Celaá promociona el árabe en las aulas mientras expulsa el español

El Ministerio de Educación ha lanzado un portal de Programas Lingüísticos para impulsar las iniciativas que fomenten el aprendizaje de lenguas extranjeras, como el árabe. Todo ello, mientras la ministra Isabel Celaá margina el español en su nueva ley educativa, la polémica Ley Celaá, recientemente aprobada.

El departamento señala que «más de 60.000 alumnos se benefician cada año de uno de los cuatro programas lingüísticos de ámbito nacional», coordinados por el Ministerio y gestionados por las comunidades autónomas.

Estos programas se desarrollan en colaboración con Reino Unido, Francia, Marruecos y Portugal. Ahora, el Ministerio de Celaá los promociona a través de un nuevo portal de Programas Lingüísticos, con toda la información sobre los diferentes planes educativos.

Entre esos programas, el Ministerio coordina el correspondiente a lengua árabe y cultura marroquí, financiado por el Gobierno de Marruecos a través de la Fundación Hassan II, y que se realiza en colaboración con la Embajada de Marruecos en España.

En la actualidad, se imparte en 354 centros de Educación Primaria y Secundaria de 11 comunidades autónomas, y participan más de 7.100 alumnos. Aunque en un principio va dirigido al alumno marroquí, Educación señala que está abierto «a los interesados en aprender la cultura y la lengua árabes».

Entre sus objetivos se encuentra «proporcionar al alumnado marroquí una formación que le permita salvaguardar su identidad y vivir su cultura respetando la del país de acogida» o «fomentar la educación intercultural». Se imparte tanto dentro como fuera del horario lectivo.

Educación también promociona el Programa Educativo Bilingüe, realizado en colaboración con el British Council; o el Bachibac, creado con el Gobierno francés. Por último, el Programa de Lengua y Cultura Portuguesa se desarrolla en colaboración con la Embajada de Portugal a través del Instituto Camões.

La ministra Celaá promueve así la enseñanza de otros idiomas, algo lógico pero que contrasta con el ataque al español, según su ley de Educación.

La polémica Ley Celaá fue aprobada el pasado noviembre entre una gran polémica por el trato marginal que concede al castellano. Para sacar su plan adelante, el Gobierno contó con el apoyo del ERC, PNV, Más País-Equo y Compromís. En contra votaron el PP, Vox, Ciudadanos, la CUP, Coalición Canaria, UPN, Foro Asturias y Partido Regionalista Cántabro, mientras que Bildu, Junts per Catalunya, BNG o Teruel Existe se abstuvieron.

El texto de la nueva ley suprime la referencia al castellano como lengua vehicular en la enseñanza.

Mientras se margina en España, paradójicamente, los Presupuestos Generales del Estado apuestan por expandir su enseñanza en el resto del mundo.

En concreto, dentro de los planes del Ministerio de Educación, se señala que uno de los objetivos será «el mantenimiento de vínculos culturales y lingüísticos de los residentes españoles en el exterior» junto con «la promoción y organización de programas de apoyo en el marco de sistemas educativos extranjeros para la enseñanza de la lengua y cultura españolas».

El plan de Isabel Celaá incide en atender «la demanda de enseñanzas de lengua por parte de la población española residente en el extranjero que desea mantener sus vínculos culturales con nuestro país», para lo que destaca las Agrupaciones de Lengua y Cultura Españolas, que funcionan en la actualidad en 12 países -Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia, Luxemburgo, Holanda, Irlanda, Reino Unido y Suiza-, que suman 365 aulas.

Ley polémica

La ley también incluye que en el plazo de 10 años los centros ordinarios tengan los medios para escolarizar al alumnado de los centros de Educación Especial o que las administraciones darán suelo público gratis sólo para construir centros públicos y no concertados.

Las comunidades gobernadas por el Partido Popular no aplicarán este próximo curso la polémica ley.

La Comunidad de Madrid, por ejemplo, ya ha aprobado el decreto que eleva los conciertos educativos de 6 a 10 años, y que «garantiza la libertad de elección» de 360.000 alumnos

Esta medida ha sido adoptada ante la «disconformidad» del Ejecutivo regional tras la decisión del Gobierno de la nación de reducir «el papel de la educación concertada como una red subsidiaria y no complementaria de la pública, eliminando el concepto de la demanda social, la cesión de terrenos y la educación diferenciada».