Un empresario reconoce al juez que la única cátedra que patrocinó fue la de Begoña Gomez

José María Torres, presidente de la confederación empresarial Conpymes –la patronal afín al gobierno de pequeñas empresas– y de la empresa de telecomunicaciones Numintec, ha declarado este jueves ante el juez Juan Carlos Peinado en el marco de la causa que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El interrogatorio, que se ha extendido una hora, ha dejado varias admisiones relevantes que apuntalan la tesis de las acusaciones populares sobre la existencia de una red de tráfico de influencias en los patrocinios vinculada a la cátedra de Transformación Social Competitiva que Gómez codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Fuentes judiciales consultadas por OKDIARIO han confirmado que Torres ha admitido que Numintec sólo patrocinó una cátedra extraordinaria, la de Begoña Gómez. Además, fue la única empresa que patrocinó la cátedra mediante una adenda específica al convenio original.

Torres era el último testigo pendiente de declarar en una investigación que el magistrado ya había dado por concluida. La Audiencia Provincial de Madrid obligó a Peinado a practicar esta diligencia después de que las acusaciones populares la reclamaran, al considerar que el empresario era «la única persona vinculada por partida triple» a la financiación de la cátedra: a través de Conpymes, de Numintec y de Pimec, la patronal catalana de pequeñas y medianas empresas.

Además, ha reconocido que fue él mismo quien sugirió que Pimec colaborase posteriormente con otra adenda vinculada al proyecto, produciéndose esa colaboración poco después de la de Numintec.

Esta secuencia resulta relevante para las acusaciones. Según la información de la que disponía el juez, las adendas de Conpymes, Numintec y Pimec se firmaron entre 2021 y 2022, y al menos dos de ellas llevan la firma de Torres.

La cátedra había nacido de un acuerdo entre la UCM y las empresas Reale Seguros y La Caixa, y cualquier entidad que quisiera sumarse al proyecto debía suscribir una adenda al contrato original.

Torres ha reconocido también que existían reuniones frecuentes con Begoña Gómez y encuentros relacionados con la cátedra a los que acudían Begoña Gómez, Cristina Álvarez —asesora de Gómez en el Palacio de la Moncloa— y Blanca de Juan, coordinadora de la cátedra, además de él mismo.

Contradicciones sobre el software

Han emergido, además, contradicciones que las acusaciones considerarán significativas. Torres ha declarado que a finales de 2021 no recordaba haber hablado del software desarrollado en el marco de la cátedra, pero en el acta de la comisión mixta de enero de 2022 ya aparece la empresa Conpymes como entidad vinculada al interés de la plataforma. Ante esa disimilitud entre lo declarado y los documentos existentes, el empresario no ha sabido dar una explicación coherente, según las voces pulsadas.

Ha confirmado, asimismo, que siempre entendió que el software desarrollado era para uso de la Universidad Complutense, sin que haya podido aclarar qué ocurrió con los 6.000 euros vinculados a las becas.

El juez ha señalado en autos anteriores que el apoyo de las empresas al software pudo constituir «una retribución encubierta».

Respecto al papel de Cristina Álvarez, Torres ha intentado descargar sobre ella toda la responsabilidad operativa, insistiendo en que su función era «exclusivamente de seguridad y control de periodistas».

Sin embargo, ha reconocido la presencia de Álvarez en distintos actos relacionados con compañías y entidades en las que él participaba, lo que contradice esa caracterización.

La declaración de Torres se produce en un momento de enorme turbulencia judicial y política. Begoña Gómez ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid el auto con el que Peinado decidió encaminar la causa hacia un jurado popular, solicitando su nulidad.

A través de su defensa, ejercida por el abogado y ex ministro Antonio Camacho, que este jueves no ha tenido palabras altisonantes como otras veces, ha argumentado que el juez la investiga por «ser cónyuge del presidente del Gobierno», y no por sus actividades. «La única conclusión que puede extraerse es que se la está investigando por ser cónyuge» de Sánchez, reza el recurso.

En paralelo, la acusación popular de HazteOir ha pedido 24 años de cárcel para Begoña Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida; 22 años para Cristina Álvarez; y seis para el empresario Juan Carlos Barrabés. También Vox, Manos Limpias, Iustitia Europa y el Movimiento de Regeneración Política están personados en la causa.

Torres, por su parte, atraviesa también una crisis interna en Conpymes: la mayoría de entidades que integran la confederación han impugnado judicialmente la asamblea del 26 de marzo en la que se proclamó presidente hasta 2030, y Pimec, socia fundadora, lo expulsó este mismo martes de todos sus cargos, en parte por un viaje a Israel en noviembre que generó malestar interno.

La Audiencia Provincial aún no se ha pronunciado sobre los dos autos en los que Peinado concluyó su investigación y propuso el juicio con jurado. Puede avalarlos, corregirlos o archivar el caso. La resolución se espera para las próximas semanas.