Ayuso dice que la mordaza de Sánchez a los jueces es propia de la «dictadura franquista»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que la reforma legislativa del Gobierno de Pedro Sánchez para limitar la capacidad para ejercer la acusación popular y para despojar de la instrucción judicial a los magistrados es propia de la «dictadura franquista». Esta medida dificultaría la apertura procedimientos penales como los que han llevado ante el juez a Begoña Gómez, mujer del líder socialista; su hermano, David Sánchez, y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

La líder del PP de Madrid ha publicado este viernes un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter, en el que ha ironizado sobre esta propuesta legislativa: «Segundo acto para rememorar la dictadura y parecernos a ella todo lo posible».

Ayuso ha opinado que el líder socialista está «buscando impunidad de los políticos frente a la justicia y amedrentar a los jueces». «No lo hacen por Proyecto de Ley para eludir los informes del CGPJ y del Consejo de Estado», ha continuado, para concluir: «¡Muy grave!».

La dirigente autonómica del PP se ha expresado así en la línea de su partido. Apenas unos minutos antes, fuentes populares mostraron su rechazo a la propuesta socialista: «El PSOE no quiere combatir la corrupción, sino a quienes la denunciamos». «La desesperación del PSOE ante los casos de corrupción que acorralan al Gobierno, a su partido y a Pedro Sánchez es evidente», apuntaban desde la formación con sede en la madrileña calle de Génova. Y afeaban a Sánchez su «voluntad de perseguir a quienes la denuncian, la investigan o informan sobre ella».

La propuesta del PSOE

La nueva normativa busca limitar la participación de la acusación popular en los procesos judiciales a la etapa de juicio oral y a la presentación inicial de la querella. No obstante, la acusación popular conservará la facultad de impugnar un auto de archivo si discrepa con la decisión. Además, la nueva regulación establece que, para actuar como acusación popular, se deberá demostrar un vínculo «específico, relevante y suficiente con el interés público protegido en el proceso penal».

Sin embargo, cuando se utiliza la acusación popular o los recortes de prensa en otros casos ajenos a Pedro Sánchez, el PSOE no parece estar en desacuerdo. Ejemplo de ello fue el caso Nóos que llegó a los tribunales en 2010 y en el que se encausaban, entre otros, a Iñaki Urdangarin y donde el sindicato Manos Limpias se personó para pedir la imputación de la infanta Cristina. En ese momento, el PSOE no impulsó ninguna norma para acotar el papel de las acusaciones populares, como sí hace ahora que afecta a la mujer o al hermano del presidente.

Además, la proposición de ley incluye la imposibilidad de abrir un proceso penal «con meros recortes de prensa sin el menor indicio de irregularidades». Algo que también ha utilizado en otras ocasiones el PSOE en su beneficio. El pasado mes de marzo, los socialistas presentaban un escrito en la Audiencia Nacional en el que aporta una batería de recortes de prensa para pedir un impulso de la pieza del caso Villarejo en la que se encuentran los audios donde se afirmaba que el suegro de Pedro Sánchez tenía un negocio de saunas. En ese caso, como los recortes de prensa tenían como objetivo que se investigase un supuesto espionaje a la mujer del presidente del Gobierno, sí le valían al PSOE.

Segundo acto para rememorar la dictadura y parecernos a ella todo lo posible.

Buscando impunidad de los políticos frente a la justicia y amedrentar a los jueces.

No lo hacen por Proyecto de Ley para eludir los informes del CGPJ y del Consejo de Estado.

¡Muy grave!… pic.twitter.com/L16z9gFjY0

— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) January 10, 2025