Manifiesto firmado por la hoy alcaldesa en 1998

Carmena criticó el "empecinamiento policial" contra ETA tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco

Okdiario

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y candidata de 'Más Madrid' al 26-M, firmó el manifiesto 'Por una salida dialogada al conflicto vasco', en el que se critican las "soluciones estrictamente policiales" como "única vía de pacificación".

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y candidata de ‘Más Madrid’ a las elecciones del próximo 26 de mayo, firmó, en marzo de 1998, un manifiesto en el que se criticaba la actuación policial contra ETA y se acusaba al Estado de "empecinamiento" en las "soluciones estrictamente policiales" como "única vía de pacificación". El texto, ‘Por una salida dialogada al conflicto vasco’, fue suscrito apenas ocho meses después del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Entre los firmantes, 145, se encontraban intelectuales, magistrados, catedráticos, artistas y periodistas.

En el manifiesto, solicitaban al Gobierno de José María Aznar una apuesta por "la vía del diálogo y la negociación sin condiciones", entendiendo que las soluciones "estrictamente policiales que se exaltan y refuerzan hoy con empecinamiento proporcionan a los ciudadanos falsas expectativas y ofrecen como resultado un saldo negativo".

En su opinión, el "balance" de esa política serían "atentados contra las vidas humanas, sufrimiento y dolor, vulneración de derechos humanos, recorte de libertades, espiral de odio, deterioro de la convivencia y una peligrosa división social".

Los firmantes creen que "los movimientos ciudadanos que han tenido lugar desde julio del 97", fecha del asesinato de Blanco, "no pretenden solamente condenar la violencia potenciando sistemas policiales como única alternativa, tal y como interpreta interesadamente la versión oficial difundida por los medios de comunicación".

"Desde nuestro punto de vista el mensaje es más profundo: se reclama con insistencia desde la calle el deseo de vivir en paz, sin tener que lamentar víctimas. Nos negamos a admitir que la honesta exposición de esta valoración sea considerada "dar alas a la violencia", cuando en realidad supone la democrática defensa de alternativas dialogadas para lograr objetivos serenos y racionales", escriben también.

Acercar presos

Los firmantes, entre ellos Carmena, consideran que "dejar en manos de ETA, esperando que abandone las acciones violentas, el comienzo del diálogo, supone retrasar el inicio de un proceso de paz demandado con insistencia". En su opinión, "sería un gesto significativo el cumplimiento de la ley acercando a los presos a sus lugares de origen" y alentar "una mayor participación política de HB".

"No queremos más años de sufrimiento, ni más muertos, ni medios represivos, ni vencedores ni vencidos. Invitamos, en uso de la razón, a un público compromiso con el diálogo y la negociación para la paz en Euskadi", se puede leer en el texto.

Los firmantes se refieren también a la violencia terrorista como un "conflicto"  "predominantemente político" y que "procede de atrás" destacando que "desde la Transición" no hubiese "existido un consenso suficiente que posibilitara una salida dialogada a una resolución de derechos colectivos". "En el Estado español, tras veinte años de democracia se sigue manteniendo una situación de conflicto que genera sufrimiento y dolor sin que hasta el momento las estrategias empleadas hayan contribuido al objetivo de conseguir la paz", se dice en otro momento.

Manuela Carmena Íñigo Errejón
Manuela Carmena e Íñigo Errejón, de Más Madrid

Víctimas y verdugos

En 2013, la actual regidora madrileña firmó, como autora, un informe encargado por el Gobierno vasco en el que se acusaba a las fuerzas de seguridad de ser responsables de 94 muertes en la lucha contra ETA.

El documento, ‘Informe-base de vulneraciones de derechos humanos en el caso vasco (1960-2013)’, iba firmado también por el obispo emérito de San Sebastián, Juan María Uriarte, quien, en su presentación, afirmó que el Estado había "contraído cierta deuda moral con la sociedad" por "haberse propasado en su respuesta a las agresiones de ETA". Según Uriarte, el Estado debía pedir "perdón" por las actuaciones policiales contra la banda.

El informe atribuye a esas actuaciones un total de 94 muertes (bajo custodia policial, en controles policiales o similares, por abusos, en altercados de policías fuera de servicio o en manifestaciones y movilizaciones) y 746 heridos.

El documento equiparaba a las víctimas de la banda, con sus verdugos y también con aquellas de grupos "parapoliciales o de extrema derecha" entre los que citaban a los GAL.

En sus conclusiones, los autores consideran que "todas las víctimas de violaciones graves de derechos humanos tienen derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación" por igual.

Por ello, instan al Estado a seguir las recomendaciones internacionales en derechos humanos, a la sociedad a "realizar una lectura autocrítica y responsable del pasado, con una mirada preferencial a las víctimas, sobre todo a aquéllas cuya vida fue segada injustamente" y a los partidos a "preservar las políticas públicas de derechos humanos y de acompañamiento a las víctimas al margen de la lucha partidaria". El informe instaba a investigar los crímenes de ETA sin resolver pero también "las violaciones de los derechos humanos no clarificadas y cometidas por las fuerzas de orden público, o por grupos violentos ya fueran estos controlados o incontrolados, así como cualquier otra práctica legislativa, ejecutiva o judicial que hubiera podido desembocar en vulneración de los derechos humanos". Además, proponían una educación basada en "una política de memoria incluyente".

Empatía

Los autores consideraban además equivalente el sufrimiento de los familiares de víctimas de ETA y de los presos de la banda.

"La empatía es el signo más elemental de humanismo y civilización. Nuestra historia reciente registra también mucho sufrimiento de este tipo. Piénsese en el ámbito familiar. El padecimiento de cada miembro de la familia de alguien que se ha visto amenazado, extorsionado o difamado por ETA. El padecimiento añadido de las familias de los presos, o el de cada una de las familias de los 40.000 personas detenidas, de las que, según el Ministerio de Interior menos de 10.000 fueron imputadas por su relación con ETA. Pero, sobre todo, téngase en cuenta que 277 personas más han perdido la vida de muy diversas maneras en acontecimientos o circunstancias vinculadas a la violencia: suicidios, enfrentamientos, manipulando su propio armamento, por disparos fortuitos entre cuerpos policiales… Aunque todo ello no puede considerarse en sentido estricto vulneración de derechos humanos, forma parte de la memoria de lo sucedido", concluye.

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