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Cerco a Sánchez: Bolaños se suma a la ristra de familiares y altos cargos del PSOE ante el juez

Los casos de Begoña Gómez, David Sánchez, José Luis Ábalos y Álvaro García Ortiz, entre otros, acorralan al PSOE

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha sido citado a declarar ante el juez Juan Carlos Peinado en calidad de testigo en el caso Begoña Gómez, sumándose así a la larga lista de medio centenar de personas del entorno del presidente Pedro Sánchez y del PSOE que han tenido que comparecer ante la justicia. Tendrá que aclarar por qué contrató a Cristina Álvarez en el ministerio a pesar de que trabajaba para los negocios personales de Begoña Gómez.

Esta nueva citación agrava la crisis política que vive el Gobierno del PSOE y Sumar. Semana a semana familiares y cargos nombrados por Pedro Sánchez deben comparecer ante el juez por corruptelas varias.

La declaración de Bolaños en La Moncloa se enmarca dentro del caso que arrancó por las cartas de recomendación para que el Gobierno contratara las empresas de Juan Carlos Barrabés, colaborador de los másters y la cátedra de Begoña Gómez. Posteriormente se han abierto varias líneas de investigación como el fichaje de la asesora, la creación de la cátedra en la Complutense y el desarrollo de un software.

