Batet condecora a un letrado del Congreso tras encargar el informe que avala a Alberto Rodríguez

La presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, condecoró a un miembro de los servicios jurídicos de la Cámara tras encargar a este cuerpo el informe que avala la permanencia de Alberto Rodríguez (Podemos) con la condición de diputado pese a haber sido condenado en firme e inhabilitado por el Tribunal Supremo por patear a un policía.

Precisamente, el galardón otorgado por Batet este lunes a Manuel Delgado-Iribarren, letrado de las Cortes Generales y director de la Secretaría Técnica de la Junta Electoral Central, fue la Cruz al Mérito Policial dentro de la categoría civil con motivo de la celebración del Día de los Santos Ángeles Custodios.

En un acto celebrado en el Patio de Floridablanca de la Cámara Baja, la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, hizo entrega de la Cruz al Mérito Policial a los trabajadores del Congreso Manuel Delgado-Iribarren, letrado de las Cortes Generales y director de la Secretaría Técnica de la Junta Electoral Central; Amalia Olivares, jefa del Departamento de Mantenimiento e Instalaciones; y Concepción López, jefa del Área de Atención a Usuarios.

A continuación, impuso la insignia a ocho funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía: el oficial César Calvo y los agentes Jesús Pizarro, Iván Folgueira, David Jorrín, Juan Carlos Jiménez, Fernando Pérez, Eusebio González y Jesús Lastra.

En su discurso, la socialista Batet felicitó tanto a los policías como al personal del Congreso, que fueron condecorados por su actuación y «mérito». La Orden Ministerial de Concesión de las Condecoraciones fue firmada por el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, pero la entrega corrió a cargo de la presidenta de la Cámara, responsable del personal funcionario civil y con «facultad de policía en el interior» de esta sede, según la Constitución.

Horas después de la entrega de medallas, se supo que el informe encargado por Batet días atrás a los servicios jurídicos del Congreso, a cuyo cuerpo pertenece el galardonado Manuel Delgado-Iribarren, rechaza retirar la condición de diputado al condenado Alberto Rodríguez y no atiende la inelegibilidad sobrevenida argumentada por el Tribunal Supremo respecto a su inhabilitación.

Sin firma

Además, ese informe que este martes verá la Mesa del Congreso, donde PSOE y Podemos tienen la mayoría, no aparece firmado por nadie. Un hecho que no ha pasado inadvertido para la oposición, que pedirá explicaciones a Batet en la reunión del máximo órgano de gobierno de la Cámara.

En el citado informe, al que tuvo acceso OKDIARIO, se dice que «no resulta de aplicación el artículo 6.2 b) de la LOREG, de acuerdo con el cual la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo es causa de inelegibilidad, pero solamente respecto de determinados delitos, entre los que no se incluye el de atentado a agentes de la autoridad».

El Tribunal Supremo condenó a Alberto Rodríguez como autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad a una pena de 1 mes y 15 días de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. La pena de prisión quedó sustituida por pena de multa de 90 días con cuota diaria de 6 euros (en total, 540 euros).

Como el condenado

En cuanto a esa sustitución, el informe de los letrados agrega que «atendiendo al literal del artículo 6.2 a) de la LOREG, que vincula la inelegibilidad con la condena penal firme a pena privativa de libertad en el período que dure la pena, no cabría apreciar en este caso la concurrencia de tal inelegibilidad, toda vez que la pena privativa de libertad, en tanto que sustituida ab origine, no ha llegado a nacer en ningún momento». Este es uno de los argumentos presentes en el escrito que el propio condenado Alberto Rodríguez elevó la semana pasada a la Mesa del Congreso en contra de la sentencia del Supremo.

El escrito de los letrados también dice que «sus conclusiones se exponen sin perjuicio de que las mismas puedan verse afectadas por eventuales pronunciamientos posteriores del Tribunal Supremo o de la Junta Electoral Central», órgano supervisor que todavía tiene que dirimir esta cuestión.