Ayuntamiento de Barcelona

Colau renueva el contrato a unos okupas a los que pagó la reforma del local y no pagan el alquiler

Los okupas, que podrán seguir en el local pese a incumplir constantemente el contrato, causan importantes problemas según denuncian los vecinos

Cataluña ensalza la delincuencia: tramita una ley para pagar un alquiler social a okupas

La okupación en Cataluña tiene premio

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La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. (Foto: Ayto.)

Pese a acumular diez inspecciones y 28 denuncias desde el año 2018, todas resueltas sin sanción por parte de la Guardia Urbana, y no pagar el alquiler simbólico de 665 euros anuales que se les impuso al tratarse de un equipamiento municipal, el Ayuntamiento de Barcelona ha decidido renovar la cesión de una nave en el barrio de Gracia de Barcelona a unos okupas que tienen en pie de guerra al barrio.

La decisión de alargar el contrato, pese a los flagrantes incumplimientos de no haber abonado ninguna de las mensualidades, la ha tomado el equipo de gobierno municipal que lidera Ada Colau. El contrato que tenían vigente expiró el pasado mes de septiembre y, desde entonces, los moradores estaban en su interior de forma alegal. Ahora el consistorio barcelonés ha vuelto a darles cobertura jurídica con un contrato que critican los vecinos.

Y es que la mayoría de los que viven cerca de este local okupado están cansados de las molestias que los habituales del les provocan. Hace casi una década, desde que el ayuntamiento se quedó con la propiedad de esta antigua comisaría de la Policía, que el local es frecuentado por okupas. Y las peleas y jaleo es constante. De ahí, que las visitas de la Guardia Urbana de Colau sean habituales, aunque nunca sean denunciados por la protección de la alcaldesa.

La síndica de Barcelona, defensora de la ciudadanía, exigió también al gobierno municipal que actuase para frenar los múltiples incidentes que habitualmente se producían en las instalaciones y que afectaban al día a día y al descanso de los vecinos del barrio. El consistorio, como en el caso de los impagos de la mensualidad, hizo oídos sordos. Este mismo miércoles, el Parlament dará luz verde a una ley que obliga a dar vivienda social a los okupas.

Cesión tras unas obras gratis

Tras años de okupación ilegal, en 2017 el consistorio cedió las instalaciones a los okupas tras recomendarles constituirse como entidad juvenil. Antes de la cesión, por eso, el ayuntamiento hizo una serie de reformas para arreglar los múltiples destrozos que ya habían hecho los okupas en su propiedad y dejarles el inmueble a punto para ser usado. Todo, pagado con dineros municipales. De ahí que se les impusiera una mensualidad simbólica que nunca han querido pagar.

El local, de tres plantas, está en ubicado en la calle Nil i Fabra, 17-19. Para acondicionar las instalaciones el ayuntamiento, a través del distrito de Gracia, pagó 94.623,95 euros. Una vez finalizadas se entregó el encargo de la gestión del local a la nueva entidad que el ayuntamiento animó a crear a los okupas, tras una negociación que partía del chantaje de los antisistema, en un proceso en el que no hubo ni concurso público ni publicidad al respecto.

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