Lista de investigados y testigos en las diferentes causas judiciales

  1. Pedro Sánchez – Presidente del Gobierno. El juez Peinado le citó como testigo pero se acogió a su derecho a no declarar contra su pareja.
  2. Begoña Gómez – Esposa del presidente. Investigada por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
  3. Cristina Álvarez – Ex asesora de Presidencia. Investigada por Peinado por impulsar negocios privados de Begoña Gómez desde Moncloa.
  4. Félix Jordán de Urríes – Testigo en el caso Begoña Gómez. Contrató desde una fundación pública a la empresa de su amigo Juan Carlos Barrabés
  5. Alfredo González – Ex secretario de Estado. Testigo por la contratación de la asesora de Begoña Gómez.
  6. Juan Carlos Barrabés – Empresario tecnológico investigado por su relación con Begoña Gómez en la consecución de contratos públicos.
  7. José Luis Ábalos – Ex ministro de Transportes. Investigado principal en el caso Koldo que investiga mordidas en contratos públicos y enchufes a amantes.
  8. Ana María Aranda – Secretaria de Ábalos declaró como testigo en el Supremo que Koldo le pidió salvoconductos covid.
  9. Javier Herrero – Ex director general de Carreteras. Testificó en el Supremo por los presuntos amaños de contratos de Transportes denunciados por Víctor de Aldama.
  10. Alejandro de las Alas – Oficial Mayor del Ministerio de Transportes. Testificó por la distribución de las mascarillas de la trama.
  11. Koldo GarcíaEx asesor de Ábalos. Investigado clave por su implicación en el presunto reparto de comisiones, amaño de contratos y favores varios, como la ayuda para que Villafuel lograra el título de operador.
  12. Patricia Uriz – Ex secretaria en Transportes y ex pareja de Koldo. Está investigada por ocultar el incremento patrimonial salvaje de Koldo.
  13. Jésica RodríguezEscort amante de Ábalos. Declaró por cobrar dos años y medio de empresas públicas sin trabajar y por disfrutar de un piso de lujo en la Plaza de España de Madrid.
  14. Joseba García IzaguirreHermano de Koldo García. Investigado por poner a su nombre patrimonio de Koldo. Declaró que ayudó a rellenar los partes de trabajo falsos de Jésica.
  15. Álvaro Sánchez Manzanares – Ex director de Puertos del Estado. Declaró por las reuniones que mantuvo con Koldo y porque su empresa contrató mascarillas a Soluciones de Gestión SL.
  16. Michaux Miranda – Ex responsable de Recursos Humanos de ADIF. Declaró por los enchufes a Jésica Rodríguez, Joseba García, entre otros
  17. Jesús Manuel Gómez – Ex subsecretario de Transportes. Señaló a Ábalos como impulsor de los contratos millonarios con la trama.
  18. Francisco Toledo – Ex presidente de Puertos del Estado. También declaró como testigo por los contratos.
  19. Javier Sánchez Fuentefría – Ex director general de Organización e Inspección del Ministerio de Transportes. También apuntó a Ábalos como impulsor de los contratos.
  20. Isabel Pardo de Vera – Ex presidenta de ADIF. Testigo en el asunto de los enchufes.
  21. Álvaro García Ortiz – Fiscal general del Estado. Imputado por revelación de secretos por filtrar los emails del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso.
  22. Pilar Rodríguez – Fiscal provincial que envió los emails del caso de Alberto González Amador a García Ortiz tras pedirlos al fiscal de delitos económicos del caso. Bromeó con meter «cianuro» en un escrito oficial sobre el caso.
  23. Juan Lobato – Ex secretario general del PSOE de Madrid. Declaró como testigo por recibir de Moncloa los emails antes de una sesión de la Asamblea de Madrid.
  24. Pilar Sánchez Acera – Ex jefa de gabinete de Óscar López y número dos del PSOE de Madrid. Declaró como testigo por enviar a Juan Lobato los correos por WhatsApp.
  25. Francesc Valles – Ex secretario de Estado de Comunicación. Testificó que nunca tuvo los correos a pesar de trabajar mano a mano con Sánchez Acera.
  26. Carlos Moreno – Jefe de gabinete de la ministra de Hacienda. Declaró como testigo por recibir presuntamente 25.000 euros de dinero negro de manos de Koldo García como detalle de Aldama.
  27. David Sánchez – Hermano del presidente Pedro Sánchez. Imputado por su contratación sospechosa en la Diputación de Badajoz como músico sin ir a trabajar.
  28. Luis Carrero – Asesor de Moncloa que dio el salto a la Diputación de Badajoz tras meses trabajando en Presidencia para el hermano de Sánchez.
  29. Miguel Ángel Gallardo – Líder del PSOE extremeño y de la Diputación de Badajoz. Investigado por el enchufe a David Sánchez.
  30. Elisa Moriano –  Ex directora del Área de Cultura de la Diputación.​
  31. Cristina Núñez – Ex delegada del Área de Cultura.​
  32. Juana Cintas – Ex directora de Recursos Humanos.​
  33. Manuel Candalija – Actual director de Cultura y ex jefe de Servicio de Actividades Culturales.​
  34. Félix González – Jefe de sección de Gestión Administrativa y ex responsable de Recursos Humanos.
  35. Alejandro José Cardenal – Jefe de servicio de Administración de Recursos Humanos.
  36. Ricardo Cabezas Martín – Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz y diputado delegado del Área de Cultura, Deporte y Juventud.
  37. Francisco Martos – Diputado del PSOE que protege al hermano de Sánchez que se enfrenta a tres años de prisión por acoso.
  38. Julián Expósito – Dirección del Área de Presidencia y Relaciones Institucionales de Badajoz.
  39. Tito Berni – Juan Bernardo Fuentes, ex diputado del PSOE. Imputado por amaños de contratos públicos.
  40. Taishet Fuentes – Sobrino de Tito Berni. Imputado.
  41. Conrado Domínguez – Ex director del Servicio Canario de Salud. Imputado.
  42. Álvaro de la Bárcena ArganyViceconsejero del Gobierno canario bajo la batuta del PSOE.
  43. Pilar Bernabé – Delegada del Gobierno en Valencia. Testigo en el caso de la DANA. Declaró sobre la gestión de la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Agencia Estatal de Meteorología.
  44. Miguel Gracia – Presidente de la Diputación de Huesca. Imputado por contratos sospechosos.
  45. José Luis Cabo – Alto cargo con Teresa Ribera. Investigado por las licencias a empresas de hidrocarburos.
  46. Enrique Rico – Concejal del Ayuntamiento de Madrid. Tendrá que declarar como testigo por el boicot al autobús de HazteOir.
  47. Noelia Posse – Ex alcaldesa de Móstoles. Investigada por fraccionar contratos municipales y perdonar deudas.
  48. Natalia de Andrés – Ex alcaldesa de Alcorcón. Inhabilitada a gestionar empresas.
  49. Aitor Cubo – Director general de Transformación Digital del Ministerio de Justicia imputado por la desaparición de pruebas.
  50. Rafael Rubio – Subdelegado del Gobierno en Valencia procesado por contratar una asesora que cobraba sin trabajar

La oposición ha criticado duramente lo que considera un «cerco judicial sin precedentes» al Ejecutivo. El PP pide explicaciones y Vox ha señalado que «estamos ante el Gobierno más corrupto de la democracia», mientras que desde el Ejecutivo defienden que se trata de una «cacería judicial» con motivaciones políticas.