El Constitucional blinda a Sánchez: llega al 23J sin enseñar el expediente del indulto a los golpistas

El Tribunal Constitucional (TC) se ha convertido, en la práctica, en aliado político de Pedro Sánchez para las elecciones generales del próximo domingo. Ha sido decisivo para consumar la estrategia del líder del PSOE en un asunto que ha ocultado con especial celo desde hace más de tres años: los polémicos indultos que concedió a los golpistas catalanes, los cabecillas del procés. Condenados por sedición por el Tribunal Supremo, el Gobierno de Sánchez los sacó de la cárcel con unos indultos cuyos expedientes ha escondido a conciencia. Y el Tribunal Constitucional ha consentido que así sea. Dos años y medio después de que se presentara un recurso de amparo para que esos expedientes fueran facilitados al Parlamento, y dos años después de que el Constitucional admitiera a trámite dicho recurso, los magistrados de mayoría de izquierdas singuen sin resolverlo.

Así se llega al 23J. Así han blindado a Sánchez para mantener intacta su estrategia de no desvelar unos informes comprometedores, ante las sospechas de que se saltaron el elemental requisito de la motivación: argumentar de forma razonada y razonable que esos indultos respondían a los principios de justicia, equidad o utilidad pública. El Tribunal Supremo no vio que se cumplieran ninguno de esos requisitos e informó en contra de la concesión de los indultos que, sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez otorgó tras pactar con los secesionistas su sillón de La Moncloa.

Fue el grupo parlamentario del Partido Popular el que presentó el recurso de amparo con el que se ha intentado, sin éxito, que el Constitucional forzara al Gobierno a hacer públicos los expedientes de esos indultos. En esos informes debe aparecer, detallada, la motivación con la que el Gobierno justificó la concesión de la medida de gracia a Oriol Junqueras, Carmen Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Joaquim Forn y Josep Rull.

El Gobierno nunca ha querido verse en la tesitura de enseñar unos informes que, por activa y por pasiva, numerosos juristas entendieron totalmente arbitrarios e injustificables. Entre otras cosas, porque se concedió la medida de gracia a quienes salieron de la cárcel presumiendo de haber sido cabecillas del golpe independentista, sin arrepentimiento alguno y con voluntad expresa de volverlo a hacer.

Moncloa optó por indultar, aguantar la oleada de críticas y que el tiempo echara tierra sobre el asunto. Y lo ha conseguido gracias al Tribunal Constitucional, que en más de dos años no ha encontrado tiempo para resolver el recurso de amparo que presentó el PP, que apeló al Constitucional tras ver vulnerados sus más elementales derechos de acción parlamentaria y de control al Gobierno: tener acceso a un expediente oficial de evidente interés público.

Sintomático fue que el Tribunal Constitucional tardara prácticamente siete meses simplemente en admitir a trámite ese recurso de amparo sobre los indultos a los golpistas catalanes. El PP lo presentó el 9 de diciembre de 2021, y el Tribunal Constitucional no encontró ocasión para decidir su admisión a trámite hasta el 2 de julio de 2022. Y desde entonces, la nada.

El recurso del PP se puso concretamente ante la ocultación de «todos los informes y documentos que integran los expedientes de indulto correspondientes a los nueve condenados en el juicio del Procés, que han sido beneficiados por la concesión de los correspondientes indultos en el Consejo de Ministros de 22 de junio de 2021», según indica el escrito de los populares.

Argumentos del PSOE

El argumento que buscó el Gobierno de Pedro Sánchez para justificar la ocultación fue que esos expedientes «contienen datos personales y familiares sensibles, no podemos darlos de ninguna manera». El Ejecutivo considera que desvelarlos supondría una infracción de la Ley de Protección de Datos. Los expedientes, tal y como establece la Ley de Indultos, permanecen depositados en el Ministerio de Justicia. Al menos esa es la obligación legal.

El Gobierno de Sánchez presumió de «valentía» al conceder los indultos, pero no ha hecho gala de la misma para enseñar los expedientes con los que los aprobó. Y el Constitucional, en la práctica, le ha servido en la práctica para mantener enterrados los expedientes de esos indultos.

La concesión de esa medida de gracia a los cabecillas del golpe independentista de 2017 fue censurada por el Tribunal Supremo (TS). Como tribunal que había dictado la sentencia condenatoria, era el que preceptivamente tenía que informar al Gobierno sobre sus indultos antes de concederlos. Y el Supremo fue contundente al advertir que «deben concurrir razones de justicia, equidad o utilidad pública, principios jurídicos que tienen una estrecha vinculación con el restablecimiento de la legalidad y con el cumplimiento de los fines que persiguen las penas: la reeducación y reinserción socia de los condenados».

El Supremo añadió que «el mecanismo del insulto pretende atemperar el rigor de las penas impuestas en aquellos excepcionales casos en los que la estricta aplicación de la ley conduce a una respuesta punitiva absolutamente desmedida y desproporcionada», supuestos que el Supremo explicó ampliamente que no se daban en los indultos a los golpistas catalanes.

Expertos en Derecho Constitucional consultados por OKDIARIO han coincidido en destacar que resulta «sorprendente» que un recurso de amparo se mantenga congelado en la práctica durante tantos meses, «afectando a algo tan esencial como el ejercicio del control parlamentario en un Estado de Derecho». Más aún –indican– en un asunto que afecta especialmente a los cimientos del Estado, al versar sobre unos «indultos concedidos a favor de quienes intentaron subvertir el orden constitucional, atacar la unidad de España y que fueron condenados por ello con todas las garantías procesales».