Celaá no hará pública su nueva declaración de bienes hasta que deje el Gobierno

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Isabel Celaá, no revelará cómo ha sido la actualización de su declaración de bienes tras las exclusivas de OKDIARIO, hasta que deje el Ejecutivo. Así lo explican fuentes del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, departamento que tiene la competencia de la Oficina de Conflicto de Intereses, en conversación con OKDIARIO.

La ministra Meritxell Batet ha revelado este martes en la sesión de control al Senado que Celaá ha actualizado la declaración de bienes que rellenó el pasado junio, al acceder al cargo, y que publicó el Boletín Oficial del Estado el pasado 29 de septiembre. Sin embargo, los nuevos datos incluidos no se puede hacer públicos, señalan tales fuentes, hasta que la ministra abandone su responsabilidad dado que así lo estipula la normativa vigente, sostienen. Batet ha sustituido a Celaá en la sesión de control pese a que la pregunta de la senadora del PP Arenales Serrano sobre la falta de transparencia de la ministra iba dirigida a la portavoz del Gobierno.

La ley del Alto Cargo de 2015, aprobada bajo mandato del Ejecutivo de Mariano Rajoy, fue redactada, según apuntan las fuentes ministeriales citadas, para verificar si ha habido un enriquecimiento durante la estancia en el puesto gubernamental. Por ello, señalan, se pueden realizar actualizaciones de bienes cuando se vayan adquiriendo.

Lo que no contempla la ley es ir publicando, comentan desde el Ministerio, cada actualización de bienes que se produzca, algo que contrasta con lo que ocurre en el Congreso de los Diputados, donde la modificación del patrimonio sí se hace pública. Así lo ha hecho, por ejemplo, recientemente Pablo Iglesias, Irene Montero y Carolina Bescansa sobre sus chalets en Galapagar (Madrid).

«Ingresos percibidos»

La actual ley del Alto Cargo dice en su artículo 17 que se deberán presentar las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales «en el plazo improrrogable de tres meses desde su toma de posesión y cese, respectivamente». Además, el artículo 23 afirma que «la situación patrimonial de los altos cargos será examinada por la Oficina de Conflictos de Intereses al finalizar su mandato para verificar los siguientes extremos: el adecuado cumplimiento de las obligaciones reguladas en esta ley; y la existencia de indicios de enriquecimiento injustificado teniendo en consideración los ingresos percibidos a lo largo de su mandato y la evolución de su situación patrimonial».

En su declaración de bienes publicada en el BOE el pasado septiembre, Celaá no informa de que posee dos pisos unidos en uno con una superficie de más de 310 metros cuadrados en el barrio más lujoso de Gecho (Vizcaya). La valoración real de estos inmuebles en el histórico palacete vasco Casa Tangora ronda los 2 millones de euros. Celaá los incluyó en su declaración con un valor más redondo: cero euros. Y ello, bajo el pretexto de que el Catastro aún no había valorado estos bienes por proceder de la remodelación de la finca en que se encuentran.