El Consejo de Europa avisa a Sánchez de que no cumple ninguna de sus recomendaciones contra la corrupción

El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa ha advertido al Gobierno de España de que, hasta la fecha, no ha cumplido al completo con ninguna de sus recomendaciones relacionadas con la lucha contra la corrupción. El denominado GRECO lamenta la desobediencia del Ejecutivo de Pedro Sánchez en la regulación de los asesores políticos y en la reforma de la figura del aforamiento, así como también en lo referente a la regulación de los lobbies y las agencias relacionadas con altos cargos.

En un informe publicado este viernes, el organismo asociado al Consejo de Europa denuncia que el Gobierno no cumple con ninguna de las 19 recomendaciones que comenzaron en el año 2019 en relación con materias legales y reglamentarias para evitar escándalos de corrupción.

Desde el Consejo buscan el funcionamiento íntegro del Gobierno y por ello se insta a España a cumplir con el cometido lo antes posible, en pro de evitar escándalos de corrupción como el que ha llevado al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, a la cárcel, y que salpica al ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

El GRECO comenzó con sus advertencias a España en 2019, ya con Sánchez al frente del Gobierno. Entonces, el grupo del Consejo de Europa pidió reforzar el régimen aplicable a los asesores, equiparando las exigencias sobre transparencia e integridad al de los altos cargos con funciones ejecutivas. A día de hoy, se considera que la reglamentación no ha sido implementada, según el informe de seguimiento de estas medidas.

Si bien admite que el Gobierno de España ha dado algunos pasos en la materia, en lo referente al denominado Plan de Acción para la Democracia, no se da por suficiente el avance. El plan incluye iniciativas como el acatamiento de estándares de idoneidad, obligación de buena reputación y de contar con la formación adecuada para el puesto.

La ley elaborada por el Gobierno también incluye medidas relativas al régimen de exclusividad y un catálogo estricto de incompatibilidades, así como la obligación de hacer públicas las declaraciones de actividades y de bienes y también los salarios y las agendas de estos asesores políticos. Todas ellas obligaciones equiparables a altos cargos públicos como ministros o parlamentarios.

Sin embargo, el GRECO concluye que la ley todavía no ha sido aprobada por el Consejo de Ministros y por tanto no ha podido evaluarlas, de modo que no puede dar por cumplido este objetivo de regular la labor de los asesores.