El juez cita a Bolaños por contratar a la directora de Moncloa que Begoña Gómez usó para sus negocios

Por su parte, Cristina Álvarez negó ante Peinado haber realizado gestiones con la Universidad Complutense de Madrid (UCM) o empresas patrocinadoras para beneficiar a la esposa del presidente del Gobierno antes de la creación de la cátedra en octubre de 2020.

En su segunda declaración, esta vez como investigada, contestó únicamente a su abogado. Durante poco más de 10 minutos, el abogado de Álvarez –el reputado letrado penalista José María de Pablo– le preguntó a su representada si hizo alguna gestión relacionada con la cátedra de la UCM antes de la firma del convenio de creación suscrito en octubre de 2020, en referencia a contactos, correos o reuniones.

Álvarez ha asegurado que antes de dicha firma ni pidió ni influyó sobre ningún trabajador de la Complutense ni de ninguna empresa patrocinadora –como Reale o Google– para obtener nada, ni para ella ni para Gómez, al tiempo que ha insistido en que no se prevalió de su cargo para ninguna solicitud.

Además, la asesora de Moncloa ha señalado que no conocía a nadie de la UCM o de las empresas patrocinadoras antes de la firma del convenio para la creación de la cátedra al que ha hecho referencia.

Antes de empezar la declaración, la defensa de Álvarez ha pedido al titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, el juez Juan Carlos Peinado, que se le informase formalmente de por qué se le investigaba en este caso. La comparecencia se ha retrasado unos minutos porque ha acudido presencialmente a la secretaría del juzgado para ser informada y, posteriormente, ha vuelto a la sala para el interrogatorio.

Cabe recordar que en diciembre, al declarar como testigo, Álvarez explicó que se le había nombrado asesora para ayudar a Gómez con temas oficiales y privados. Señaló que la conocía desde hacía tiempo, que ella misma le había contactado para que trabajase en Moncloa como su persona de «confianza» y que no pasó por ningún proceso selectivo.

Según fuentes presentes en el interrogatorio, Álvarez reconoció haber enviado y recibido emails relacionados con las actividades privadas de Gómez porque estaba a cargo de su agenda; también aseguró que había mantenido conversaciones con cargos de la UCM. Todo ello después de que se creara la cátedra.

Correos incriminatorios

En el sumario de la causa, consta un correo de octubre de 2022 en el que dos miembros de la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la UCM informan a Álvarez de cómo registrar el dominio de la página web del máster. Dicho correo fue enviado también a la Gómez y a Blanca de Juan, coordinadora del Máster en Transformación Social Competitiva. Aunque en ese caso Álvarez aparecía en copia con un email de una cuenta personal, en una cadena de correos recogida en el sumario figura con una cuenta de correo oficial de Presidencia del Gobierno.

En un principio, el juez descartó imputar a Álvarez, pero este febrero cambió su situación procesal para investigar su presunta participación en hechos que podrían ser constitutivos de delitos. Es la cuarta persona imputada tras declarar como testigo en el marco de esta causa: lo mismo le pasó al empresario Juan Carlos Barrabés, al rector de la UCM Joaquín Goyache y al directivo del IE Juan José Güemes.

La defensa presentó un recurso contra la decisión del juez al considerar que éste le tendió «una trampa» al utilizar su declaración como testigo para imputarla.