El Congreso retrata a Sánchez: le obliga a rebajar los alquileres de Aena para ayudar a 2.500 canarios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sumado este jueves su segunda gran derrota de la legislatura (la primera fue sobre los remanentes municipales) en el Congreso de los Diputados, que le ha ordenado a través de una enmienda de Coalición Canaria bajar los alquileres de los comerciantes en los aeropuertos, afectados también por la crisis del coronavirus.

La noticia de la pérdida de esta importante votación (180 ‘síes’ frente a 16 ‘noes’ y 152 abstenciones) le ha cogido al jefe del Ejecutivo socialcomunista en la isla canaria de La Palma, a donde ha regresado tras su viaje a la Asamblea general de la ONU en Nueva York, para volver a visitar -ya lo hizo días antes- la zona afectada por el volcán en erupción de Cumbre Viaje. Así, mientras Pedro Sánchez luce un perfil humanitario en el archipiélago canario, prometiendo ayudas a los damnificados que todavía tardarán en llegar, el Congreso de los Diputados le ha sacado los colores por no ser condescendiente con los 2.500 canarios a los que afecta la negativa de la empresa pública Aena a rebajar los alquileres de los comercios aeroportuarios. A nivel del conjunto del Estado, se ven perjudicados entre 12.000 y 14.000 puestos de trabajo, según la propia formación proponente.

Los aliados nacionalistas e independentistas del Gobierno han dejado solo a Pedro Sánchez, que junto a su socio en el Ejecutivo han votado abstención en la Cámara baja. Así, los socialistas, como ya hicieran la pasada semana en el Senado, han vuelto a no apoyar dicha enmienda de Coalición Canaria a la reforma de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. El texto impulsado por el senador canario Fernando Clavijo, insta al Ejecutivo a adecuar las rentas por el alquiler de los locales al tráfico aéreo, además de eximir de una parte de la misma a los arrendatarios durante el primer estado de alarma por el coronavirus.

La suma del PP, Esquerra Republicana, Bildu, el PDeCAT y Coalición Canaria permitió introducir esta enmienda en la Cámara Alta. Este jueves, en su debate en el Congreso, ha vuelto a tener el apoyo de la mayoría parlamentaria. El diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, ha subrayado que más del 70% de los comerciantes aeroportuarios son pymes, y no grandes conglomerados. Además, ha recalcado que según datos del pasado junio, la caída de pasajeros como consecuencia de la pandemia ha sido «del 78,8% respecto a 2019».

Por su parte, el diputado del PNV Íñigo Barandiaran ha enfatizado que «la solución a este conflicto debía de haber llegado por el acuerdo». En nombre de Ciudadanos, Juan Ignacio López-Bas ha insistido en que «el mercado no se encuentra actualmente en una situación estable de normalidad, como en la que se calcularon los cánones a pagar a Aena». «Una empresa pública está para cubrir los fallos del mercado que se puedan producir», ha añadido.

Contra Lucena

Por su parte, Ferran Bel, del PDeCAT ha afirmado que «la posición de Aena en este conflicto no se puede comprender», mientras que Joan Capdevilla, de ERC, ha manifestado que «Aena no debería haber desoído olímpicamente la soberanía popular, que es su principal accionista». Llamativa ha sido la intervención del representante de Podemos, Txema Guijarro, quien ha justificado la abstención de los morados, pese a ser parte del Gobierno, en que si bien «compartimos la filosofía de la enmienda y no estamos en contra del contenido, hubiéramos preferido que esto hubiese sido parte de un acuerdo». «Tiene usted que negociar, señor Lucena», ha dicho el parlamentario podemita a su aliado y presidente de Aena, el socialista Maurici Lucena.

Por el grupo de Vox, Patricia de las Heras ha subrayado que están en juego «14.000 puestos de trabajo» y ha explicado el apoyo a la enmienda por los «trabajadores abandonados, por las pymes y por la seguridad jurídica». Desde el PP, la diputada Elena Castillo ha destacado que lo planteado en dicha enmienda es «justo, razonable, legal y ajustado al interés general». En cambio, el diputado socialista Manuel Arribas ha esgrimido que el texto carece de «garantías jurídicas», en línea con la postura de Aena, que está estudiando llevar el asunto al Tribunal Constitucional.