
El teniente de alcalde de Seguridad con Trías, el exconseller de Interior, Joaquim Forn- ahora en prisión por el referéndum ilegal del 1 de octubre-aseguró que el Ayuntamiento no tenía «nada que ocultar» y anunció que, en paralelo, abriría una investigación interna. En concreto, se apuntó a dos agentes de la Guardia Urbana que habían sido condenados por torturas en otro caso y que en el documental eran señalados como autores de distintas agresiones. Forn animó además a que quien tuviese nuevas pruebas sobre el caso las presentase para remitirlas también a Fiscalía.
Los grupos de la izquierda en la oposición, como ERC o ICV- que paradójicamente formaban parte del gobierno municipal cuando sucedieron los hechos-reclamaron a Trías ir al fondo del asunto. También Barcelona En Comú, partido de la alcaldesa Ada Colau (que por entonces era solo una plataforma) reclamó que se pidiese «perdón» a lo que consideró «víctimas» del proceso judicial, los condenados.
El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, consideró también que, ante un caso de debate social, «la Fiscalía podría perfectísimamente decir ‘lo miro’ y después se tendría que aceptar si hay hechos nuevos que justifiquen la reapertura del caso».
El presidente del grupo municipal del PP, Alberto Fernandez Díaz, criticó que quienes pedían la reapertura del caso eran «los mismos que lo cerraron, porque ellos eran quienes gobernaban Barcelona cuando se produjeron los hechos».