Belarra exige a Sánchez la paralización inmediata de todos los desahucios de la SAREB

Podemos continúa con su labor de dinamitación de la seguridad jurídica. Y uno de los focos en los que se ha centrado es en la reformulación de la SAREB. Belarra quiere usar su nuevo estatus para frenar de forma inmediata todos los desahucios en los inmuebles de esta sociedad.

La exigencia ha sido ya trasladada al Congreso de los Diputados. Y plantea el desarme de la SAREB de cara a proteger los inmuebles que posee. Es más, de regularse este perdón masivo a los usuarios de los inmuebles de la sociedad, la medida se convertiría en un anuncio gigante al impago y, por lo tanto, al deterioro brutal de las cuentas de la SAREB.

Podemos ha registrado ya en el Congreso su documento. Y en él señala que «la creación de una sociedad de gestión de activos inmobiliarios, popularmen­te conocida como banco malo, fue una de las condiciones impuestas en el MoU, el Memorándum de Entendimiento firmado con la Unión Europea para el rescate de España en 2012”.

La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Ban­caria (SAREB), fue creada, efectivamente, con el objetivo de comprar parte de los activos tóxicos y problemáticos que tenía la banca para limpiar sus balances y eliminar el lastre que en ellos tenían los activos improductivos.
“Viviendas y suelos que estaban en poder de las entidades después de haber sido ejecu­tadas las garantías e hipotecas de quienes no habían pagado los préstamos firmados, además de créditos fallidos con enormes dificultades de recupera­ción, fueron traspasados a este «banco malo» para que las entidades dejasen de tener el lastre de tener que provisionar esos activos que no les generaban más que gastos y les obligaban a reservar capital”, recuerdan los de Belarra.

El texto de Podemos prosigue afirmando que “para que no impactase negativamente en las cuentas de las Administraciones Públicas, SAREB se constituyó con mayoría de accionistas privados sin con­solidar su balance con las cuentas del Estado. Fue financiada con recursos públicos que suponían un 95,31% del total, pero el porcentaje de propie­dad accionarial público sólo sería del 45,68%. Al mismo tiempo, los socios privados que sólo aportaban el 4,69% de la financiación total, se quedaban con el 54,33% de las acciones”.

La notificación de la Unión Europea de abril de 2021 en el contexto del Procedimiento de Déficit Excesivo de 2020 “desmontó la estrategia y supuso la integración contable de SAREB como parte de las Administraciones Pú­blicas”, añade Podemos. Y, como consecuencia de la reclasificación de la actividad de la compañía, la sociedad, ahora, “repercu­te directamente sobre las cuentas públicas con efectos desde 2020. Ha su­ puesto un incremento en el déficit público de 2020 de 9.891 millones de euros (0,88% del PIB) y un incremento de la deuda PDE consolidada de las Administraciones Públicas de 34.145 millones de euros en diciembre de 2020 (3,05% del PIB)”.

SAREB adquirió inmuebles, créditos y suelo por valor de 50.781 mi­llones de euros después de aplicar un descuento medio del 52% sobre el que tenían en las entidades. Es decir, activos contabilizados en las entidades ban­carias nacionalizadas por 107.121 millones de euros, fueron adquiridos por el «banco malo» por 50.781 millones.

Como consecuencia de todo el proceso, se ha aprobado un Real Decreto para eliminar los límites a la participación del Estado en el accionariado de SAREB, “permitiendo, así, la nacionalización de facto”, afirma el partido morado. Y ese decreto es el que quiere usar Podemos para bloquear los desahucios:”La aprobación del Real Decreto-ley 1/2022, de 18 de enero, por el que se mo­difica el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos y en particu­lar el régimen de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Rees­tructuración Bancaria deja en evidencia la negligente actuación en la gestión de esta sociedad y la necesidad de modificar la forma de actuar”.

Y, por ello, el partido de Ione Belarra pide crear “una comisión de investigación parlamentaria que esta­blezca las responsabilidades políticas de unas decisiones que han causado un descomunal coste y quebranto de fondos públicos que ascien­de, de momento, a 14.500 millones de euros, de los que 12.000 millo­nes son públicos y a la asunción de casi 35.000 millones de deuda”.

También pide la modificación “del objeto social de SAREB para convertir a esta sociedad en una herramienta pública para garantizar el derecho a la vivienda con duración indefinida. Para ello la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria deberá depender del mi­nisterio que tenga las competencias a nivel estatal en materia de vivienda.

Y, además, “SAREB realizará una gestión social del parque de viviendas actual de SAREB integrando las mismas el parque social para garantizar acceso a la vivienda de la población, especialmente la más vulnerable” y «se suspenderán de forma indefinida los procedimientos de desahucio con objeto de que los servicios sociales puedan ofrecer soluciones a las personas que habiten viviendas propiedad de SAREB y que se en­cuentren en situación económica sin alternativa habitacional”.