Antelo exige el cierre de un centro de ilegales en Cartagena: «Da lugar a incidentes muy graves»

El vicepresidente de la Región de Murcia y consejero de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio, José Ángel Antelo, ha enviado una carta a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz Delgado, donde le ha exigido el cierre del Hospital Naval de Cartagena como un Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) para «frenar una situación que ahoga y coarta la seguridad» de todos los vecinos de las urbanizaciones anexas a esta instalación. El dirigente político ha criticado además la «visita impostada» de la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, y ha insistido en que «la concentración de inmigrantes ilegales» en este centro de Cartagena «está dando lugar a incidentes muy graves y cada vez de forma más recurrente».

En la misiva, Antelo ha defendido la importancia de una comunicación permanente entre ambas instituciones para hacer un seguimiento de las personas que salen de esta instalación. La carta, enviada un día después de que se registrara un nuevo incidente en el Hospital Naval y en el que tuvieron que intervenir hasta nueve patrullas, señala que la inmigración ilegal «es uno de los principales problemas de España y de Europa». También alerta de «los gravísimos efectos para la seguridad, la economía y la convivencia» y critica que «no tener una posición clara» sobre este problema demuestra «la incapacidad de un político para entender los problemas de nuestro tiempo».

«Las políticas de bienvenida a la inmigración ilegal indiscriminada y el amparo del Gobierno al que usted pertenece, por acción o por omisión, a las mafias que encuentran su lucro en traficar con personas deben finalizar inmediatamente. Igualmente, debe ponerse fin al aumento de la inseguridad y a la presión inmigratoria que están sufriendo la ciudad de Cartagena y, por ende, la Región de Murcia», denuncia el vicepresidente.

Asimismo, en declaraciones a los medios de comunicación a las puertas del Hospital Naval donde ha acudido este martes, el vicepresidente de la Región de Murcia ha subrayado que a España «se viene cumpliendo las normas; respetando la igualdad real entre hombres y mujeres», y ha sostenido que «ya basta de traer a personas que no respetan nuestra cultura, nuestra forma de ser y de convivir».

«Hoy más que nunca es imperante la necesidad del cierre de este centro de inmigración ilegal que está generando muchísimos problemas de inseguridad y que tiene a la población del entorno atemorizada. No podemos permitir que Cartagena sea la capital de la inmigración ilegal, que es en lo que la está convirtiendo el Gobierno de Pedro Sánchez. Cartagena no aguanta un año más esta realidad, aunque el Ejecutivo nacional intente negar el ambiente que se vive aquí», ha zanjado.

Inversión en seguridad

José Ángel Antelo aseguró el pasado mes de marzo que la seguridad «es prioritaria» en la Región de Murcia, y reivindicó ·la mayor inversión de la historia de la región· en esta materia con más de 2.500.000 de euros destinados a los distintos cuerpos de la Policía Local. Durante unas declaraciones con motivo de los actos conmemorativos en honor a San Patricio, Antelo criticó que mientras su región invierte en las fuerzas locales para proteger a la Comunidad, la delegación del Gobierno «sigue sin hacer sus deberes» dando la amnistía a los delincuentes en vez de perseguirlos.

En esta línea Antelo también censuró que el Gobierno de la nación no esté respondiendo ante «la necesidad de frenar la llegada de inmigración ilegal a nuestras costas», algo que, según el vicepresidente, «está generando muchísimos perjuicios y problemas de seguridad».

El vicepresidente lamentó que se siga «fomentando el efecto llamada» en lugar de combatir la inmigración ilegal. «Las personas que vienen huyendo de situaciones muy complicadas no merecen el trato inhumano de ser soltados sin saber en qué situación se encuentran. Esto lo está haciendo la Delegación de Gobierno sin ningún tipo de escrúpulo», dijo.

Frente a esta realidad, Antelo volvió a subrayar que desde el Gobierno regional se va a hacer un «sobreesfuerzo» con los servicios de Alerta Rural. Sobre esto, anunció que la inversión para posibilitar este servicio rondará los 16 millones de euros, cuyo objetivo será el de «ayudar en las zonas vulnerables» e intensificar la colaboración entre nuestra Policía local, la Guardia Civil y la Policía Nacional.

«A falta de la lealtad institucional del Ejecutivo de la nación, gobiernos serios, fuertes y estables como es el Gobierno regional que trabaja para que la ley impere en todo el territorio regional», zanjó.