Los promotores denuncian que Sánchez e Illa quieren expulsar la inversión de España

Las promotoras inmobiliarias consideran que tanto el Gobierno Central como el Ejecutivo autonómico catalán están expulsando con sus discursos y políticas a los inversores interesados en el mercado inmobiliario español, cuando el capital del sector privado «es imprescindible». Creen que la permanente demonización de los propietarios sólo favorece la división social y la escasez de la oferta de vivienda.

En este sentido, los agentes del sector creen que tanto Pedro Sánchez como Salvador Illa se han lanzado a una ofensiva antiinmobiliaria de continuas amenazas sobre intervenir y castigar a aquellos que se aventuran a invertir en real estate. Apuntan, además, que la decisión de mover la gran feria inmobiliaria The District a Madrid y abandonar así Barcelona está motivada porque es considerada una sede más estable y amable en su relación con los grandes fondos y las consultoras inmobiliarias.

Y es que, a los discursos de Illa se suman los del Ejecutivo municipal de Barcelona, donde Collboni ha exprimido políticas como la reserva del 30% de vivienda protegida en nuevas promociones o la moratoria de licencias turísticas. La presidenta de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), Carolina Roca, frente a esto, se muestra satisfecha de que la Comunidad de Madrid sí que esté aprobando reformas «disruptivas». 

Desde la asociación consideran que «el modelo propuesto por el Gobierno de España no está funcionando» y subrayan que sus políticas están sometiendo a la población a un permanente enfrentamiento entre propietarios e inquilinos. «Criminalizan al propietario y le culpan de la situación actual», protestan. Y subrayan: «Están interviniendo el mercado y creando una situación de completa inseguridad».

Madrid, un oasis para la inversión

Según los datos aportados por Roca, la Comunidad Autónoma madrileña tiene identificado suelo para unas 240.000 viviendas y otro para 360.000 en fases previas, cuya activación depende de fomentar la «seguridad jurídica, la agilidad normativa» y de poner incentivos a la inversión.

En su último anuario Asprima destaca que la región aporta «libertad para elegir y responsabilidad para actuar» y que entiende la política de vivienda «como un instrumento para garantizar oportunidades, no como una excusa para restringir libertades». En esta línea subraya que el modelo está funcionando «porque respeta la iniciativa privada, impulsa la colaboración con el sector y actúa donde es necesario, sin asfixiar el mercado».

Sobre esto, Diego Bestard, CEO y fundador de Urbanitae, añade que mejorar la fiscalidad y «eliminar trabas como el límite máximo de cinco millones que pueden levantar las plataformas de financiación participativa por operación» también contribuirían a fomentar la llegada de inversión: «Es importante tomar decisiones para movilizar el capital que el sector necesita para dar respuesta a una demanda social de tanto calado».

Jorge Rodrigo Domínguez, Consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, por su parte, explica que para abrir un camino diferente «hay que escuchar al sector, a los promotores, a los arquitectos, a los gestores y a los colegios profesionales»: «Es clave para seguir ampliando la oferta de vivienda en nuestra región y desarrollando un mercado inmobiliario competitivo y socialmente útil», sentencia.