Armengol dice que «no conoce de nada» al empresario de la ‘trama Cerdán’ al que contrató 9 millones

La presidenta del Congreso de los Diputados y líder de los socialistas baleares, Francina Armengol, ha afirmado este martes que «no conoce de nada» al empresario valenciano José Ruz, dueño de Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), al que su Gobierno de Baleares dio un contrato de 9 millones de euros para las obras de una residencia. Un expediente que está bajo la lupa de la UCO de la Guardia Civil, como informó OKDIARIO.

«No conozco a ese señor, no he hablado con él en mi vida», ha señalado en su segunda comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo y sus ramificaciones que se sigue en el Senado tras ser interrogada por primera vez hace un año, en concreto, el 7 de junio de 2024. Así lo ha manifestado en respuesta al senador de Vox Ángel Gordillo.

Interrogada también por Gordillo sobre si «ha habido alguna persona a la que le encargó que se reuniera con José Ruz», Armengol ha contestado que «nunca en mi vida he dado una orden o he insinuado que se contratara a una empresa». «Yo no soy de esas», ha esgrimido.

OKDIARIO publicó hace sólo unas semanas que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga cómo Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC), una empresa valenciana implicada en la trama Cerdán de adjudicaciones de obras públicas a cambio de mordidas, se hizo con el contrato más jugoso de la sanidad balear: 9 millones de euros para construir una residencia para mayores en Son Dureta.

El negocio se cerró en febrero de 2022. Levantina, propiedad del empresario José Ruz, se impuso a las ofertas de OHL, Tecopsa y la Unión Temporal de Empresas (UTE) entre Aitana y Alcudia. La adjudicación coincidió sospechosamente con un viaje de Ruz, el dueño de la constructora, a Las Palmas de Gran Canaria para reunirse con Koldo García, ex asesor del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos.

Este desplazamiento tuvo lugar justo después de que su empresa también se llevara la reforma del Edificio Royal para la nueva sede de la Agencia Tributaria Canaria por valor de seis millones de euros. Un año y medio más tarde, la constructora se declaró en quiebra, abandonó las obras y dejó a la administración balear con el proyecto a medias (el presupuesto era de 10,4 millones).

La residencia de Son Dureta, que comenzó a construirse en marzo de 2022 sobre un solar de 5.900 metros cuadrados entre el viejo hospital y la antigua sede del 112, prometía ser la joya de las políticas sociales de Armengol: un edificio de tres plantas con 120 plazas públicas para mayores dependientes en la urbanización de Sa Teulera.

3,7 millones en mascarillas

En su anterior comparecencia en esta comisión de investigación, Armengol echó balones fuera sobre su responsabilidad en la compra de 1,4 millones de mascarillas FFP2 por importe de 3,7 millones de euros a otra empresa de la trama, Soluciones de Gestión. Unas mascarillas que nunca se utilizaron por ser defectuosas.

En esta ocasión, Armengol ha incidido este martes en que nadie de su anterior Ejecutivo en Baleares está imputado por esta contratación. «En mi Gobierno no hay nadie investigado. Mi Gobierno no ha robado nada», ha enfatizado. «Soluciones de Gestión sólo lo hizo esta venta en Baleares. Necesitábamos tener ese stock de mascarillas para la desescalada», ha argumentado. Además, ha comentado que al mes siguiente por «criterios técnicos» no se contrató de nuevo a esta empresa cuando había posibilidad, y que se le reclamó parte del importe por el material defectuoso. «A mí, la corrupción me da asco», ha sentenciado.

Cabe recordar que la investigación inicial del caso Koldo se centró en el cobro de mordidas en estos contratos de material sanitario en la pandemia, si bien posteriormente se ha ido ampliando a la trama navarra de Santos Cerdán y otras adjudicaciones de obra pública desde el Ministerio de Transportes. Estas últimas fundamentalmente a través de la dirección general de Carreteras y la empresa pública Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif).

Preguntada entonces por dicho contrato de mascarillas, Armengol esgrimió: «Lo hicimos en un momento muy complicado, cuando se cortaron los suministros y tuvimos que comprar a China, como todas las comunidades autónomas y también el Gobierno de España, e hicimos un único contrato con esta empresa, Soluciones de Gestión, de 3,7 millones de euros». Junto a ello, alegó que «como presidenta del Gobierno de Baleares, no estaba, evidentemente, en ningún expediente de contratación ni en ninguna compra», y que fue tras salir a la luz este escándalo cuando se interesó por conocer los detalles de esta contratación.