Las cesiones de Sánchez a PNV y Bildu les permitirán crear un estado paralelo ‘a la catalana’

Pedro Sánchez negocia con todos los separatistas en distintas plazas. Pero las recetas se empiezan a trasladar peligrosamente de uno a otro lado, de una a otra región contagiada por el nacionalismo. A los catalanes les ofrece un fraccionamiento de la Justicia; y a los vascos, también. A los catalanes, les ofrece un cupo camuflado; y casualmente procede del modelo vasco.

Y ahora, a los vascos Sánchez les ofrece una eliminación de los controles sobre sus organismos y movimientos financieros; y es justo esa concesión la que permitió -de facto y sin estar plasmada legalmente- a los separatistas catalanes fabricar lo que denominaban las “estructuras de Estado”: el origen del golpe separatista del 1-O. Y todo ello lo hicieron mientras el departamento de Hacienda del entonces ministro Cristóbal Montoro aseguraba que no se había destinado “ni un euro” de dinero público a financiar el referéndum ilegal del 1-O.

Hoy ya no hay misterio: el Tribunal Supremo ha condenado por malversación a los autores del golpe separatista del 1-O. Por lo tanto, queda claro que se destinó dinero público -y no por valor de un euro- a fabricar ese golpe y a financiar ese referéndum ilegal.

Pero, pese a esa evidencia, lo cierto es que Sánchez quiere fraguar legalmente en el País Vasco lo que en el pasado fue una cesión de facto: dejar a los separatistas el poder de ocultar lo que hacen. En Cataluña operó esa cesión de facto por el miedo a actuar y las dudas durante largo tiempo. Un tiempo que se extendió hasta el tramo final de los preparativos del golpe del 1-O, momento en el que el Ministerio de Hacienda decidió por fin intervenir las cuentas y exigir el control inmediato a la interventora catalana.

Pero todo ese tiempo previo fue usado por los separatistas para destinar recursos a fabricar una Hacienda catalana, a desarrollar un censo con el que realizar la votación ilegal, a impulsar una presencia internacional propia de un Estado, a financiar cuerpos de los Mossos especializados en el espionaje a los constitucionalistas, o a costear campañas de imagen dentro y fuera de Cataluña, dentro y fuera de España, con el objetivo de impulsar el voto separatista y de buscar un apoyo internacional que no llegó.

Y ahora, con esa experiencia, Sánchez quiere repetir el esquema de cesiones pero en el País Vasco y, encima, con respaldo legal. Y es que el PSOE está dispuesto a dejar sin supervisión nacional al País Vasco. Un poder, el del Tribunal de Cuentas, que acepta trasladar a entidades controladas por el PNV y EH Bildu -dependiendo de quién mande en cada momento y organismo- a cambio del apoyo de ambos partidos a la investidura del candidato socialista. Y un poder que dejaría todo el control financiero y práctico del País Vasco en sus propios partidos e instituciones.