Ayuso y Moreno avisan a Feijóo: asumir el impuesto a las grandes fortunas pondrá en riesgo sus cuentas

Los gobiernos de Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno en Madrid y Andalucía, respectivamente, han trasladado a la dirección del PP de Alberto Núñez Feijóo el «riesgo» que supondrá para sus cuentas autonómicas si asumen el nuevo impuesto de grandes fortunas anunciado por el Gobierno de Pedro Sánchez «por la puerta de atrás» en sustitución del de Patrimonio, suprimido en ambas regiones para atraer inversión y generar empleo.

Esta inquietud fue elevada por los consejeros de Madrid y Andalucía que participaron este lunes en Génova en una reunión a puerta cerrada con los responsables del área económica del PP, capitanea por el vicesecretario Juan Bravo, la coordinadora general del partido, Cuca Gamarra, y otros asesores, según indican fuentes de la dirección popular.

En la cita estuvieron presentes el consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty; la titular de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España; el responsable de Hacienda y Administración Pública de la Xunta de Galicia, Miguel Corgos; el consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, y su homólogo en la Región de Murcia, Luis Alberto Marín.

Las fuentes consultadas señalan que los consejeros de Madrid y Andalucía acompañaron su voz de alerta con datos más que significativos. Por ejemplo, en la Comunidad, el Gobierno de Ayuso calcula que con el nuevo impuesto «para ricos» que quiere implantar el Ejecutivo de PSOE-Podemos podrían huir de la región hasta 13.000 contribuyentes, cuya recaudación por IVA e Impuesto de la Renta asciende a más de 5.000 millones de euros. La propia presidenta regional enfatizó este dato en un desayuno informativo en Barcelona organizado este lunes por Nueva Economía Fórum.

Asimismo, en Andalucía, según datos de la Junta, son 1.006 los contribuyentes que declaran un patrimonio de más de tres millones de euros (el límite establecido por Moncloa para su nuevo gravamen). No obstante, el objetivo de la Administración andaluza pasa por atraer a 7.000 nuevos contribuyentes, compensado así con el IRPF e impuestos indirectos lo que la Junta dejaría de ingresar por Patrimonio, además de la aportación al dinamismo económico y la generación de empleo.

En este contexto, Moreno ya desveló el pasado 19 de septiembre en un desayuno informativo del Grupo Joly que 10 de los 20 primeros contribuyentes en el impuesto de Patrimonio en 2019 abandonaron la región, lo que se tradujo en un retroceso de casi 18 millones de euros (3,5 por este impuesto, y 14 millones por el IRPF que la Junta dejó de ingresar por el cambio de residencia fiscal).

«Canibalismo»

Por el momento, el Gobierno de la Comunidad no descarta recurrir el impuesto para grandes fortunas del Ejecutivo socialcomunista ante el Tribunal Constitucional, si bien lo primero es conocer el texto, que Moncloa todavía no ha remitido. Ayuso denunció este lunes el «canibalismo fiscal» de Sánchez y advirtió de que «cada vez que el Gobierno me ha retado a ir a los tribunales, por defecto suelo ganar».

Por su parte, el presidente andaluz, Juanma Moreno, ya ha calificado de «fraude de ley» la reacción del Gobierno central a su plan fiscal (la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo que el nuevo impuesto de «solidaridad» no se tendrá que pagar en aquellas comunidades que conserven el de Patrimonio). Y la consejera de Economía de la Junta, Carolina España, ha declarado que «hay una invasión de competencias y que sería viable el posible recurso de inconstitucionalidad».

De este modo, la reunión de este lunes en Génova sirvió para poner en común las visiones de las comunidades gobernadas por el PP en relación al hachazo fiscal de Moncloa, compartiendo así una estrategia común frente a las críticas de «división» que recibió el partido del propio Ejecutivo con motivo de su respuesta al decretazo energético del pasado julio. Después de que Madrid avanzase su recurso de institucionalidad, la dirección del PP explicó que sus barones tenían autonomía de acción.

El caso de Aragón

Además, el encuentro de los responsables económicos del PP también permitió poner el foco en las debilidades del argumentario socialista, desmontando el mantra de que a más recaudación, mejores servicios públicos. En concreto, aquí se trató la situación de Aragón, gobernada por Javier Lambán (PSOE), que tiene «el impuesto de patrimonio más alto de España y las mayores listas de espera en la Sanidad», apuntan las fuentes citadas.

Desde el PP defienden que «bajar impuestos no significa recaudar menos» y denuncian que la propuesta fiscal del Gobierno y, en concreto, el impuesto a las grandes fortunas va a fomentar «la salida de capitales de España», una situación que «sí va a afectar a la sanidad, a la educación y a las políticas sociales», aseguran.

Ante ello, Bravo insistió en rueda de prensa en que «es el momento de ayudar a las familias sí o sí. Con 27.000 millones de recaudación de más, no hay que subir impuestos», remarcó, pidiendo una vez más al Ejecutivo que deflacte ya la tarifa del IRPF para rentas inferiores a 40.000 euros y no se limite a prometer deducciones fiscales para las rentas de hasta 21.000 euros con aplicación en 2023.