El CGPJ nombrará a los jueces del Supremo por la falta de acuerdo PSOE-PP

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) retomará este mes de septiembre los nombramientos de magistrados pendientes ante la falta de acuerdo entre PSOE y PP para la renovación del órgano de los jueces.

El pasado mes de julio el Pleno del Consejo decidió retirar como orden del día el debate y votación de cinco nombramientos discrecionales y, tal y como adelantó OKDIARIO, pusieron como fecha límite el mes de septiembre. Esto no transcendió en el acuerdo para no «ejercer presión» entre el Gobierno y la oposición, que se encontraba en plenas negociaciones.

Fuentes judiciales consultadas por este periódico aseguraron que si a la vuelta del verano no existía un avance real, los nombramientos se retomarían. Esto se traducía en «una manifestación pública de que existe un acuerdo» y «fijar la fecha exacta» de la renovación.

Es cierto que estas negociaciones han coincidido en pleno periodo vacacional y con el mes de agosto inhábil, por ello, no era factible que la renovación del órgano de los jueces –que lleva más de un año y medio en funciones– se resolviera antes de septiembre. Pero lo que exigían los miembros del CGPJ era bien distinto: solicitaban exclusivamente que existiera un progreso palpable de estas conversaciones mantenidas entre el Ejecutivo y el PP. Un extremo que no se ha cumplido tras frenarse la negociación.

Paralización en julio

El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, comunicó a los miembros del Consejo que había hablado «con el Gobierno y con el principal partido de la oposición».

Afirmó que ambos les habían transmitido que existían conversaciones para renovar el órgano. Por ello, los vocales sometieron a votación si debían paralizar los nombramientos pendientes: tres plazas de magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y la presidencia de la Audiencia Provincial de Orense.

Los vocales tomaron la palabra para explicar su parecer frente a esta cuestión. Algunos insistieron en la necesidad de votar, pero eran una minoría. Finalmente, la propuesta de retirar del orden del día los nombramientos se saldó con 16 miembros a favor y 5 en contra. Estos votos discrepantes correspondieron a los vocales Carmen Llombart, Nuria Díaz, Ángeles Carmona, Mar Cabrejas y Wenceslao Olea. Llombart además emitió un voto particular al que se sumaron Carmona y Díaz.

Pero no era la primera vez que el Consejo paralizaba estos nombramiento de cargos judiciales. También lo hizo a principios de año confiando en que la institución presidida por Lesmes sería renovada una vez constituido el Gobierno y conformadas las nuevas Cortes Generales tras las elecciones del 10-N.

Sin embargo, ante la completa ausencia de acuerdo entre el PSOE y el PP para abordar una negociación sobre los nombres que habrán de conformar el órgano de gobierno de los jueces, el presidente del CGPJ reactivó el proceso tras finalizar el estado de alarma. Sería en el Pleno de julio, celebrado el último jueves de cada mes, cuando se iban a someter a votación los nombramientos discrecionales de jueces –tres de ellos muy importantes porque ocuparían una vacante en el Alto Tribunal que juzga a los aforados– y volvieron a suspenderlo.

Evitar filtraciones

Estas negociaciones capitaneadas por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en representación del Gobierno y el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López (como interlocutor del PP), se están llevando con máxima la discreción. El objetivo es evitar filtraciones como la del polémico WhatsApp del senador Ignacio Cosidó que desveló el nombre de consenso del que iba a ser el presidente del Tribunal Supremo y el CGPJ: Manuel Marchena.

Esto provocó una retirada del magistrado que renunció a aceptar este cargo tras la oleada de críticas por el reparto del Poder Judicial entre los dos principales partidos políticos. De este modo, Marchena continuó al frente de la Sala Segunda y presidió el tribunal que condenó a los líderes independentistas por delitos de sedición y malversación.

Quejas por esta postura

La asociación Foro Judicial Independiente (FJI) ha rechazado «profundamente» que el Consejo General del Poder Judicial haya acordado paralizar los nombramientos de cargos judiciales ante las noticias de negociaciones parlamentarias para su renovación y le ha acusado de «plegarse a los dictados» del Gobierno.

FJI considera que el órgano de gobierno de los jueces ha «recogido el guante» del Gobierno, tras las declaraciones del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en una entrevista en la que aseguró que la institución presidida por Carlos Lesmes no debía hacer nombramientos antes de ser renovado.