Así mintió Simón sobre el inexistente comité de la desescalada: «No doy sus nombres para que trabajen en libertad»

El experto Fernando Simón, máximo responsable de las alertas durante la pandemia, ha intentado maquillar este jueves la trampa que encubrió durante la desescalada. No existió ningún comité que tomara las decisiones sobre la apertura de las comunidades autónomas, pero Fernando Simón llegó a negarse a dar en rueda de prensa los nombres de los integrantes del mismo –ahora sabemos que eran fantasmas– para que «trabajaran en libertad» y «sin presiones».

En un ejercicio de cinismo descomunal, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, se presentó en una rueda de prensa donde esculpió una mentira más sobre la pandemia por parte del Gobierno socialcomunista. Los periodistas preguntaron en numerosas ocasiones quiénes eran los integrantes del comité que debía decidir qué comunidades autónomas avanzaban en la desescalada, y cuáles no.

Este miércoles se ha sabido, tras una respuesta del Defensor del Pueblo al Partido Popular, que no existía dicho comité. Fue una invención. Una mentira más de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Pero en mayo, cuando los españoles empezaban a ver la luz al final del túnel, el máximo responsable de las decisiones científicas durante la pandemia, también mintió.

Y lo hizo a sabiendas de que estaba saltándose los preceptos de la Ley General de Salud Pública, que obliga a hacer públicos los nombres de los comités encargados de tomar decisiones relevantes sobre salud pública. Pero ni por esas Simón dejó de mentir.

Fernando Simón fue preguntado por los periodistas de forma reiterada y el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias contestó con la siguiente afirmación: «No les voy a dar nombres de ninguna persona del equipo porque, en todo este proceso que llevamos de varios meses, las presiones que sufre cualquier persona de la que se da el nombre, por parte de la sociedad en general y de los medios de comunicación en particular, acaban haciendo muy difícil que pueda trabajar con la suficiente libertad».

Es más, Fernando Simón añadió que «yo creo que lo que mejor podemos hacer es que hagan su trabajo correctamente y de la forma más independiente posible», dando por hecho que esa independencia requiere del ocultismo.

Pero la Ley 33/2011, de 4 de octubre, conocida como Ley General de Salud Pública, exige de forma expresa esa transparencia. Lo dice en su artículo 11, donde en el apartado ‘Colaboración en salud pública e imparcialidad en las actuaciones sanitarias’ destaca que «las administraciones sanitarias exigirán transparencia e imparcialidad a las organizaciones científicas y profesionales y a las personas expertas con quienes colaboren en las actuaciones de salud pública, incluidas las de formación e investigación, así como a las personas y organizaciones que reciban subvenciones o con las que celebren contratos, convenios, conciertos o cualquier clase de acuerdo».

Incluso, están desarrollados «reglamentariamente los requisitos para la declaración de conflicto de intereses por parte de los expertos y representantes de las organizaciones científicas y profesionales que compongan los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública».

Ayuso tenía razón

El Defensor del Pueblo dio la razón a Isabel Díaz Ayuso en una de sus principales peleas con Pedro Sánchez a través de una contestación por escrito al Partido Popular. La presidenta madrileña defendió desde el inicio la arbitrariedad política de haber retrasado el paso de Fase de Madrid en la desescalada del estado de alarma. El presidente del Gobierno afirmó que todas las decisiones procedían de un comité de expertos, pero se negó a desvelar sus nombres. Ahora, el Defensor del Pueblo confirma que el Gobierno no podía llevar a cabo esa práctica y que vulneró las obligaciones de Trasparencia.

El informe del Defensor del Pueblo recuerda que «los solicitantes plantean la eventual existencia de una negativa por parte del Gobierno y/o del Ministro de Sanidad, en su condición de autoridad competente delegada, a hacer pública e informar al conjunto de los españoles sobre la composición del comité de expertos que en el denominado Plan de Desescalada evalúa acciones y decide aspectos que afectan a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, tal y como se exigen, según los solicitantes, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública».